Casi cuatro años después de presentadas las denuncias, la Universidad de Costa Rica finalmente concluyó el proceso disciplinario en uno de los expedientes contra el profesor de Derecho, Mainor Salas Solís.

Casi cuatro años después de que exalumnas denunciaran al catedrático Mainor Salas Solís por hostigamiento sexual, la Universidad de Costa Rica (UCR) finalmente concluyó el proceso disciplinario en uno de los expedientes y ayer martes, la Rectoría ordenó el despido del funcionario.

Así lo confirmó la Unidad de Comunicación de la Rectoría ante una consulta de Interferencia de Radios UCR.

En la resolución, la Rectoría determinó rechazar recursos de apelaciones presentados por Salas y mantener el acto final de la Facultad de Derecho, “con lo cual se declara al señor Salas Solís como autor responsable de una falta muy grave constitutiva de hostigamiento sexual y se impone la sanción de despido sin responsabilidad patronal”, indica la resolución.

Ahora, la Facultad de Derecho debe elaborar la acción de personal correspondiente para ejecutar el despido sin responsabilidad patronal, detalló la Unidad de Comunicación de Rectoría.

La resolución de Rectoría y la que determinó el acto final en la Facultad de Derecho se tomaron luego de que la Comisión Contra el Hostigamiento Sexual de la UCR realizó el proceso correspondiente de investigación y recomendó el despido.

Las denuncias contra el docente iniciaron en mayo del 2019, cuando el Semanario Universidad publicó las denuncias de diez estudiantes y exestudiantes que afirmaron haber sufrido insultos y acoso sexual por parte de Salas. Unos meses después, dos de ellas acudieron a las instancias formales de denuncia en la universidad. También hubo una tercera denunciante que no hizo parte del primer grupo que dio a conocer esos hechos.

No obstante, todavía existen dos expedientes pendientes de resolución en contra del catedrático.

Salas ya había sido sancionado en el 2015 con ocho días de suspensión por proposiciones sexuales a una alumna.

A partir de las nuevas denuncias, inició un largo camino para las ofendidas. Una de ellas, Megan Hernández Angulo, incluso acudió a la Sala Constitucional a mediados del 2021 porque las autoridades universitarias ni siquiera habían logrado notificar al docente sobre la apertura del proceso disciplinario, pues este se incapacitó por extensos periodos. La Sala ordenó que se hiciera el traslado de cargos en un plazo de 15 días y la universidad cumplió con esa obligación.

No obstante, el proceso continuó por casi dos años más. El 28 de abril de este año, la exalumna Hernández (quien actualmente es profesional en Derecho), presentó una solicitud de pronto despacho alegando su derecho a una justicia pronta y cumplida para que se resolviera cualquier recurso pendiente y se diera fin al proceso, pero su caso es uno de los que está pendiente de resolución.

Interferencia consultó a la Rectoría las razones de la lentitud del proceso y la Unidad de Comunicación indicó: “Debido a una serie de situaciones personales, el funcionario no se encontraba laborando en instalaciones universitarias al inicio del proceso, por lo que el proceso sufrió una serie de retrasos relacionados con la notificación inicial que, según la normativa, debe realizarse de manera personal”.

El rector Gustavo Gutiérrez Espeleta manifestó que “En términos generales, en la Institución y el país continúan existiendo barreras para el acceso a la justicia de las mujeres y una cultura sistemática de violencia en su contra. Sin embargo, como administración seguimos trabajando todos los días para fortalecer los procesos de denuncia en la Universidad de Costa Rica y asegurar un ambiente seguro para su desarrollo. Sobre el caso específico, me limito a reconocer el trabajo de la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual que permitió concluir este proceso”.

Boris Molina, abogado de Salas, quien le ha representado en todos estos años, dijo a Interferencia que ya fueron notificados de la resolución; no obstante anunció que iniciará un proceso en la vía judicial.

Boris sostuvo que en el proceso se cometieron «arbitrariedades» y que «la única resolución de justicia se va a obtener en los tribunales, que es donde corresponde».