El trabajo remoto impide en ocasiones encontrar a las personas para notificar las denuncias. Además, las medidas sanitarias han impedido realizar todas las audiencias y la universidad carece de un protocolo para realizarlas de manera virtual.
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La pandemia de covid-19, que afecta al país desde el 6 de marzo, dificulta realizar notificaciones y audiencias orales en los procesos de acoso sexual y disciplinarios que se tramitan en la Universidad de Costa Rica (UCR).
Así lo confirmaron la coordinadora de la Comisión Institucional Contra el Hostigamiento Sexual (CICHS), Teresita Ramellini; la coordinadora del Equipo Interdisciplinario Contra el Hostigamiento Sexual, Sylvia Mesa; y el coordinador de la Comisión Instructora Institucional (CII), German Vidaurre.
Las dificultades ocurren debido a que, por ley, algunas de las notificaciones deben realizarse de manera personal, pero la mayor parte del funcionariado se encuentra trabajando de manera remota.
En el caso de las audiencias, se ha dificultado realizarlas de forma presencial en razón de las medidas que se deben tomar por la emergencia sanitaria, según justificaron las personas representantes de esas oficinas. En ocasiones, alguna de las partes manifiesta que tiene problemas de salud que le impiden asistir y la cita debe reprogramarse. Además, la UCR carece de un protocolo que permita realizar las audiencias en una plataforma virtual, señalaron.
En mayo pasado, el Equipo Interdisciplinario informó por correo electrónico a una exestudiante -quien denunció por hostigamiento sexual al catedrático Minor Salas Solís- que los procesos se encontraban “detenidos” debido a la pandemia.
No obstante, consultadas por Interferencia, Ramellini y Mesa aseguraron que los procesos están activos y no hay peligro de prescripción, pero que se han presentado dificultades
El especialista en Derecho Público, Marvin Carvajal, consideró que los atrasos en este procedimientos se convierten en una denegatoria de justicia. Agregó que si bien en el caso de hostigamiento sexual la normativa no considera un plazo de caducidad (extinción de la causa), existe un “riesgo latente” de que alguna persona plantee la aplicación supletoria de normas sobre prescripción y caducidad, pero que esto tendría que analizarse en el caso concreto.
Tanto en los procesos de hostigamiento sexual como en los de acoso laboral la normativa universitaria señala que deben llevarse a cabo en tres meses, pero esos plazos son “ordenatorios” y su incumplimiento no genera la caducidad de la causa.
En el caso de los procesos disciplinarios, que se siguen contra docentes interinos y personal administrativos, estos son conocidos por la Junta de Relaciones Laborales que se rige por la Convención Colectiva de la UCR que tiene plazos según distintas etapas.
Actualmente, en el Poder Judicial se están llevando a cabo audiencias presenciales, virtuales y mixtas en materias Civil, Agraria, Contencioso Administrativo y de Familia. También se realizan audiencias disciplinarias, tanto presenciales como por videoconferencia, de acuerdo con los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud, informó la oficina de prensa ante consulta de Interferencia.
Lentos, pero “activos”
El 21 de mayo pasado, cuando la pandemia ya tenía un par de meses en el país, el Equipo Interdisciplinario envió un correo electrónico a una denunciante del profesor Minor Salas en el que se indicó: “los procesos por hostigamiento sexual ante la Comisión Institucional de la Universidad de Costa Rica, se encuentran detenidos debido a la emergencia nacional por el covid-19. A pesar de eso, queremos que tenga en cuenta que la labor del Equipo Interdisciplinario contra el Hostigamiento Sexual sigue desarrollándose con normalidad, aunque por vía remota”.
La CICHS es la encargada de recibir y tramitar las denuncias presentadas, mientras que el Equipo Interdisciplinario acompaña a las presuntas víctimas antes y después de interponer la acusación.
La estudiante que recibió el correo es una egresada de la Facultad de Derecho, quien tiene pendiente la finalización de tesis, y quien el 22 de mayo del año pasado denunció públicamente por hostigamiento sexual al catedrático Minor Salas Solís. En noviembre de ese año, ella y otra exestudiante interpusieron denuncias formales en la Comisión, argumentando que anteriormente no habían presentado sus casos por temor. (Vea: El caso de Minor Salas).
