En resumen: El ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres, dio una respuesta contradictoria a Diario Extra sobre el gobierno de Nayib Bukele El Salvador, y el periódico recortó esas declaraciones al publicarlas. Así empezó una engañosa cadena de noticias a escala internacional que anunciaban que el gobierno de Costa Rica desea imitar las medidas de seguridad del presidente salvadoreño.
El 19 de diciembre pasado, un periodista de Diario Extra le preguntó al ministro de Seguridad si está “desprotegido con las acciones del Poder Judicial”, después de que Torres le indicara que hay personas que cometen crímenes y andan “libres y con tobilleras” poco tiempo después.
Jorge Torres contestó: “Hay que hacer un llamado, algo tiene que cambiar, yo no quiero tener un tema de seguridad como el que tiene el presidente de El Salvador, Bukele; sería genial para bajar el índice de homicidios, pero sí tenemos que estar claros en qué momento de seguridad estamos para poder tomar decisiones”.
Diario Extra publicó una noticia el 29 de diciembre que tituló como “‘Sistema como el de Bukele sería genial para bajar homicidios’”, atribuyéndole esa afirmación al ministro Torres. Extra recortó las declaraciones del jerarca para omitir que él dijo que “yo no quiero tener un tema de seguridad como el que tiene el presidente de El Salvador”.
Medios de comunicación internacionales replicaron la cita editada por Diario Extra y afirmaron que Costa Rica quiere implementar medidas de seguridad como el estado de excepción de El Salvador, y que el ministro de Seguridad costarricense considera ideal la estrategia de seguridad de Bukele para bajar homicidios. Esa afirmación también la repitió el ministro de Defensa salvadoreño, René Merino.
El ministro de Seguridad, Jorge Torres, explicó a Doble Check que, cuando mencionó a El Salvador en su respuesta a Diario Extra, él se refería al “eficaz uso del sistema de contención penitenciario” de ese país centroamericano y “exclusivamente al encierro de personas con alto perfil delictivo”. Torres negó que él desee imitar la política de seguridad pública de El Salvador, que sigue bajo el régimen de excepción.
¿Qué dijo el ministro de Seguridad?
El ministro de Seguridad Pública costarricense, Jorge Torres participó en una conferencia de prensa el 19 de diciembre anterior por el decomiso de una tonelada de cocaína en la provincia de Limón y la detención de cinco personas implicadas en el transporte de la droga.
El periodista de Diario Extra, Yiren Altamirano, le preguntó al ministro Torres si el Ministerio de Seguridad puede seguir trabajando a pesar de los recortes en el presupuesto. El jerarca contestó que “para el tema de seguridad, no hay dinero que alcance” pero que debe “trabajar con lo que tiene y dándole un mejor aprovechamiento a los recursos”.
El ministro agregó en su respuesta al periodista que los medios de comunicación “muy pocas veces tocan el punto del sistema judicial” y mencionó el asesinato de un joven en San José. “Cuando mataron a este pobre muchacho en San José, fuimos mutilados los policías y le digo con toda sinceridad: ¿por qué no hemos reclamado que ya andan libres con tobilleras?”, criticó Torres, quien no detalló a qué caso se refería específicamente.
Ante esas afirmaciones, el periodista le preguntó al ministro: “¿Se siente usted desprotegido con las acciones que está tomando el Poder Judicial ante el trabajo de ustedes?”.
“Hay que hacer un llamado, algo tiene que cambiar, yo no quiero tener un tema de seguridad como el que tiene el presidente de El Salvador, Bukele; sería genial para bajar el índice de homicidios, pero sí tenemos que estar claros en qué momento de seguridad estamos para poder tomar decisiones”, contestó el ministro Torres.
Extra recortó afirmación del ministro
Yiren Altamirano facilitó a Doble Check la grabación del intercambio que tuvo con el ministro de Seguridad en la conferencia de prensa del 19 de diciembre anterior.
Esa grabación muestra que Diario Extra recortó las declaraciones para omitir que el ministro Torres indicó que no quiere tener “un tema de seguridad” como el de Bukele. La respuesta fue modificada de esta manera:
“‘Hay que hacer un llamado. (…) Un tema de seguridad como el que tiene el presidente (Nayib) Bukele, sería genial para bajar el índice de homicidios, pero sí tenemos que estar claros en qué momento de seguridad estamos’, respondió Torres.”
“Lo recorté porque entre esos puntos él señala que no quiere tener un sistema así, pero ‘sería genial’, como se escucha en el audio. La cuestión es que el ministro afirma que sí es bueno para el país”, justificó Altamirano a Doble Check.
