Calificadoras de riesgo mejoraron nota de Costa Rica, pero es un cambio compartido

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Sofía Sánchez Ramírez
- doblecheck@ucr.ac.cr

En resumen: Las calificadoras de riesgo internacionales Standard & Poor’s (S&P) y Fitch Ratings mejoraron la calificación de deuda soberana de Costa Rica. El presidente de la República, Rodrigo Chaves, destacó ese hecho ante la Asamblea Legislativa pero omitió que las agencias atribuyeron el cambio parcialmente al Gobierno anterior.

En febrero, la agencia S&P elevó la calificación del país de B a B+, y Fitch Ratings mejoró la nota de B a BB- en marzo. Las dos instituciones mantuvieron la perspectiva crediticia del país como “estable”.

La calificadora S&P indicó que el “éxito [de la reducción del déficit] hasta ahora se ha derivado de la implementación de la reforma de 2018”, refiriéndose a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que promovió la administración Alvarado Quedada.

“Durante el primer año de la administración Chaves, los sólidos resultados fiscales y el éxito en el cumplimiento de las revisiones de SAF [Servicio Ampliado del Fondo Monetario Internacional] se deben en parte al legado de las políticas implementadas por la administración anterior”, detalla el estudio de Standard & Poor’s.

Fitch Ratings también determinó que la implementación de la regla fiscal –aprobada en el 2018– representó un “cambio importante después de una década de deterioro fiscal que provocó un fuerte aumento en la relación deuda/PIB”.

Rodrigo Chaves agregó que S&P “deja claro que los bonos de Costa Rica fueron una de las mejores inversiones en mercados emergentes”. Doble Check no halló tal descripción en los comunicados públicos de la calificadora. Esa agencia solamente mencionó que la ejecución de eurobonos de Costa Rica puede ser “una señal de alivio de algunos de los obstáculos” considerados para la evaluación de gestión de la deuda y la flexibilidad financiera del país.

Casa Presidencial no ha respondido las consultas enviadas por Doble Check.

Discurso del 2 de mayo

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, destacó ante la Asamblea Legislativa que “dos reconocidas calificadoras de riesgo nos subieron la nota”, refiriéndose al cambio en las escalas de las agencias internacionales Fitch Ratings y Standard & Poor’s (S&P) sobre las capacidades y obligaciones de Costa Rica para cumplir sus compromisos financieros.

“Fitch Ratings destaca que mientras hay un récord de países que cayeron en default, Costa Rica sube dos peldaños en su calificación. Standard & Poor’s destaca nuestra buena trayectoria fiscal, y deja claro que los bonos de Costa Rica fueron una de las mejores inversiones en mercados emergentes”, aseguró Chaves el martes pasado.

¿Qué son las calificadoras de riesgo?

Según la agencia Fitch Ratings, las calificaciones crediticias son “opiniones prospectivas sobre la capacidad relativa de una entidad o la obligación de cumplir con compromisos financieros”.

Tanto Standard & Poor’s como Fitch Ratings –que Chaves nombró específicamente– estiman la calificación crediticia mediante una escala de D hasta AAA, donde D es el punto más bajo y AAA es la nota más alta. Además, las agencias separan la escala de letras con símbolos de positivo (+) y negativo (-). Por ejemplo, en orden de menor a mayor, existen las calificaciones B-, B y B+.

Las calificadoras asignan puntuaciones AAA, AA, A y BBB a países que manejan un grado de inversión positivo. En contraste, las inversiones en países con notas BB, B, CC y C son consideradas de grado especulativo.

Esas agencias también pueden asignar una perspectiva sobre la trayectoria prevista para cada nación. Standard & Poor’s y Fitch Ratings brindan cuatro perspectivas: positiva, negativa, estable y evolucionando.

La nota de Costa Rica ahora

A finales de febrero, la agencia S&P subió la calificación soberana de largo plazo de Costa Rica de B a B+, en moneda local y extranjera. Fitch Ratings recalibró en dos niveles la nota de Costa Rica en marzo, moviendo al país de B hasta BB-. Las calificadoras mantuvieron su perspectiva en “estable”.

S&P divulgó que, el año pasado, Costa Rica generó su primer superávit fiscal primario (sin intereses) en más de una década “a través de una sólida restricción de ingresos y gastos derivada de la implementación de la reforma fiscal de 2018 y un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real de 4.3%”. La entidad se refiere a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que fue impulsada por la administración Alvarado Quesada.

“Durante el primer año de la administración Chaves, los sólidos resultados fiscales y el éxito en el cumplimiento de las revisiones de SAF [Servicio Ampliado del Fondo Monetario Internacional] se deben en parte al legado de las políticas implementadas por la administración anterior”, determinó S&P en su evaluación.

Esa calificadora advirtió seguidamente que “supusimos que los aspectos de la SAF se reconfigurarían mutuamente después de las elecciones [de mayo del 2022], sin importar quién ganara”.

Por otro lado, Fitch Ratings justificó la nueva puntuación de Costa Rica por “la fuerte mejora estructural de su posición fiscal y la relajación de las restricciones del Gobierno para financiar su presupuesto”, y en que el acceso sostenido a préstamos multilaterales “alivió aún más las restricciones financieras y los altos costos de endeudamiento”.

“Esperamos que el compromiso político constante de la administración para reducir tanto la deuda neta del Gobierno general (de 62% del PIB) como el interés sobre los ingresos (de más de 17%) facilite el acceso al financiamiento oficial y a los mercados de capital internacionales”, agregó S&P al comunicar la mejora en la nota de Costa Rica.

Antes de esos cambios, las calificadoras habían ajustado la perspectiva de Costa Rica de negativa a estable en marzo del 2022.

Rodrigo Chaves también destacó en su discurso del 2 de mayo que S&P “deja claro que los bonos de Costa Rica fueron una de las mejores inversiones en mercados emergentes”. Doble Check no halló referencias donde S&P haga esa valoración. La agencia S&P mencionó que la ejecución de los eurobonos de $5.000 millones para el 2023-2025 (aprobados en noviembre del 2022 por la Asamblea Legislativa) sería “una señal de alivio de algunos de los obstáculos que tomamos en cuenta para nuestra evaluación de la gestión de la deuda y la flexibilidad financiera del gobierno”.

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