A pesar de lo indicado en el correo electrónico, tanto Ramellini como Mesa dijeron a Interferencia que los procesos no están detenidos.
“En algunos casos se ha dificultado diligenciar notificaciones que por la naturaleza del acto notificado deben hacerse de forma personal, como lo prescribe el ordenamiento jurídico”, informó Ramellini a Interferencia. La CICHS no especificó en cuántos casos se han dado esos impedimentos alegando confidencialidad, a pesar de que no se solicitaron detalles ni nombres de personas.
En el 2018 en la UCR se presentaron 17 denuncias por acoso sexual.
Ramellini agregó que “en algunos casos, aún no se ha podido notificar a la persona denunciada” debido a que la mayoría del personal universitario se encuentra trabajando de manera remota. Resaltó que, por ley, las notificaciones de apertura de los procedimiento deben realizarse de forma personal.
“(…) en caso de que la diligencia sea infructuosa, se debe volver a practicar la notificación respectiva en los casos de notificaciones personales (que como se dijo solo se hacen para los actos de apertura). Mientras tanto el procedimiento sigue su curso y no existe atraso en sentido estricto, toda vez que el caso continúa activo y
tramitándose conforme lo prevé la normativa”, escribió Ramellini en el correo electrónico.
Con respecto a la realización de audiencias, la coordinadora de la CICHS informó de que se han señalado conforme a la agenda de esa oficina.
“Sin embargo, debe recordarse que existen restricciones en cuanto a la realización de actividades presenciales, en resguardo de la protección de la salud de todas las personas integrantes de la comunidad universitaria. Se han tenido que algunas reprogramaciones de audiencias en atención al cumplimiento de los protocolos sanitarios que la misma Universidad, en coordinación con el Ministerio de Salud”, comunicó Ramellini.
Aseguró que se les da seguimiento a los expedientes “a fin de que todos avancen conforme lo permitan las circunstancias extraordinarias que vivimos, y sin que ninguno de ellos se encuentre en peligro de ser archivado por falta de tramitación oportuna”.
Ramellini indicó que en algunos casos las mismas partes han solicitado la reprogramación de las audiencias.
Además, detalló que la CICHS se encuentra trabajando bajo la modalidad de trabajo remoto.
La coordinadora del Equipo Interdisciplinario, Sylvia Mesa, indicó que tienen “dificultades” en el trámite de los procesos “porque las medidas de seguridad que implica la pandemia son difíciles de cumplir”.
Añadió que “las personas con factores de riesgo no pueden estar en presencialidad y eso ha demorado”. “Entonces se suspende esta audiencia y hay que reprogramar otra vez y se vuelve a suspender y de esa forma no prescribe el caso”, manifestó Mesa.
Resaltó que el trabajo de acompañamiento psicológico a las víctimas continúa.
Mesa también mencionó que, aunque una reforma reglamentaria publicada aprobada el 25 de agosto de este año permite a la Comisión “hacer uso de las tecnologías y plataformas de información electrónicas disponibles para atender sus funciones”, esto aplica para los casos nuevos, pero todavía se requiere un protocolo para los expedientes que ya estaban en trámite y que no quedan cubiertos por ese cambio normativo.
Según la funcionaria, un nuevo protocolo debería ser validado por la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Universidad.
La reforma al reglamento contra el acoso sexual se aprobó en agosto como consecuencia de los fuertes movimientos estudiantiles que se dieron el año pasado en la UCR y en otros entes de educación superior estatal el año pasado.
Interferencia consultó a Ramellini si con ese cambio reglamentario las audiencias de los nuevos expedientes pueden ser virtuales, a lo cual respondió que para que eso ocurra primero debe ser autorizado por la Oficina Jurídica de la UCR. “Ya hicimos la consulta”, detalló.
Procesos disciplinarios
En la CII, que lleva las denuncias disciplinarias o por acoso laboral presentadas contra docentes en régimen académico, hay 17 casos activos en materia disciplinaria: seis a la espera del traslado de cargos y 11 en espera de programación de audiencias.
El coordinador de esa instancia, German Vidaurre, lamentó la situación: “El año pasado se hizo un trabajo muy fuerte para poner la comisión al día con todos los casos”, dijo.
