La exfiscala general presentó una denuncia ante la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, en la que asegura que algunos magistrados y magistradas atacaron y amenazaron al Ministerio Público y la obligaron a dejar el puesto
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La exfiscala general, Emilia Navas Aparicio, sostiene que en la Corte Suprema de Justicia hay magistrados y magistradas que atacan la independencia del Ministerio Público, por medio de “amenazas, intimidación, hostigamiento e injerencias indebidas”.

La exfuncionaria incluso denunció esa situación ante Diego García-Sayán, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, en un informe remitido el pasado 6 de agosto.

De esto también conversó en una entrevista exclusiva con Interferencia de Radioemisoras UCR, publicada este martes 17 de agosto.

Navas asumió el cargo de fiscala general en el 2017, cuando el entonces fiscal general, Jorge Chavarría, se vio obligado a renunciar al puesto al cuestionársele actuaciones en el caso de corrupción conocido como “Cementazo”.

La ahora exfiscala también salió con premura, jubilada desde el 29 de junio, en medio de otro gran escándalo de corrupción, llamado “Cochinilla”, del que ella asegura no haber estado enterada hasta el pasado 14 de junio, cuando la Policía Judicial y la Fiscalía realizaron allanamientos en empresas, instituciones públicas y hasta en Casa Presidencial. En este caso se investiga una aparente red de sobornos para beneficiar a empresas en contratos de obras viales.

Tanto en el informe ante el Relator, como en el programa Interferencia, Navas afirmó que nunca se enteró de la investigación debido a que desde el 2019 emitió un protocolo para evitar conflictos de interés.

Según sus declaraciones, el fiscal adjunto de Probidad, a cargo del caso, tenía conocimiento de que su esposo, Francisco Campos, desde muchos años atrás es abogado externo de las empresas Meco y H. Solís, investigadas en este expediente. “Sabiendo eso, tomó la decisión de no informarme a mí, de mantenerme al margen como corresponde y no involucrarme en absolutamente nada”, dijo a Interferencia.

No obstante, la posición de Navas en esta situación causó una serie de reacciones, tanto en la opinión pública, como en el mismo Poder Judicial, donde se le criticó por tener que inhibirse en este y otros seis casos por el trabajo de su esposo.

La exfiscala asegura que esta situación fue utilizada como un pretexto por magistrados y magistradas que han tenido “incomodidad” por su trabajo y el de la Fiscalía en materia anticorrupción, debido a que algunos incluso afrontan investigaciones.

“Nunca fue motivo para un escándalo como el que se hizo en esta ocasión. La Corte investigó si había habido alguna irregularidad de mi parte, la Inspección Judicial investigó y la Corte Plena determinó que nunca había habido injerencia de mi parte en ninguno de esos seis casos en los que participa como abogado mi esposo (…) en esta ocasión encuentran muy cómodo empañar mi gestión y empañar y atacar la gestión de la Fiscalía Anticorrupción, magnificando el hecho de que yo me estaba inhibiendo”, expresó a Interferencia.

“Extrañamente, yo digo: ¿pero qué es lo que pasa? Coincide con el caso de corrupción de tal magnitud y tal daño para el país, en el que yo no intervine, y mal informan a la población diciéndole que eso es extraño, que eso es irregular”, agregó.

Navas relató que en medio de toda esta situación ella tomó la decisión de retirarse del Ministerio Público para evitar dañar el prestigio del Ministerio Público. Inicialmente informó que lo haría en agosto, no obstante, ahora revela que se dieron presiones por parte de la Corte que la obligaron a adelantar su salida de manera inmediata.

“Fui informada por cuatro personas que forman parte de la Corte Suprema de Justicia, de que había un grupo de magistrados y magistradas que iban a revocarme el nombramiento, que no iban a permitir que me jubilara, que iban a luchar por quitarme mi derecho laboral de prestaciones y jubilación y que además tenían listo para el martes siguiente traslado de cargos”, relató.

Uno de los magistrados que ejerció presiones, según dijo, fue el propio presidente de la Corte, Fernando Cruz.

“Recibí el mismo viernes 25 de junio, como consta y está documentado en el informe para el señor García-Sayán, una llamada telefónica del presidente de la Corte, que no solo en las sesiones de Corte Plena del 21 de junio me instó a dejar el cargo, junto con otros comentarios de magistradas y magistrados que dijeron que era necesario que lo hiciera, sino que además me dijo que no iba a contar con su apoyo, el cual sé que nunca tuve, y que era necesario nombrar otra persona como fiscal general”, expresó Navas quien añadió que este magistrado hizo una campaña de desprestigio en su contra.

Afirmó que Cruz le pidió hacer un informe breve, dado que en marzo ella había presentado uno más amplio.

Posteriormente, la Corte Plena impulsó investigaciones administrativas y penales contra Navas por incumplimiento de deberes, al considerar que su informe final era deficiente.

La exfuncionaria describe todos estos hechos como “sanciones, castigos encubiertos por parte de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica contra el Ministerio Público; no solo contra mi persona (sino) contra el prestigio y la independencia del Ministerio Público, y claramente en razón de su extraordinario trabajo que venía realizando en los últimos tres años y medio en la lucha contra la corrupción”. En el informe ante la Relatoría sostuvo: “mediante sanciones encubiertas, fui forzada a abandonar mi cargo”.

Consultada por Interferencia sobre si alguna vez se le pidió que no investigara un caso, respondió no fue así directamente, pero que la “incomodidad” de magistrados y magistradas era “evidente”. También advirtió que ella tiene un deber de confidencialidad pero que si este le llegar a ser anulado para ejercer su derecho de defensa dará más detalles sobre esas presiones.

Ahora Navas dice esperar que la Relatoría de Naciones Unidas sea observador sobre esta situación, que la ciudadanía también conozca estos hechos y que se proteja al Ministerio Público. Incluso, propone que este órgano quede fuera del Poder Judicial.

“Yo creo que es necesario sacar al Ministerio Público del Poder Judicial, darle un buen presupuesto y que tenga independencia y que no tenga ningún tipo de compromiso, ni ligamen con con la política ni con magistrados ni con nadie de ninguno de los tres poderes de la República, para que efectivamente pueda investigar hechos de corrupción por el bien de este país sin las represalias que se han vivido en los últimos meses”, concluyó.