Una de las exalumnas denunciantes presentó un recurso de amparo por violación a su derecho a una justicia pronta y cumplida. La Sala lo acogió para estudio.
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Después de escuchar en múltiples ocasiones que los casos de hostigamiento sexual no se investigan por falta de denuncias formales, el 19 de noviembre del 2019, la exestudiante Megan Hernández Angulo, actualmente de 27 años, presentó una queja contra el catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), Mainor Salas Solís, por hechos ocurridos cinco años atrás.
Hernández fue parte de un grupo de alumnas y exalumnas que, en mayo de ese año, en una publicación del Semanario Universidad, señalaron a Salas por insultos, frases obscenas y proposiciones sexuales.
La joven llevó su denuncia ante la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual (CICHS), órgano encargado de estas investigaciones; pero también entregó una copia en el Decanato de la Facultad y en la Rectoría, que a su vez las remitieron a la CICHS.
En esa ocasión, también la exalumna Fabiana Cisneros Fallas denunció al docente Salas. Ambas relataron que no habían podido acudir antes a esas instancias debido a las dudas sobre los trámites y el temor a represalias, pues tenían pendiente la presentación de tesis para graduarse.
Un año y nueve meses después de que interpusieron sus denuncias, no se ha realizado ni una audiencia y el catedrático ni siquiera ha sido notificado, de acuerdo con información a la que tuvo acceso Interferencia de Radioemisoras UCR y que fue confirmada por el abogado de Salas, Boris Molina.
Las autoridades de la universidad no han podido tener contacto directo con Salas para notificarle de manera personal, como dicta la ley. Las justificaciones se relacionan con que el docente ha hecho teletrabajo, que no se pudo acceder a su vivienda por estar en un residencial privado en el que “nadie salió a abrir” y a reiteradas incapacidades por enfermedad, según se desprende de un expediente que se tramita en la Sala Constitucional, luego de que, en julio de este año, la denunciante Hernández interpusiera un recurso de amparo por violación a su derecho a una justicia pronta y cumplida.
Interferencia pidió conversar sobre este caso con Nazira Álvarez Espinoza, quien recientemente asumió el cargo de coordinadora de la CICHS; sin embargo, la funcionaria comunicó por correo que el reglamento contra el Hostigamiento Sexual “veda el acceso a información” de estos expedientes para terceros y que por ende no podía referirse al proceso.
La Rectoría de la UCR, por su parte, respondió que en esta etapa del proceso el expediente se encuentra en la CICHS y que no se pueden brindar detalles por estar en trámite.
En setiembre del año pasado, la CICHS comunicó a Interferencia que la pandemia de COVID-19 dificultaba las notificaciones porque, por ley, deben realizarse de manera personal.
Boris Molina, abogado de Salas, indicó por medio de un correo electrónico que no han recibido notificaciones de ninguna de las dos denuncias.
“No hemos sido notificados, ni sabemos nada al respecto. Es una lamentable situación que a una persona se le acuse públicamente –escándalo mediático de por medio– y ni siquiera ella esté al tanto de quiénes y de qué lo acusan. ¿Es esto un Estado de Derecho o una Cacería de Brujas?”, escribió Molina.
Consultado sobre las razones por las cuales el docente no ha sido notificado, agregó: “Ignoramos la razón para tal ‘secretismo’. E ignoramos la existencia de tales denuncias o quiénes las tramitan. Dirija su consulta a esas instancias; pues a como usted nos lo informa, pareciera que se trata de procesos al margen del Derecho. Ojalá no le suceda esto a otras personas de la UCR, pues sería un claro reflejo de lo que hemos denunciado ante los tribunales: persecución laboral y quema de un chivo expiatorio”.
También cuestionó las publicaciones que se han realizado sobre el caso. “¿No le parece a usted que, durante esos dos años, primero debió investigarse y una vez que los órganos competentes resolvieran (respetando el debido proceso y el principio de inocencia) informar sobre el resultado del proceso? Parece que en la UCR las cosas funcionan al revés: ‘córtenle la cabeza y luego investiguen’. O, como decía un famoso pensador: hereje no es quien arde en la hoguera, sino quien la enciende”.
