El engañoso discurso del Gobierno sobre las pensiones de lujo

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David Bolaños, Alejandro Durán, Isaura Gutiérrez y Arianna Villalobos
- doblecheck@ucr.ac.cr

En resumen: El presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la jefa de fracción de Progreso Social Democrático (PSD), Pilar Cisneros, han repetido un discurso sobre las pensiones de lujo que le atribuye erróneamente a un “grupito” de jubilados el total del gasto público para las pensiones del país.

La diputada Cisneros ha reiterado públicamente que el Estado le “regala” entre $1.000 y $1.500 millones a “un grupito de costarricenses con pensiones multimillonarias para las cuales no cotizaron”. El presidente Chaves aseguró ante la Corte Suprema de Justicia que las pensiones de lujo de 9.060 individuos “le cuestan al Estado $2.000 millones”. Ambas afirmaciones son incorrectas.

En realidad, el total del gasto destinado a pensiones sumó ₡1,12 billones (₡1.119.177 millones) en el presupuesto nacional del 2022, según la Contraloría General de la República. Ese total incluye los aportes estatales para las pensiones contributivas y no contributivas del país. El monto no se limita únicamente a una minoría de pensionados, como reitera el Gobierno.

Casa Presidencial indicó a Doble Check que, al hablar de pensiones de lujo, el presidente Chaves “se refiere a la pensión de un exfuncionario público que supera por mucho el dinero que él o ella cotizó durante su vida laboral”, y que “superan el monto máximo que otorgan las [pensiones] que suministra el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte”. Casa Presidencial indicó que las 9.060 personas que el mandatario señaló ante la Corte Plena están “en ese grupo”.

¿Qué ha dicho el Gobierno?

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la diputada oficialista, Pilar Cisneros, han criticado reiteradamente que el Estado gasta miles de millones de dólares en las pensiones “de lujo” de un “grupito” de costarricenses.

En el programa Nuestra Voz del lunes 13 de junio, Pilar Cisneros afirmó que el Estado costarricense tendrá más recursos “cuando avancemos quitando las pensiones de lujo: ese robo legalizado, ese dinero que mes a mes le regalamos a un grupito de costarricenses con pensiones multimillonarias para las cuales no cotizaron”.

“Si nosotros avanzamos con paso firme a quitar las pensiones de lujo, mínimo le vamos a liberar al Gobierno $500 millones al año”, añadió Cisneros, quien es jefa de fracción del Progreso Social Democrático (PSD).

La diputada respondió a Doble Check que “si sabemos que ahora el país destina más o menos $1.500 millones en pagar esas pensiones que no corresponden a la realidad, fácilmente podríamos calcular que, si pagáramos a cada quien lo que realmente le corresponde por lo que cotizó en su vida laboral, podríamos ahorrar al menos una tercera parte; es decir, unos $500 millones”.

El 20 de junio, Rodrigo Chaves asistió a una sesión de la Corte Plena, el tribunal superior que rige sobre los funcionarios y tribunales del Poder Judicial. El mandatario criticó que las pensiones de lujo de 9.060 personas le cuestan al Estado $2.000 millones:

“Costa Rica, por 40 años, acumuló deuda año a año para financiar gastos más allá de los que podía financiar, incluyendo los $2.000 millones que cuestan las pensiones de lujo, no contribuidas, no cotizadas; que son sacarle plata al Poder Judicial, al Ministerio de Educación Pública, al Ministerio de Salud y la Caja para dárselas a 9.060 costarricenses”, dijo Chaves.

Cisneros se refirió nuevamente a las pensiones de lujo en el programa de Nuestra Voz del 4 de julio al contestar una pregunta sobre seguridad en el país. La diputada mencionó que “hay una gran inseguridad en el país, pero sí tenemos dinero para pagar casi $1.000 millones en pensiones de lujo a gente que no ha cotizado, que no lo merece”, cambiando el monto que había mencionado semanas antes.

Primero: ¿cómo es el sistema de pensiones de Costa Rica?

El sistema de pensiones de Costa Rica está constituido por cuatro pilares: el pilar contributivo obligatorio, el pilar complementario obligatorio, el pilar complementario voluntario y el pilar no contributivo.

El pilar contributivo obligatorio es de capitalización colectiva y se financia con aportes del Estado, de las personas trabajadoras y de los patronos. Costa Rica tiene seis subregímenes en ese pilar:

  1. Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
  2. Capitalización Colectiva del Magisterio Nacional, gestionado por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA).
  3. Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional.
  4. Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (FJPPJ).
  5. Régimen de Pensiones y Jubilaciones de Bomberos Permanentes.
  6. Regímenes administrados por la Dirección Nacional de Pensiones (DNP).

¿Qué es una pensión de lujo?

No existe una definición formal de qué es una pensión de lujo. Una interpretación brindada a Doble Check por la Superintendencia de Pensiones (Supen) en el 2018 es que una pensión es “de lujo” cuando la persona recibe más de lo que cotizó.

“Eso sucede prácticamente en todos los casos”, señaló el entonces superintendente de pensiones, Álvaro Ramos. El jerarca de pensiones en aquel momento añadió que es usual que los pensionados en Costa Rica aporten menos de lo que realmente debieron cotizar para gozar de su pensión. Ramos fue nombrado por Rodrigo Chaves como presidente ejecutivo de la CCSS en mayo pasado.

La Asamblea Legislativa y las administraciones Solís Rivera (2014-2018) y Alvarado Quesada (2018-2022) vincularon las pensiones de lujo a montos que consideraban excesivamente altos. En 2019, Carlos Alvarado firmó una ley aprobada por el Congreso para extender tasas solidarias al exceso de pensiones superiores a ₡2,3 millones en los regímenes con cargo al presupuesto nacional, del Poder Judicial y del Magisterio Nacional. Ese aporte solidario fue creado inicialmente en el 2016.

