La ministra de Justicia, Fiorella Salazar Rojas, y la viceministra de esa cartera, Viviana Boza Chacón serán investigadas por los delitos de desobediencia a la autoridad judicial, incumplimiento de deberes y falso testimonio.
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El Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela ordenó abrir una investigación penal contra la ministra de Justicia, Fiorella Salazar Rojas, y la viceministra de esa cartera, Viviana Boza Chacón, por los delitos de desobediencia a la autoridad judicial, incumplimiento de deberes y falso testimonio.
El juez Juan Carlos Alvarado Miranda tomó la decisión el pasado 27 de agosto, tras verificar que Justicia desobedeció reiteradamente la orden de cierre técnico de la Unidad de Atención Integral (UAI) Reynaldo Villalobos, la cual estaba vigente desde junio del 2019. En lugar de acatar esa orden, el Ministerio ingresó más privados de libertad y mantuvo a decenas de ellos alojados en el gimnasio, sin las condiciones de salubridad y seguridad adecuadas.
El incumplimiento de Justicia fue denunciado en varias ocasiones por el defensor público Danicio Fernández Berrocal, quien realizó visitas al centro penitenciario.
Los días 23 y 25 de agosto de este año, el Juzgado de Ejecución de la Pena realizó una audiencia en la cual participaron las jerarcas de Justicia; sin embargo, la viceministra Boza se abstuvo de declarar.
Tras la audiencia, el juez Alvarado dio la razón al defensor público y determinó que Justicia incumplió varias resoluciones judiciales relacionadas con la cantidad de población que puede albergar la UAI. Alvarado ordenó testimoniar piezas ante la Fiscalía para que se investigue a las jerarcas de Justicia.
Además pidió que se investigue a la directora del Instituto Nacional de Criminología, Patricia Araya Rojas, por falso testimonio “en declaración de complacencia con las partes denunciadas”.
El juez mantuvo el cierre técnico del centro y reiteró la disposición de desalojar el gimnasio.
También solicitó que la Procuraduría General de la Ética investigue “la doble investidura y presunta ilegalidad” del nombramiento de Viviana Boza como viceministra de Justicia y directora general de Adaptación Social. Lo anterior fue solicitado por el defensor público por considerar que ejercer estos dos cargos a la vez genera “un abuso y concentración absoluto de poder, afectando así los frenos y contrapesos del Estado”.
Asimismo, el juez decidió comunicar al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, “para que se realice la apertura del procedimiento administrativo disciplinario” contra la ministra y viceministra.
Interferencia solicitó conversar sobre esta resolución con la ministra Salazar y con la viceministra Boza, quienes fueron notificadas durante la audiencia oral; sin embargo, la oficina de prensa del Ministerio de Justicia respondió mediante correo electrónico que no se ha recibido la notificación por escrito. “Una vez que eso suceda, se procederá a atender el proceso conforme a derecho”, indica el correo.
El año pasado, el Ministerio de Justicia solicitó a la Sala Constitucional que invalidara algunas normas con el fin de que jueces de Ejecución de la Pena no pudieran decretar el cierre de cárceles. La Sala rechazó conocer esa solicitud por considerar que se trataba de un asunto de independencia judicial.
Las UAI se crearon como cárceles modelo, con el fin de resocializar a las personas privadas de libertad en un espacio con condiciones dignas, libres de violencia, de drogas y con posibilidad de trabajo.
Desobediencia del Ministerio de Justicia
La UAI Reynaldo Villalobos se inauguró en el 2017 y tiene capacidad para 704 personas.
En julio del 2019, a petición de la Defensa Pública, el juez Alvarado dictó la medida correctiva de cierre técnico tras constatar que había una sobrepoblación de 18%.
La resolución mandaba a que se descongestionara ese centro penitenciario en un plazo de tres meses y que cualquier nuevo ingreso debía ser autorizado por el juez.
No obstante, un año después, la viceministra y directora a. i. de Adaptación Social, Viviana Boza, solicitó al juez permiso para ingresar a más personas y tener el 20% de sobrepoblación para lograr “disminuir el hacinamiento crítico en otros centros penitenciarios”.
El juez rechazó esa solicitud y advirtió que ni siquiera existía un informe sobre las disposiciones dadas un año atrás. Mantuvo el cierre técnico y dio un plazo de tres meses para limitar la cantidad de población a la capacidad real.
En junio de este año, por medio de entrevistas a privados de libertad y visitas al centro, el defensor Fernández detectó que se ingresaron unas 100 personas al gimnasio del centro, en condición de indiciadas (sin condena) y sin contar “con un establecimiento idóneo para sus necesidades”.
Aunque en dos ocasiones el juez Alvarado ordenó el desalojo del gimnasio y la reubicación de esas personas, estas órdenes fueron ignoradas.
El defensor público incluso hizo ver que, como una forma de “burlar” la orden dada por el juez, la Dirección General de Adaptación Social declaró que el gimnasio era parte del Centro de Atención Institucional (CAI) Gerardo Rodríguez Echeverría.
En el proceso, el defensor además alegó los espacios habilitados en el gimnasio “denigran la dignidad de la persona, puesto que no tienen condiciones básicas, y lo que se hace es prolongar su estadía en espacios limitados sin contar con condiciones mínimas, evidenciándose así que no ha existido una responsabilidad de ‘implementar y ejecutar medidas pertinentes y efectivas’ para evitar una prolongada estadía en dichos espacios”.
Añadió que las personas privadas de libertad ubicadas en ese sitio “carecen de un espacio de esparcimiento, de oportunidades socioeducativas, carecen de espacio para ejercitarse, carecen de acceso a luz solar directa, promoviendo con ello un encierro denigrante a la dignidad humana”
Al resolver las solicitudes del defensor público, el juez resaltó que este es un asunto relacionado con derechos humanos de las personas privadas de libertad y con el deber de velar porque se “respeten los procesos, modelos y proyectos penitenciarios tendientes a una mejor reinserción social, el respeto a esas garantías progresivas del cumplimiento de la pena en condiciones más humanas en todos los ámbitos de infraestructura, alimentación salud y no hacinamiento ni sobrepoblación”.
Sobre la legalidad de los nombramientos de la funcionaria Boza, el juez indicó que el defensor público tiene razón al cuestionar el argumento de la ministra de Justicia de que se trata de “funciones de ponerse y quitarse el sombrero”.
“(…) la defensa pública bien señala como absurdo esa dualidad funcional y esa justificación que realmente, verbigracia, no podría conocer asuntos en apelación una Directora General de Adaptación Social para conocer luego lo resuelto por ella misma como Viceministra (poniéndose y quitándole el sombrero)” , señaló el juez quien ordenó que esto sea revisado por la Procuraduría de la Ética y la Fiscalía de Probidad.