Fernando Cruz dijo estar sorprendido por los señalamientos lanzados por la exfiscala general, Emilia Navas.
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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, negó haber llamado a la exfiscala general, Emilia Navas Aparicio, para presionarla y que dejara el cargo.
En declaraciones dadas a Costa Rica Noticias este miércoles, el magistrado respondió ante señalamientos que realizó la exfiscala general en una entrevista con Interferencia de Radioemisoras UCR y en un informe presentado ante Diego García-Sayán, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados.
Tanto en la entrevista como en el informe ante Naciones Unidas, Navas aseveró que Cruz la llamó el viernes 25 de junio, para instarla a dejar el cargo. Lo señaló como uno de los magistrados que impulsaron investigaciones en su contra, lo cual calificó de “sanciones encubiertas” y “represalias” por el trabajo que realizaba el Ministerio Pública en la lucha contra la corrupción.
Ante esas declaraciones, el presidente de la Corte respondió: “Yo creo que no ejercí ninguna acción sobre ella, es más, yo no la llamé, como ella afirma, nunca, para decirle que renunciara, esa fecha que ella dice, el 25 de junio, nunca la llamé, porque no me parece que tuviera que hacer eso”.
“Sí dije, en el contexto de Corte, que me parecía que el espacio de ella se había reducido, pero nunca la llamé”, indicó Cruz al noticiero televisivo.
El magistrado dijo sentirse sorprendido y expresó: “Creo que más bien fui de la tesis de que no había motivo para abrirle una causa a ella. Sí claro, desde el punto de vista mediático, de apreciación de opinión pública, a ella se le redujo su legitimidad y su prestigio, o por lo menos su confiabilidad, pero nunca la llamé para decirle que renunciara, ese no es mi estilo, me sorprende y me duele que tenga yo que desmentir a una fiscala general, pero los tiempos cambian y todo cambia”.
“Si ella quería irse antes se podía ir (…) si se quería ir hasta marzo entrante era cosa de ella,a mí nunca me preocupó que ella estuviera. Todo esto lo hizo ella. Ahora, si la fiscala tan poderosa y tan fuerte se acongoja por una llamada telefónica, que no existió, no lo entiendo, pero bueno, ella estará en su laberinto y tendrá mucho que decir más sobre ese tema”, manifestó el magistrado.
Navas se acogió a la jubilación el 29 de junio, en medio de cuestionamientos por tener que inhibirse en causas penales en que su esposo figuraba como abogado defensor, como el caso de corrupción llamado Cochinilla.
En el informe ante la Relatoría Especial, la exfiscala reprodujo comentarios expresados por el magistrado Cruz y algunas magistradas en sesiones de Corte Plena, relacionados con iniciar investigaciones en su contra.
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Sobre las intervenciones de Cruz en la sesión de Corte del 21 de junio, la exfiscala indicó ante el Relator:
“(Fernando Cruz) insistió en su deseo de abrir una investigación en mi contra como Fiscala General de la República bajo el argumento de que la imagen institucional del Ministerio Público se veía afectada negativamente, pero reconociendo, a la vez, que su pretensión carecía de sustento normativo y que en ocasiones anteriores se habían archivado causas en mi contra en cuyo conocimiento él había debido inhibirse por figurar como imputado en varios procesos penales”.
Navas sostuvo en su informe que las represalias ejercidas por magistrados y magistradas eran “una estrategia para censurar desde las esferas de poder político y económico las acciones contra la corrupción, debilitar el trabajo de Fiscales y Fiscalas, desviar la atención de las personas ciudadanas y capturar ilegítimamente al Ministerio Público por razones políticas”. Denunció “amenazas, hostigamiento, injerencias indebidas”.
También aseguró que el presidente de la Corte estaba molesto por investigaciones penales que afrontaba.
Sobre estas denuncias de la exfiscala, Cruz expresó que no conocía ninguna injerencia indebida y que el Ministerio Público funcionaba “tan bien” que incluso la Fiscalía Anticorrupción realizó una investigación tan «exitosa» como el caso Cochinilla sin que la entonces fiscala general participara.
“Creo que lo dije, el Ministerio Público tiene una institucionalidad que no requiere que ella esté presente en la investigación, así es que con ella o sin ella, el asunto sobre las irregularidades en Ministerio de Transportes (caso Cochinilla) sigue adelante. Ella no podía ni siquiera intervenir porque en asuntos de importancia su esposo siempre tenía una gran incidencia como profesional”, expresó Cruz.
Aseveró que nunca se molestó por las investigaciones en su contra porque son “denuncias que ponen ciudadanos”, pero que sí le llamaba la atención “que para una denuncia de puro derecho dure 15 meses o 18 meses y no lo defina, ese es otro tema, pero a mí no me tiene que molestar”, indicó Cruz.
La oficina de prensa del Poder Judicial envió un comunicando de prensa refutando las declaraciones de Navas.
“La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia reitera el respeto absoluto hacia la independencia funcional y la autonomía del Ministerio Público, a quien ocupe el cargo de Fiscal o Fiscala General de la República, a las personas Fiscales Adjuntos, Fiscales Auxiliares y en general a todo el personal que labora en ese de ese órgano judicial, esencial para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática”, dice el comunicado en el que se menciona que se ha respetado esa independencia en aspectos como el presupuestario, procesos disciplinarios y fortalecimiento de la carrera fiscal.
Sobre las investigaciones que pidió la Corte contra Navas por un presunto incumplimiento de deberes al entregar su informe final de labores, el comunicado señala: “por mayoría de las y los integrantes de Corte Plena se concluyó que dicho informe no era el adecuado para el cargo y las responsabilidades asumidas por la exfuncionaria en un cargo de tanta trascendencia para el país. Por ello se acordó trasladarlo a la Auditoría Judicial, Contraloría General de la República y a la Fiscalía General para lo que les compete resolver. Esta decisión colegiada del órgano en pleno, se fundamenta a los lineamientos establecidos por normas constitucionales y legales que regulan la función pública, principalmente por respeto al principio de rendición de cuentas”.