En resumen: La diputada Pilar Cisneros aseguró en una entrevista que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) “va a tener que dejar de construir” hospitales y clínicas para cubrir el aumento salarial que su junta directiva aprobó en septiembre pasado para la mayoría de empleados de la institución. Eso es incorrecto.
La CCSS aclaró a Doble Check que la entidad no ajustó la prestación de servicios de salud ni la inversión en infraestructura para aumentar, de ₡7.500 a ₡8.750, el sueldo base de la mayoría de sus funcionarios desde diciembre pasado. La institución precisó que el ajuste salarial se financió con la “priorización y redistribución de los recursos” presupuestados para remuneraciones.
Adicionalmente, la junta directiva de la Caja había determinado desde el año anterior que la entidad está en condiciones económicas adecuadas para hacerle frente a ese incremento salarial, con base en una proyección al 2031.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, firmó un decreto que permitió ese aumento salarial en la CCSS cuando era ministro de Hacienda, a finales del 2019. La diputada oficialista aseguró que ese decreto tenía como condición que los aumentos se dieran cuando el déficit fiscal del Gobierno fuese menor a 60% del Producto Interno Bruto (PIB). Eso es falso: el decreto que firmó Chaves para ajustar los salarios públicos en aquel momento no estaba condicionado por esa restricción.
Doble Check le pidió a Pilar Cisneros el sustento de su afirmación sobre el presupuesto de la Caja. La legisladora no contestó oportunamente.
¿Qué dijo Pilar Cisneros?
La diputada y jefa de fracción de Progreso Social Democrático (PSD), Pilar Cisneros, fue entrevistada por la periodista Evelyn Fachler el 13 de enero en Radio Columbia.
Fachler cuestionó la decisión del presidente de la República de mantener a su ministra de Salud, Joselyn Chacón, luego de admitir que ella se equivocó por pedirle al autor de un perfil ficticio en redes sociales que atacara a un periodista “maldito”. El autor de ese personaje, Alberto Vargas, dijo que recibió pagos de la ministra por ese servicio pero el Gobierno ha negado la denuncia.
“¿No debió don Rodrigo [Chaves], así como despidió a don Álvaro Ramos, pedir que se hiciera a un lado la ministra de Salud?”, preguntó Fachler.
La periodista se refería al despido del presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Álvaro Ramos, por aprobar el aumento de al menos ₡7.500 en el sueldo base de la mayoría de funcionarios de esa institución. La junta directiva ratificó el aumento en septiembre pasado, con un pago retroactivo desde enero del 2020. El presidente Rodrigo Chaves se opuso al ajuste y separó del cargo a Ramos por esa decisión.
Cisneros respondió que “hay una gran diferencia” entre ambos casos. “Esa decisión que toma este hombre [Álvaro Ramos] sin consultarle al presidente costaba ₡30.000 millones que la Caja no tiene y que, para poderlos pagar, va a tener que dejar de construir hospitales, dejar de construir EBAIS [Equipos Básicos de Atención Integral en Salud], dejar de comprar equipo”, justificó la diputada oficialista.
Inmediatamente, Fachler destacó que el aumento de la base de salarios de la CCSS se basó en un decreto ejecutivo que Rodrigo Chaves firmó en diciembre del 2019, cuando ocupaba el cargo de ministro de Hacienda en la administración de Carlos Alvarado Quesada.
“Sí, con esa condición: cuando la Caja pueda y cuando el déficit fiscal sea menos de 60% del Producto Interno Bruto, y no se ha cumplido ninguna de esas condiciones”, contestó la legisladora.
Caja no tomó recursos de inversión de capital
Una aclaración enviada por la CCSS a Doble Check este miércoles refuta las declaraciones que hizo Pilar Cisneros sobre los recursos que sostienen el aumento salarial de esa institución.