El redactor no le pidió aclaraciones adicionales al jerarca para precisar su opinión sobre la seguridad en El Salvador. La noticia publicada por Diario Extra el 29 de diciembre tampoco indica en alguna otra parte que el ministro dijo que no quiere “un tema de seguridad” como el salvadoreño.
Titulares internacionales engañosos
Medios de comunicación salvadoreños difundieron la cita editada que Diario Extra incluyó en su noticia del 29 de diciembre. Por ejemplo, Diario El Salvador difundió que “Jerarca de Seguridad de Costa Rica afirma que régimen de excepción, como el implementado por el presidente Bukele, sería ideal para bajar homicidios en ese país”.
El medio Semana, de Colombia, tituló que Costa Rica “podría adoptar modelo de Nayib Bukele” citando únicamente la frase cortada de Diario Extra. El medio Bloomberg Línea incluso aseguró que “Gobierno de Costa Rica quiere implementar sistema de seguridad de Nayib Bukele”, refiriéndose al régimen de excepción que hay en ese país desde el año pasado.
La supuesta intención del gobierno de Costa Rica incluso fue repetida por el ministro de Defensa salvadoreño, René Merino, en un programa de televisión de ese país el 3 de enero de este año.
“El ministro de Justicia y algunos diputados, en más de una ocasión, han publicado en medios de mucho prestigio en Costa Rica que lo que necesitan en Costa Rica para mejorar el nivel de seguridad es el modelo del presidente Nayib Bukele y lo pusieron el día de ayer y también al final del año”, dijo el ministro de Defensa de El Salvador.
Doble Check no halló declaraciones del ministro de Justicia costarricense, por lo que parece que el jerarca de El Salvador confundió el cargo de Jorge Torres. Por otro lado, es cierto que el diputado de Nueva República, David Segura, dijo que admira a Bukele “porque defiende los derechos de la gente honrada” y que está de acuerdo con “la mano dura y las acciones fuertes contra los narcos y criminales” por esa razón, según el medio costarricense NCR Noticias.
¿A qué se refería el ministro, entonces?
El Ministerio de Seguridad Pública no emitió una aclaración o rectificación sobre el criterio de su principal jerarca ante las publicaciones hechas por Diario Extra y medios de comunicación internacionales.
Doble Check le pidió al ministro Torres que detallara su opinión sobre la seguridad pública del gobierno de Nayib Bukele. Doble Check también consultó si el Ministerio de Seguridad Pública considera que las medidas de seguridad implementadas por el gobierno salvadoreño (régimen de excepción y Plan de Control Territorial) son deseables para Costa Rica, y si un sistema como ese concuerda con las garantías del Estado de Derecho costarricense.
El Ministerio de Seguridad envió una respuesta escrita atribuida a Jorge Torres. El jerarca respondió que él se refería específicamente al “eficaz uso del sistema de contención penitenciario” de El Salvador. “Lo que he querido decir se asocia con que las políticas de prevención en El Salvador se resumen exclusivamente al encierro de personas con alto perfil delictivo”, agregó Torres.
El ministro dijo que Costa Rica goza de una de las democracias más consolidadas del mundo, pero que “hemos confundido el cumplimiento de derechos humanos que las personas realmente merecen, con el garantismo falso, y eso ocurrió en administraciones pasadas”.
Sin embargo, las respuestas no dejaban clara la opinión del jerarca sobre el actual modelo de seguridad de El Salvador, ni por qué el uso del sistema penitenciario de ese país es “genial”. Por eso, Doble Check intentó conversar personalmente con Torres el 25 de enero pasado.
“Cuando me refiero a El Salvador, me refiero a las penas y es en lo que estoy luchando ahorita, que las penas se cumplan”, dijo Torres en esa ocasión. El ministro añadió que se refiere al cumplimiento penas de delitos específicos como “narcotráfico, delitos violentos, delitos contra las mujeres” y “delitos con arma blanca”.
Doble Check le consultó nuevamente si querría un sistema de seguridad pública como el de El Salvador. “No lo quiero, me refiero a ese tipo de delitos”, aseguró.
El ministro también dio su opinión sobre El Salvador en la comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa el 12 de enero. La diputada Alejandra Larios (Partido Liberación Nacional) le consultó a Torres sobre la cita que Diario Extra le atribuyó a finales de diciembre. “¿Usted piensa que en Costa Rica debemos implementar un sistema como el del presidente Bukele?”, preguntó la legisladora.
Torres le respondió a la diputada que el periodista de Diario Extra “posiblemente lo malinterpretó”, y agregó él dijo que “hay que tener mano dura”.
