UCR confirma que ya notificó a catedrático Mainor Salas sobre denuncia por hostigamiento sexual

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Hulda Miranda
- hulda.miranda@ucr.ac.cr

Sala Constitucional había  dado un plazo de 15 días para que la universidad notificara al docente, luego de que una exalumna presentara recurso de amparo porque se violentó su derecho a una justicia pronta
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La Universidad de Costa Rica (UCR) confirmó que, en cumplimiento a una orden dada por la Sala Constitucional, finalmente notificó al catedrático de la Facultad de Derecho, Mainor Salas Solís, de una denuncia por hostigamiento sexual que se presentó en su contra.

El pasado 27 de agosto, la Sala Constitucional resolvió el recurso de amparo presentado por una exestudiante y ordenó a la universidad que, en un plazo de 15 días, hiciera el traslado de cargos al docente. Esto luego de que la exalumna alegara que se está violentando su derecho a una justicia pronta, pues la denuncia lleva casi dos años en trámite y ni siquiera se había notificado a Salas.

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Esa resolución fue comunicada a la universidad el 31 de agosto, por lo cual ya transcurrió el plazo de 15 días hábiles otorgado por la Sala.

Este martes 21 de setiembre, el rector de la UCR, Gustavo Gutiérrez, informó a la Sala Constitucional que ese mismo día se logró hacer el traslado de cargos a Salas por medio de su apoderado generalísimo sin límite de suma, de apellido Román.

Ante consulta de Interferencia de Radioemisoras UCR, este jueves la Rectoría confirmó que se llevó a cabo esta gestión.

“El notario Fernado Rottier Salguero entregó, a las 17 horas del 21 de septiembre, al apoderado generalísimo sin límite de suma del funcionario en cuestión, la notificación pendiente de entrega del proceso iniciado por la Comisión Institucional Contra el Hostigamiento Sexual de la Universidad de Costa Rica desde julio del 2020”, indica la respuesta.

De acuerdo con la información brindada por la UCR, la Comisión Institucional Contra el Hostigamiento Sexual de la Universidad de Costa Rica (CICHS) intentó notificar a Salas en reiteradas ocasiones en su casa de habitación y en su trabajo, “sin embargo la persona funcionaria estuvo en condición de incapacidad, hecho que le impide a la Institución el obligar a la persona funcionaria a apersonarse a su centro de trabajo”, añade la respuesta.

Antes de notificar al apoderado generalísimo de Salas, el notario realizó otros intentos para localizarlo directamente. Por ejemplo, el 10 y 14 de setiembre se presentó en las afueras del residencial en el que habita el docente, sin lograr ubicarlo.

También, el 9 de setiembre, tras recibir información de que Salas se encontraba en un establecimiento en Desamparados, el notario se presentó al sitio, pero no logró hallarlo.

El 8 de setiembre, tras recibir información de que el abogado se encontraba en actividades profesionales en Curridabat, el notario visitó el lugar, pero tampoco lo encontró.

Un día antes también se tuvo información de que se encontraba en Desamparados, pero ese día el notario tampoco pudo ubicarlo.

La Rectoría de la UCR indicó que, para evitar procesos como el anterior, “valora otros mecanismos que eviten este tipo de retrasos en procedimientos administrativos que impliquen a personas funcionarias de la institución”.

La exestudiante denunciante en este proceso presentó su caso ante la CICHS desde noviembre del 2019. El pasado 30 de julio, tras ver que su expediente no avanzaba, acudió a la Sala Constitucional.

Al resolver el amparo, la Sala indicó que si bien se han presentado circunstancias como la pandemia que pueden demorar los procesos, “tratándose de este tipo de denuncias, el plazo sin que se haya realizado al menos la notificación del auto inicial no resulta de recibo, más aún, cuando se observan largos períodos de inacción. Esta omisión, sin duda, ha incidido en el derecho de la recurrente de lograr obtener una justicia pronta, máxime en este caso, donde se denuncian presuntos hostigamientos sexuales en contra de la persona amparada”.

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La UCR había argumentado ante la Sala Constitucional que no se había logrado notificar de manera personal al docente, como indica la ley, porque primero estuvo en teletrabajo y posteriormente presentó reiteradas incapacidades médicas.

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