En medio de la creciente crisis climática, asegurar los derechos humanos se ha vuelto cada vez más desafiante para la humanidad. El derecho a la vida, la salud, la vivienda, el agua y la alimentación se ven amenazados por los impactos del cambio climático. Por eso, la respuesta a la emergencia climática requiere mucho más que políticas ambientales; exige una transformación profunda en las prioridades de los Estados y en la participación de la sociedad, donde el respeto a los derechos humanos debe asegurarse.
Este fue el tema central del programa Desayunos de Radio Universidad del pasado miércoles 9 de julio, conducido por Argentina Artavia Medrano. El tema fue abordado en profundidad por la abogada ambiental Irene Murillo Ruin, representante electa del público para el Acuerdo de Escazú; y el Dr. Bernardo Aguilar, consultor ambiental y presidente del Parlamento Cívico Ambiental. Ambos, con una sólida trayectoria en la defensa ambiental y los derechos humanos, conversaron sobre los alcances de la reciente Opinión Consultiva N.º 32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre emergencia por la crisis climática y derechos humanos.
Un proceso histórico y participativo
El 3 de julio, la Corte Interamericana emitió una de las opiniones consultivas más participativas de su historia, en respuesta a una consulta presentada por los gobiernos de Chile y Colombia. Más de 260 observaciones escritas y 600 actores de distintos sectores (Estados, organismos internacionales, academia, sociedad civil y defensores de derechos humanos) formaron parte de un proceso que evidenció la magnitud y urgencia de la crisis climática.
Según explicó Irene Murillo, la opinión consultiva se diferencia de una sentencia, pues no resuelve casos concretos, sino que orienta y recomienda a los Estados sobre cómo actuar en situaciones complejas como la crisis climática. En palabras de la experta, el documento reconoce que el cambio climático “es una emergencia que tiene impactos…y que se ha producido por las acciones humanas”. Por tanto, la CIDH subraya la necesidad de que las respuestas estatales y colectivas estén fundamentadas en la mejor ciencia disponible, apoyando sus análisis en datos reales y en el derecho de la ciudadanía a acceder a información científica veraz.
Tres áreas clave de los derechos ante la emergencia climática
Durante la conversación, Bernardo Aguilar detalló que la opinión consultiva estructura sus recomendaciones en tres grandes áreas: los derechos sustantivos (vida, salud, integridad personal), los derechos procedimentales (acceso a la información, justicia ambiental, protección de defensores) y la protección de grupos vulnerables, como niñez, pueblos indígenas y mujeres.
“La Corte es muy clara en cuanto a lo que es el alcance de las obligaciones que tienen los Estados y establece dos ramas: la obligación de respeto y la obligación de garantía… la obligación de asegurar un desarrollo progresivo de los derechos”, Dr. Bernardo Aguilar, consultor ambiental y presidente del Parlamento Cívico Ambiental.
Ambos especialistas destacaron el papel esencial de la democracia y el Estado de derecho en la respuesta a la crisis climática. Para Murillo, fortalecer estos pilares es fundamental, especialmente frente a tendencias autoritarias o discursos negacionistas. Además, enfatizó que la responsabilidad de enfrentar la emergencia no recae solo en el Estado, sino que involucra a la sociedad civil, las empresas y la ciudadanía en general.
Uno de los puntos más debatidos fue el estancamiento del Acuerdo de Escazú en Costa Rica. Pese a haber liderado el proceso de negociación junto a Chile, el país no ha ratificado este tratado clave, que busca fortalecer la participación, el acceso a la justicia ambiental, y a la información. Murillo lamentó la falta de voluntad política y los retrocesos que esto representa para la institucionalidad ambiental costarricense.
Superar la dicotomía entre desarrollo económico y protección ambiental es un reto. Como señaló Murillo, “hemos llegado a un punto en que la vida de nuestra especie depende de no seguir deteriorando el sistema climático; el desarrollo debe hacerse de la manera menos impactante posible, con compromiso del sector productivo, el Estado y la ciudadanía”.
La emergencia climática exige una respuesta colectiva y basada en derechos, donde la equidad y la democracia ambiental sean el camino hacia un futuro más justo y sostenible para todas las personas.
Para acceder a la entrevista completa, acceda al siguiente enlace: