En resumen: El Poder Ejecutivo puede brindar los nombres de las empresas que, supuestamente, le han dicho al Gobierno que retirarán inversiones de Costa Rica a menos que se aprueben las jornadas diarias de 12 horas, conocidas como jornadas 4×3. Así lo aclaró la Sala Constitucional desde enero de este año.
La ministra de la Presidencia, Laura Fernández, le dijo a las jefaturas de fracción del Congreso que “sí tenemos empresas con nombres y apellidos que nos han dicho ya ‘miren, con toda la pena, inversiones incluso anunciadas, las estaríamos retirando de Costa Rica’ de no contarse” con las jornadas excepcionales. La ministra justificó que no podía dar los nombres de esas empresas “por temas de manejo comercial y política corporativa”, consignó Delfino el 22 de agosto.
Sin embargo, la Sala Constitucional descartó esa misma justificación luego de que el Gobierno se rehusara a detallar advertencias similares de la diputada oficialista, Pilar Cisneros. En un voto del 26 de enero, la Sala reafirmó que el Ejecutivo puede transparentar quiénes son los interlocutores de esos mensajes públicos, ante un recurso de amparo que Doble Check presentó contra el Ministerio de Comunicación. A partir de ese reclamo, el Gobierno admitió eventualmente que la alerta de Pilar Cisneros carecía de fundamento.
Doble Check le pidió a Casa Presidencial que transparentara el mensaje de Laura Fernández. La institución brindó una respuesta el 5 de septiembre que carece de la información requerida. En la conferencia de prensa del 11 de septiembre, Fernández volvió a negar la información con la excusa que la Sala Constitucional ya había descartado. El presidente de la República y el ministro de Comunicación evitaron que Doble Check cuestionara la justificación inválida que dio Fernández.
Nueva alarma del Gobierno
El medio de comunicación digital, Delfino, consignó el 22 de agosto que jerarcas del Gobierno “advirtieron a las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa que hay empresas ‘con nombre y apellidos’ que se irán del país o reconsiderarán sus inversiones en Costa Rica si no se emite legislación que regule las jornadas laborales excepcionales en su modalidad de jornadas 4×3”.
La primera iniciativa para las jornadas 4×3 que impulsó la administración Chaves Robles fracasó en la Sala Constitucional en noviembre pasado por vicios de procedimiento legislativo que cometieron miembros de la pasada Asamblea Legislativa. Ahora, el Gobierno pretende revivir el interés por el proyecto de ley.
“Estamos alarmados, hay varias empresas, varias industrias, varios inversionistas en el país que generan muchísimo empleo y muchísima dinamización de nuestra economía que están preocupados por el tiempo que está tomando el país en tener legislación que regule las jornadas excepcionales […] Sí tenemos empresas con nombres y apellidos que nos han dicho ya ‘miren con toda la pena, inversiones incluso anunciadas, las estaríamos retirando de Costa Rica’ de no contarse con un marco de seguridad jurídica en este campo”, anunció la ministra según Delfino.
Aún así, Fernández no transparentó cuáles son las supuestas empresas que han comunicado ese mensaje, que ella hizo público. “Aunque dijo que no podía mencionar explícitamente a las empresas por temas de manejo comercial y política corporativa, la ministra de la Presidencia afirmó que esas supuestas empresas provienen de sectores como el de manufactura, clúster médico y otras”, consignó Delfino.
Gobierno sí puede dar información
El Poder Ejecutivo sí puede detallar cuáles son las supuestas empresas que les han comunicado que se retirarán del país si carecen de jornadas 4×3. Así lo concluyó la Sala Constitucional en enero de este año, ante un recurso de amparo que Doble Check interpuso contra el Ministerio de Comunicación.
Las afirmaciones de Laura Fernández son similares a un anuncio que hizo anteriormente la diputada oficialista, Pilar Cisneros, sobre Intel y otras “importantes empresas” que se habían comunicado con el presidente. Casa Presidencial se negó a detallar el mensaje de la diputada “por razones de confidencialidad con las empresas y respeto a sus protocolos corporativos”. Laura Fernández ha repetido esa misma justificación.
Sobre esa justificación, la Sala Constitucional determinó lo siguiente:
“Dicha respuesta no es de recibo, por cuanto, lo que se solicitó fue información que no tiene relación directa con aspectos empresariales, sino solamente detalles de identificación de interlocutores, horas de las conversaciones y personas presentes, lo cual sí puede ser suministrado por la autoridad recurrida”, dijo la Sala.
La Sala le ordenó al Ministerio de Comunicación que facilitara los nombres de las supuestas empresas que estaban detrás de ese mensaje gubernamental, así como fechas de las comunicaciones y nombres de los funcionarios involucrados. Así consta en la resolución 2024001861 del 26 de enero del 2024, en el que estuvo recurrido el actual ministro de Comunicación, Arnold Zamora.
Eventualmente, Casa Presidencial reconoció que la primera alarma de Cisneros carecía de sustento. El revés en las inversiones de Intel fue una suposición que hizo el presidente Chaves a partir de una conversación que tuvo con representantes de esa empresa multinacional. El Gobierno también comunicó que el presidente “no tuvo conversaciones adicionales con otras empresas para discutir el tema de interés”.
Gobierno repite excusa y silencia corrección
La ministra de la Presidencia insistió en que no puede transparentar cuáles son las supuestas empresas que le han dicho que se retirarán del país a menos que el Congreso apruebe las jornadas 4×3. En la conferencia de prensa de Casa Presidencial del 11 de septiembre, Fernández volvió a la excusa que la Sala Constitucional ya descartó.
“Por política comercial […] no puedo venir yo aquí a decir el nombre y el apellido de la empresa porque no vamos a generar caos entre las personas trabajadoras, y tampoco voy yo a violar acuerdos internacionales de gobierno corporativo de las empresas de Costa Rica”, justificó Fernández ante una pregunta de Doble Check.
La jerarca también se refirió a una respuesta escrita que Presidencia envió a Doble Check el 5 de septiembre.
Desde finales de agosto, Doble Check pidió los nombres de las empresas que habían comunicado su posible retiro del país según Laura Fernández, con base en el precedente constitucional que avala su entrega. Aún así, en esa réplica del 5 de septiembre, Presidencia solo hizo una descripción general de cámaras empresariales que han expresado “la necesidad de contar con condiciones habilitantes clave para invertir y expandir sus operaciones y mejorar la competitividad del país”.
Doble Check intentó señalar en la conferencia de prensa que tal respuesta carecía de la información solicitada, y que la Sala Constitucional ha determinado que el Gobierno sí puede transparentar su anuncio. El jerarca de Comunicación y el presidente Chaves mandaron a callar ese contraste.
En la noche del miércoles, el Ministerio de Comercio Exterior indicó a Doble Check que ha recibido “diferentes preocupaciones de las empresas sobre la dificultad de mantenerse y reinvertir en el país a través de las diferentes cámaras que las agrupan”, y que las cámaras “han reiterado la importancia de que, en caso de no mejorar estas condiciones, las empresas elegirán otros destinos para establecer sus inversiones”. La institución no dio los nombres de esas empresas, ni aclaró si sabe o desconoce cuáles son.
Doble Check recurrirá a la Sala Constitucional nuevamente para procurar que el Poder Ejecutivo se refiera directamente al contenido de la alarma que repitió Laura Fernández.