“El único país que ha logrado controlar el índice de homicidios hasta el día de hoy es porque Bukele ha encerrado a esos delincuentes; no hablando de la violación a los derechos humanos para no tener algún conflicto diplomático con El Salvador, pero sí creo que una medida que hemos venido reclamando es que la gente que es condenada cumpla la condena”, afirmó Torres en esa comisión.
El ministro también criticó que Costa Rica ha dado tantos derechos que “al final no podemos cumplir y por eso tenemos esa separación tan grande entre el ciudadano y el gobierno, porque les hemos dado tantos derechos que no podemos cumplir”.
Estrategia de seguridad de El Salvador
El Salvador cerró el 2022 con la tasa de homicidios más baja en la última década: la Policía Nacional Civil (PNC) registró que la tasa descendió a 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. En contraste, hubo 103 homicidios documentados por cada 100.000 habitantes en el 2015. Aún así, no hay claridad sobre las razones que permitieron ese descenso.
Nayib Bukele y su gabinete sostienen que esa reducción se debe a la implementación de su Plan Control Territorial. Sin embargo, ese “plan” de seguridad es confidencial bajo la justificación de que no se puede revelar a las pandillas de El Salvador.
“La evaluación de la política de seguridad de Bukele, a la luz de algunos de los principios de la seguridad democrática, no resiste el mínimo análisis […] Predomina la improvisación y la reacción, la opacidad, la centralización y gestión autoritaria de la seguridad, el irrespeto a la ley y al estado de derecho, las violaciones a los derechos humanos y la desinstitucionalización”, advirtió en una columna de opinión Jeannette Aguilar, investigadora en violencia y seguridad de El Salvador.
Aguilar también criticó que la política de seguridad de Bukele es “una estrategia publicitaria” donde el Gobierno “improvisa, oculta información, miente, manipula, ignora los criterios técnicos en la toma de decisiones y decide unilateralmente con base a criterios políticos y no técnicos”.
Proyectos de investigación periodística de El Salvador han documentado que el Gobierno de Bukele llegó a acuerdos con las principales pandillas que operan en el país; principalmente la Mara Salvatrucha 13, la pandilla más grande de El Salvador.
Uno de los términos en esa negociación fue el cese de los asesinatos a cambio de beneficios penitenciarios para los líderes de las maras que están en prisión. Por ejemplo, que los líderes no tendrían un trato inhumano y que no permitirían su extradición a Estados Unidos.
Aparentemente, el pacto funcionó desde el inicio de la administración de Bukele en junio de 2019 y hasta marzo pasado, cuando los pandilleros se sintieron traicionados por el Gobierno y comenzaron a matar a ciudadanos en diferentes puntos del país. Hubo 87 asesinatos registrados en el último fin de semana de marzo pasado, luego de que se rompieran la comunicación y los acuerdos.
Bukele solicitó que la Asamblea Legislativa aprobara de inmediato un régimen de excepción para facilitar a las Fuerzas Armadas y a la Policía las capturas de presuntos pandilleros, sin necesidad de investigación previa y con la capacidad de hacer detenciones por la mera suposición de que las personas sean miembros de grupos criminales o porque sean acusados del delito de “agrupaciones ilícitas”.
El régimen de excepción dio paso a operativos policiales, casa por casa, en comunidades pobres y zonas rurales donde las personas pueden ser capturadas a pesar de que no pertenezcan a pandillas. Esa operación estuvo acompañada de prácticas violatorias de derechos humanos cometidas por los militares y policías, según Amnistía Internacional. Tal fue el caso de ocho adolescentes que fueron capturados por soldados sin ninguna razón en una zona rural del oriente de El Salvador conocida como “Bajo Lempa”, en noviembre anterior.
Más de 61.000 personas habían sido capturadas durante el régimen de excepción salvadoreño a diciembre pasado. La revista Gato Encerrado evidenció que la mayoría de detenidos reciben defensa pública de abogados que reciben hasta 95 expedientes diarios que tienen que llevar al mismo tiempo en las audiencias iniciales.
Además los centros penitenciarios tenían una capacidad máxima para unas 30.000 personas al inicio de las operaciones, pero la población carcelaria ya supera las 97.000 personas, aunque Bukele anunció la apertura de un nuevo centro penal.
Organismos internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han advertido que hay una “crisis humanitaria” en El Salvador. Medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos han evidenciado casos de capturas arbitrarias, torturas cometidas por policías y militares, allanamientos en viviendas sin orden judicial y al menos 90 muertes sospechosas en centros penitenciarios.
Nota del editor: este chequeo fue desarrollado por medio de una colaboración entre Doble Check y la revista salvadoreña Gato Encerrado.