Juez reprochó a viceministra dar justificación “irrespetuosa” del mandato judicial al desobedecer en reiteradas ocasiones la orden de cierre técnico del centro
El Ministerio de Justicia y Paz desobedeció en reiteradas ocasiones la orden de un juez de proceder con el cierre técnico de la Unidad de Atención Integral (UAI) Reynaldo Villalobos y, por el contrario, ingresó a más privados de libertad e incluso mantuvo a unos 100 en el gimnasio de ese centro.
Los incumplimientos de Justicia incluso generaron un reproche por parte del juez de Ejecución de la Pena, Juan Carlos Alvarado, hacia la viceministra de Justicia, Viviana Boza, a quien el pasado 18 de junio le indicó que sus argumentaciones eran “reiterativas y de justificación del todo improcedente con carácter de calificación abusiva e irrespetuosa del mandato judicial de las medidas cautelares impuestas”, según indica la resolución.
El 20 de julio del 2019, el juez Alvarado dictó una medida correctiva que implicaba no permitir más ingreso de personas luego de conocer datos de sobrepoblación que en alguna ocasión llegó a superar el 20% (se considera hacinamiento crítico), el ingreso de más camarotes, falta de abordaje técnico a la población privada de libertad y hasta aparentes malos tratos de dos psicólogas, una doctora y el director del centro.
La desobediencia de Justicia fue constatada en visitas que realizaron tanto defensores públicos como jueces. En algunas de ellas, se evidenció que el gimnasio cuenta únicamente con dos policías, lo que permite que sean los residentes los que controlan el lugar, por ser mayoría, según observó el defensor Danicio Fernández el pasado 14 de junio.
También se encontró que áreas como los servicios sanitarios son zonas cerradas, sin la vigilancia adecuada, lo que podría provocar actos violentos o motines.
Además se detectó que algunos residentes, con más de tres años de reclusión, nunca han sido sometidos a los procesos terapéuticos necesarios.
El 18 de junio, el juez Alvarado dio un plazo de cinco días para la reubicación de las personas privadas de libertad albergadas en el gimnasio.
La semana pasada, Interferencia de Radioemisoras UCR solicitó al Ministerio de Justicia una entrevista para conocer si se cumplió la orden. Sin embargo, la oficina de prensa respondió que tanto la ministra como las otras personas que podrían referirse al tema se encontraban con dificultades de agenda para responder antes de la publicación.
Las UAI fueron creadas para implementar un modelo de atención que posibilitara, en las personas indiciadas, una vivencia lo más parecida a la libertad. Además su objetivo fue promover la disminución de la violencia y el consumo de drogas en esta población. Estas instituciones tienen objetivos distintos a los Centros de Atención Institucional (CAI) y según sus planes buscan mejorar la calidad de vida de los residentes.
La UAI Reynaldo Villalobos tiene capacidad para 704 personas.
Reiterados incumplimientos
A pesar de que la orden inicial del juez Alvarado se dio desde julio del 2019, en lugar de acatar las indicaciones, el 12 de agosto del 2020 la viceministra y en ese momento directora a. i. de Adaptación Social, Viviana Boza, más bien solicitó al juez poder ingresar a más personas y tener el 20% de sobrepoblación para lograr “disminuir el hacinamiento crítico en otros centros penitenciarios”, según se lee en el expediente de este proceso.
El juez lo rechazó e indicó que en ese momento ni siquiera existía un informe sobre las disposiciones dadas un año atrás.
El 10 de junio de este año, el defensor Fernández, por medio de entrevistas a privados de libertad detectó el ingreso de 100 personas al gimnasio. Fernández solicitó una medida cautelar de no ingresar a más personas indiciadas (sin condena) y que se cumpliera la orden ya girada por el juez desde el 2019.
El defensor incluso indicó al juez que para “tratar de entorpecer el proceso”, la ministra y la viceministra “delegaron” la administración del gimnasio de la UAI Reynaldo Villalobos al CAI Gerardo Rodríguez Echeverría, “ello para desvincular de la orden judicial dada, al tratarse ahora de un espacio de otro centro penal”.
Ese mismo día, el juez ordenó el desalojo de ese gimnasio en un plazo de tres días. Además pidió que se abstuvieran de ingresar a más personas y advirtió que si se daba incumplimiento daría aviso al Ministerio Público para que se investigaran los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes.
Pese a todo lo anterior, en una nueva visita realizada por el defensor Fernández el 14 de junio se encontró que se mantenían personas privadas de libertad en el gimnasio.
El juez por lo tanto dio un nuevo plazo de cinco días para reubicar a las personas y pidió que se utilice temporalmente el nuevo centro llamado Terrazas, el cual fue finalizado en diciembre del 2020 pero que se mantiene en desuso por falta de presupuesto.