La legislación actual establece que “en ningún caso, la suma de la contribución solidaria y la totalidad de las deducciones que se apliquen a todos los pensionados y jubilados cubiertos por esta ley, podrá representar más 55% respecto de la totalidad del monto bruto de la pensión”.

Sin embargo, en el 2020, la Sala Constitucional redujo de 55% a 50% el máximo que pueden representar todos esos rebajos de ley. “Este fallo afectó únicamente a las pensiones de la Dirección Nacional de Pensiones; por el momento, el Régimen Transitorio de Reparto mantiene el rebajo máximo del 55%”, explicó la Supen a Doble Check.

Casa Presidencial indicó a Doble Check que, al hablar de pensiones de lujo, el presidente Chaves “se refiere a la pensión de un exfuncionario público que supera por mucho el dinero que él o ella cotizó durante su vida laboral”, y que “superan el monto máximo que otorgan las [pensiones] que suministra el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte”. Casa Presidencial indicó que las 9.060 personas que el mandatario señaló ante la Corte Plena están “en ese grupo”.

Gobierno atribuye gasto total a una minoría de pensionados

El presidente Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros le atribuyen erróneamente a una minoría de personas jubiladas el total del gasto público en pensiones.

Según la Contraloría General de la República (CGR), todo el gasto para pensiones en el presupuesto del 2022 sumó ₡1,12 billones (₡1.119.177 millones). Ese monto equivaldría a $1.610 millones con un tipo de cambio de ₡695 por dólar. La Contraloría recalcó que ese total “comprende tanto beneficios directos para los titulares de pensión o jubilación –tanto contributivas como no contributivas–, así como otros cargos, principalmente para la CCSS”.

De ese modo, la Contraloría incluso está sumando la contribución estatal al seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS para trabajadores asalariados e independientes, pero el Gobierno le endilga ese gasto a una minoría de exfuncionarios públicos.

La Supen no precisó cuántas pensiones en los distintos regímenes contributivos del país superan el monto cotizado por las personas en su vida laboral, aunque Álvaro Ramos había asegurado en el 2018 que “eso sucede prácticamente en todos los casos”. Casa Presidencial tampoco aportó una estimación de ese tipo.

En el 2018, Doble Check identificó que en Costa Rica había 14.585 pensiones mayores a ₡1,5 millones y que 3.724 personas tenían pensiones mayores o iguales a ₡2,5 millones, según bases de datos de los sistemas de pensiones de finales del 2017 e inicios del 2018.

Los regímenes con cargo directo al presupuesto

El Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional y los regímenes de la Dirección Nacional de Pensiones están cargados directamente al Presupuesto Nacional. Esos sistemas fueron instaurados en la primera mitad del siglo XX y cerraron en 1992.

Casi una veintena de regímenes están incluidos en esa partida del presupuesto, incluyendo el de Hacienda y el del Poder Legislativo. También, hay regímenes no contributivos como el de expresidentes de la República y Premios Magón, y esquemas de prejubilación para funcionarios de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), por ejemplo.

La Supen estima que el Estado dedica el equivalente de 2,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en esas pensiones y que hay casi 66.000 personas jubiladas. La mayoría (45.517 individuos) está en el Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional. Las cifras que facilitó esa entidad muestran que casi 39.000 de los jubilados reciben pensiones de ₡1 millón o menos.

¿Por qué esas pensiones se cargan directamente al presupuesto estatal? Un estudio del 2020 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló que, “durante varias décadas, las cotizaciones generadas por estos esquemas fueron destinadas a la Caja Única del Estado y, por lo tanto, utilizadas para gasto regular del Gobierno”. El Estado nunca creó un fondo de contribuciones para pagar esas pensiones.

El resto del gasto público en pensiones contributivas

El estudio publicado por Cepal recopiló que el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS reúne a 92% de las personas cotizantes y que el gasto público en dicho régimen sumó 3,56% del PIB en el 2017.

Por otro lado, el gasto de las pensiones del Poder Judicial (con 1% del total de personas que cotizan por una pensión) está en el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, que está dentro del presupuesto nacional. El estudio de la Cepal estimó que el gasto en ese régimen representó 0,5% del PIB en el 2018.

En esa investigación, la Cepal no pudo determinar cuántos fondos públicos se destinan específicamente al Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio Nacional, que aglomera a los funcionarios del sector educativo que han sido nombrados desde 1992.

¿Se puede quitar una pensión?

Las personas que se acogieron a una pensión dentro de un régimen específico con condiciones particulares tienen una situación jurídica consolidada.

“Lo que tienen es un derecho adquirido; es el derecho a la pensión. El contexto y criterios técnicos que se utilizan para haberles fijado el monto final al cual tienen acceso es, precisamente. una situación jurídica consolidada”, explicó a Doble Check Erick Solano, abogado y docente de Derecho Administrativo de la UCR.

La Sala Constitucional ha confirmado que el derecho de las personas trabajadoras a recibir pensión debe reconocerse como un derecho fundamental, aunque no se trata de un derecho absoluto. En el 2020, la Sala determinó que el derecho a la jubilación puede someterse a limitaciones, siempre y cuando estas sean establecidas mediante una ley formal, sean razonables y no impidan su ejercicio.

Sin embargo, las pensiones que el Estado ya otorga no pueden eliminarse por ser una situación de derecho consolidado de cada persona. Por eso, Solano explicó que la estrategia que han aplicado las administraciones pasadas para bajar el monto que reciben los pensionados con las jubilaciones más altas ha sido establecer un impuesto o contribución solidaria y redistributiva.

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