Agregó que en la comisión además hay 27 denuncias por acoso laboral que se encuentran en espera; algunos expedientes abiertos desde el 2015. “Están a la espera porque lo primero que se debe emitir es un estudio pericial y hasta que la CEAL (Comisión Evaluadora de Acoso Laboral) haga la valoración y nos dé su informe, nosotros podemos continuar con el procedimiento”, explicó
La CEAL por su parte dijo a Interferencia que “los casos no han sido suspendidos y toda la CEAL se encuentra trabajando de forma remota en la elaboración de informes”, sin más detalles sobre el avance.
Lea más: UCR resolvió solo una denuncia de acoso laboral en los últimos 5 años
Con respecto a los impedimentos para notificar al docentes, Vidaurre expresó:
“Tenemos uno con el que funcionó muy bien, nos dio la dirección, fuimos y se la entregamos en la casa. Tengo tres casos, si no me equivoco, que estamos tratando de contactar al profesor para hacerle entrega del traslado de cargos”, dijo Vidaurre.
“La norma establece que tienen que hacerse en forma personal. Entonces eso nos amarra un poco de manos en este sentido”, agregó el coordinador de la CII.
“La audiencia también está reglada en el estatuto orgánico. Es una audiencia oral, presencial”, dijo Vidaurre.
Manifestó que han querido hacer algunas audiencias pero por el temor de algunas de las partes a contagiarse con la enfermedad prefieren cancelar.
Vidaurre señaló además que algunos casos involucran a muchas personas. “Entonces eso significa que por cuestiones de aforo no podríamos tenerlos en un aula”.
La CII elaboró un protocolo para realizar audiencias virtuales que fue enviado al Consejo Universitario de la UCR para su validación.
“Estamos esperando que el Consejo, ya sea por un acuerdo, nos diga si es permitido hacer la audiencia en línea siguiendo este protocolo”, informó Vidaurre.
El coordinador explicó que las audiencias virtuales deben garantizar las mismas garantías para ambas partes del proceso.
“Especialmente para el profesor denunciado por el tipo de derecho, el Estado de derecho que tenemos, que indica que la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario (…) “Las audiencias en línea no pueden convertirse en la norma. Sería solo una respuesta ante la emergencia que estamos teniendo”, agregó.
El caso de Minor Salas
En mayo del 2019, un grupo de alumnas y exalumnas de Derecho hicieron denuncias públicas contra el catedrático Minor Salas por hostigamiento sexual e insultos. Al menos dos de ellas posteriormente presentaron sus casos ante la Comisión Institucional Contra el Hostigamiento Sexual, las cuales se encuentran en trámite.
Interferencia consultó a Boris Molina, abogado representante de Salas, si la pandemia ha ocasionado atrasos en el expediente.
Molina respondió que la emergencia sanitaria ha afectado “todos los procesos en general: administrativos y judiciales” y que “la UCR no es un mundo aislado”. “No tendría racionalidad alguna que allí sucediera algo diferente a lo que pasa en el mundo”, indicó.
Molina añadió que, en su caso, por ser persona con condiciones de vulnerabilidad y de alto riesgo, solicitó suspensión de todas las “audiencias presenciales en todo tipo de tribunal”, sin especificar si hubo algún llamado a audiencia en el caso del profesor Salas.
También se consultó a la Facultad de Derecho la situación actual del catedrático, sobre lo cual se indicó que este semestre mantiene su labor docente no presencial y un proyecto de investigación.
“Este proyecto no cuenta con asignación de asistentes ni becarios, ya que la Vicerrectoría de Investigación negó la solicitud presentada por el docente”, respondió el Consejo Asesor de la Facultad ante consulta de Interferencia.
En junio, la Vicerrectoría de Docencia notificó al docente Minor Salas la aprobación de una licencia sabática por un período de seis meses desde el 21 de marzo del 2021 al 31 de agosto de ese año.
“Durante el periodo de la Licencia Sabática, el docente continúa percibiendo la remuneración ordinaria correspondiente a su categoría en Régimen Académico”, indicó la oficina de prensa de la vicerrectoría.
En la respuesta además se explicó que la reglamentación vigente de licencias sabáticas “no contempla el hecho de que, al existir procesos pendientes, eso sea una condición como causal de rechazo de la solicitud”.
