La sentencia contra el exdirector de Canal Quince UCR es “contraria a los estándares sobre libertad de expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, dice Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la Universidad de Costa Rica (Proledi).
El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la Universidad de Costa Rica (Proledi-UCR) cuestionó la sentencia del Tribunal Penal de Goicoechea en la que este lunes se condenó al periodista y exdirector de Canal Quince UCR, Marlon Mora Jiménez, por dos delitos de difamación.
El Tribunal integrado por Ivannia Delgado, Mercedes Muñoz y Rodrigo Mora ordenó al comunicador el pago de ¢600.000 por 60 días de multa. Además, lo condenó a pagarle al querellante ¢15 millones por daño moral y ¢3 millones por costas del proceso. También a publicar la sentencia íntegra en un medio de circulación nacional.
El Proledi comunicó que esa decisión es “contraria a los estándares sobre libertad de expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
“Una importante parte de la doctrina regional, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y de los criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostienen que la sanción penal tiene graves consecuencias de autocensura en el ejercicio de la libertad de prensa y en el control democrático de los asuntos públicos, y que resulta gravosa para el ejercicio libre y desinhibido de la libertad de expresión”, dice el comunicado del Proledi.
Los hechos de este juicio se relacionan con la época de la campaña electoral antepasada, cuando Castro era candidato a la presidencia de la República. En ese entonces, Canal Quince UCR transmitió el programa Suave un Toque, producido por estudiantes.
El abogado Castro consideró que allí se emitieron ofensas en su contra y demandó a Mora, a la estudiante Claudia Campos y a la UCR; sin embargo, tanto con la estudiante como con la universidad llegó a acuerdos para terminar el proceso.
El Proledi indicó hoy que “es importante recordar que las expresiones sobre asuntos de interés colectivo en el marco de una campaña electoral se encuentran especialmente protegidas. Es cuestionable y preocupante que se condene al director de un medio de comunicación por garantizar el amplio ejercicio de la libertad de expresión y de la crítica política de estudiantes universitarios”.
Además, detalló jurisprudencia de la Corte IDH sobre cómo las sanciones penales a periodistas provocan un efecto amedrentador sobre la libertad de expresión.
«Esta misma instancia indicó que las disposiciones penales sobre difamación, calumnias e injurias – cuando se refieren a expresiones de interés público – vulneran el artículo 13 de la Convención, pues no existe interés social imperativo que justifique la sanción penal», añade el comunicado del Proledi.
En la breve lectura de la parte dispositiva de la sentencia que se realizó hoy, el juez Rodrigo Mora indicó que, si bien el humor interviene en el ámbito social a través de la industria mediática, toda persona tiene derecho a su honor. En este caso, el Tribunal consideró que “sí existió perjuicio y daño moral para el querellante” al llamarle “una persona mentirosa, vengativa, con condiciones cuestionables dentro del ejercicio público y con actos de corrupción”.
El juez además hizo referencia a que el exdirector del Canal Quince UCR tenía una posición de garante y cometió el delito por omisión.
La sentencia completa se dará a conocer la próxima semana.
Por su parte, el comunicador Marlon Mora dio a conocer que presentará una apelación de su caso y que, de ser necesario, lo llevará hasta la Corte IDH. Añadió que estos son tiempos duros para el periodismo nacional.
Este es el segundo juicio que se realiza por este caso, pues en el primer debate el Tribunal determinó que Juan Diego Castro abandonó la causa y dictó sobreseimientos para los querellados. Sin embargo, tras una apelación, se realizó un nuevo juicio.