En el 2015, Salas fue sancionado con ocho días de suspensión por acoso sexual contra una estudiante.
El docente solicitó una licencia sabática para el primer semestre de este año. Aunque inicialmente la gestión fue avalada por el Decanato de Derecho y por la Vicerrectoría de Docencia, posteriormente fue anulada por la Rectoría. (LEA: Rector anuló licencia sabática de Mainor Salas).
Intentos ‘infructuosos’
De acuerdo con el expediente en que se tramita la denuncia de la exalumna Hernández -el cual ahora es objeto de un recurso de amparo-, hasta inicios de agosto de este año, únicamente se habían realizado dos intentos de notificación a Salas.
Esas gestiones ocurrieron un año atrás: uno el 5 de agosto del 2020, en la Facultad de Derecho; pero él no se encontraba por estar en teletrabajo. El segundo intento se dio al siguiente día, cuando un notificador fue a buscarlo a su vivienda pero no lo logró por ser en un residencial privado al cual no pudo ingresar porque no había guarda y nadie salió a abrir, según indica el acta de notificación.
A la semana siguiente de esas gestiones, Salas empezó a registrar incapacidades por enfermedad. La primera se generó el 12 de agosto del 2020 y la más reciente tiene vigencia hasta el 23 de agosto de este año.
El 30 de julio de este año, la exalumna Hernández decidió acudir a la Sala Constitucional. El 6 de agosto la Sala dio trámite al recurso y pidió explicaciones a la universidad.
En el informe presentado a solicitud de la Sala Constitucional, el rector Gustavo Gutiérrez Espeleta detalló las diligencias “infructuosas” para notificar al docente sobre la apertura del proceso disciplinario.
Además del envío de los documentos a la Facultad y a la visita a su vivienda, el rector mencionó que se ha intentado notificarle en una audiencia sobre otro proceso, a la cual debe asistir. Sin embargo, detalló que Salas no se ha presentado debido a las recurrentes incapacidades.
“La CICHS ha sido diligente en procurar la notificación del auto de traslado de cargos, la cual debe ser de forma personal, como ha sido incluso reiterado por la misma jurisprudencia de la Sala Constitucional”, aseveró el rector ante la Sala Constitucional.
Apenas seis días después de que la Sala acogiera para estudio el recurso, la CICHS volvió a intentar notificar al catedrático. En el expediente se observa que, el 10 de agosto, la coordinadora de la Comisión encargó al decano de Derecho, Alfredo Chirino, notificar a Salas.
El decano recibió la solicitud el 11 de agosto y respondió que el docente se encuentra incapacitado.
¿Qué pasó en 21 meses?
En noviembre del 2019, cuando las dos exestudiantes presentaron sus denuncias, comentaron que inicialmente recibieron como respuesta que esos hechos estaban prescritos por haber ocurrido en el 2014.
La Ley contra el Hostigamiento Sexual y el reglamento de la UCR en esta materia establecen como plazo para presentar la denuncia “dos años a partir del último hecho consecuencia del hostigamiento sexual o a partir de que cesó la causa justificada que le impidió denunciar”.
Ambas señalaron como causa justificada el temor, pues aunque eran egresadas, tenían pendiente la presentación de su tesis para graduarse y consideraban que podrían recibir represalias.
De acuerdo con el expediente relacionado con la egresada Hernández, el 21 de noviembre del 2019 la Oficina Jurídica de la UCR respondió ante una consulta de la CICHS sobre la prescripción.
El oficio firmado por el entonces director jurídico, Luis Baudrit, concluyó que sí era de recibo la causa justificada que alegó la exalumna.
“Es claro que en el ambiente académico la relación entre estudiantes y cuerpo docente es una relación desigual, en la que los profesores tienen poder real y simbólico que puede ejercer presión sobre determinadas acciones de los estudiantes. Aunque en este caso el profesor no tenía una relación académica directa con la estudiante, su posición en la Facultad crea en esta la sensación de que podría verse perjudicada en sus estudios”, analizó Baudrit.
Consideró que la denuncia fue puesta en tiempo y que podía continuarse con el procedimiento administrativo.
Tras esa respuesta, la tramitación quedó en pausa durante meses, debido primero al receso institucional de fin de año y posteriormente a la pandemia de COVID-19.
En respuesta enviada por el rector Gutiérrez a la Sala Constitucional, se indicó que los plazos procesales de los expedientes tramitados por la CCHS se suspendieron del 12 de diciembre del 2019 a marzo del 2020 por el receso institucional y, posteriormente, desde marzo hasta junio de ese año debido a la pandemia de COVID-19.
Finalmente, la comisión instructora que investigó la denuncia interpuesta por Hernández realizó un “acto de apertura y traslado de cargos” el 30 de julio del 2020, es decir, siete meses después de que la exalumna iniciara el proceso.
En ese oficio se mencionaban los hechos imputados y se comunicaba a Salas la apertura de un procedimiento disciplinario. Se le daba un plazo para referirse a los mismos y para presentar la prueba de descargo.
No obstante, ese oficio hasta ahora no ha podido ser notificado al docente.
En diciembre del 2020, la CICHS volvió a suspender los procesos hasta marzo del 2021 debido, nuevamente, al cierre institucional, según se observa en oficio firmado por la entonces coordinadora de dicha comisión, Teresita Ramellini.
Sin embargo, el 12 de febrero del 2021, luego de que asumió como coordinador de la CICHS el funcionario Erick Hess Araya, este le remitió una solicitud al decano de Derecho para que le proporcionara la dirección reportada por el docente Salas en el Convenio de Trabajo Remoto.
Chirino responde 11 días más tarde, indicando que tenía dudas sobre si podía brindar dicha información “sin lesionar derechos fundamentales de los funcionarios involucrados”, por lo que emitió una consulta a la Oficina Jurídica de la UCR.
La respuesta llegó apenas un día después, el 24 de febrero, cuando el entonces director jurídico, William Bolaños, recomendó al decano analizar los motivos de la petición de información para determinar si se enmarcaban en algunas de las excepciones que da la ley para la protección de los datos personales..
Una semana después, el 3 de marzo, Chirino solicitó al coordinador de la CICHS que le indicara el objetivo por el cual solicitó dicha información.
No obstante, Hess había continuado gestionado la información por otra vía y, desde el 24 de febrero, había remitido la misma solicitud a la Oficina de Recursos Humanos, la cual el 26 de febrero le brindó los datos solicitados.
Pese a eso, no constan en el expediente más intentos de notificación hasta el pasado 10 de agosto.
Reclamo de justicia pronta
En el recurso de amparo que presentó el pasado 30 de julio, la exalumna Hernández argumentó: “La actuación de la Universidad de Costa Rica contraviene el artículo 41 constitucional, es decir, mi derecho a recibir una justicia pronta y cumplida, lo cual también involucra la violación a los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica”.
Además, mencionó que nunca recibió ninguna notificación formal del proceso ni tampoco se le ha llamado a declarar.
“El hostigamiento sexual en el ámbito educativo, es un tema de alta sensibilidad. No es procedente pensar que un periodo de 20 meses es proporcional para resolver una denuncia por hostigamiento sexual en el ámbito educativo y mucho menos que después de un año, la UCR sólo haya realizado un único intento de notificación al denunciado”, agregó Hernández en su recurso.
También alegó que esto refleja “inacción y dilaciones innecesarias en la tramitación del caso, donde la Universidad y sus funcionarios públicos, no están realizando la diligencia debida que están llamados especialmente a cumplir en materia de violaciones a derechos humanos de las mujeres”. Añadió que el proceso ha implicado su revictimización.
Hernández también acudió a la Defensoría de los Habitantes el 4 de agosto de este año, para denunciar la lentitud con que ha avanzado el proceso.
La joven además denunció que la universidad faltó a su obligación de avisar a la Defensoría cuando se tramitan este tipo de expedientes, como ordena la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia.
La Defensoría pidió un informe el 6 de agosto, el cual le fue remitido cuatro días después.
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