“El aumento salarial aprobado en el Decreto Ejecutivo N°42121-MTSSH-MIDEPLAN y ratificado por la Junta Directiva de la CCSS en el artículo 3° de la sesión N°9277, celebrada el 9 de septiembre del 2022, se financió a través de la priorización y redistribución de los recursos presupuestados en las subpartidas del grupo de Servicios Personales (remuneraciones), es decir, no fue necesario ajustar los programas de la prestación de servicios de salud y/o aquellos asociados a las inversiones en infraestructura y tecnología (gastos de capital)”, detalló la Caja.
El ajuste salarial se sostiene en el decreto ejecutivo 42.121 de diciembre del 2019, el cual acordaba un aumento de ₡7.500 a ₡8.750 para la mayoría de salarios base del sector público a partir de febrero del 2020. El decreto fue firmado por Marvin Rodríguez Cordero, segundo vicepresidente de la administración Alvarado Quesada; por las ministras de Trabajo y Planificación, y por Rodrigo Chaves como ministro de Hacienda.
Sin embargo, el acuerdo fue suspendido temporalmente para el Gobierno Central en abril del 2020 por medio de otro decreto, para dirigir los recursos a la atención de la emergencia nacional por la COVID-19. El nuevo decreto –que también firmó Chaves– dejaba el aumento salarial a criterio de las instituciones que no forman parte del Gobierno Central, como la CCSS.
La Caja pausó el aumento salarial hasta septiembre del 2022, cuando la junta directiva que presidía Álvaro Ramos aprobó el aumento para la mayoría de su planilla, la cual reúne a más de 60.000 trabajadores. El ajuste entró en vigencia en diciembre pasado y costará unos ₡10.000 millones por año, precisó la junta directiva. Según las cifras oficiales, el pago retroactivo para los años 2020, 2021 y 2022 sumó casi ₡30.000 millones.
La junta directiva concluyó que la Caja tiene la capacidad financiera de asumir el aumento salarial, con base en una proyección de la Gerencia Financiera de la institución para esta década.
“Los resultados del Modelo de Proyecciones Financieras de la Gerencia Financiera para el período 2022-2031, refiere que existe la capacidad financiera para sostener en el tiempo el aumento salarial, no obstante, esta decisión deberá complementarse con un constante seguimiento y monitoreo de la situación financiera de este régimen, así como la definición de acciones y estrategias que permitan la diversificación e incremento del nivel de su financiamiento, y el aumento de la eficiencia del gasto e inversiones que se ejecutarán en un futuro”, indicó el órgano rector de la Caja.
Chaves no condicionó aumento como ministro
La diputada Pilar Cisneros dijo que las medidas firmadas por el entonces ministro Chaves para actualizar los sueldos del sector público tenían como condición que la deuda del país fuese menor a 60% del Producto Interno Bruto (PIB). En realidad, los decretos que sostienen el ajuste de la base de sueldos de la Caja carecen de una condición como la que justificó Cisneros.
El decreto ejecutivo de abril del 2020 suspendió el aumento al salario base que la administración Alvarado Quesada autorizó en diciembre del 2019 para el Gobierno Central. Adicionalmente, el decreto “insta” a las instituciones públicas que no forman parte del Gobierno Central a detener la actualización.
La Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas establece límites al crecimiento del gasto corriente del sector público por medio de la regla fiscal. Ese mecanismo ha restringido aumentos salariales para la mayoría de trabajadores públicos desde que el endeudamiento del país superó 60% del PIB en el 2021. Sin embargo, esa disposición de la regla fiscal no puede limitar los ajustes salariales aprobados antes de llegar a dicha condición de endeudamiento.
El decreto que facultó el aumento de la base salarial de la CCSS fue firmado antes de que el Gobierno llegara a 60% de endeudamiento respecto al PIB. Además, la institución no está obligada a cumplir las disposiciones de la regla fiscal porque sus fuentes de financiamiento están exentas de ese mecanismo de control.