El actual Gobierno creó la figura del Comisionado de Inclusión Social. Sin embargo, activistas y organizaciones señalan que Ricardo Sossa invisibiliza los temas prioritarios para poblaciones afro, LGTBIQ+, personas con discapacidad y personas indígenas.
Las poblaciones vulnerables que por decreto debe atender el Comisionado de Inclusión Social coinciden en que la labor desempeñada por Ricardo Sossa Ortiz ha invisibilizado la agenda de temas prioritarios para estos grupos. Así lo plantearon activistas y organizaciones consultadas por Interferencia de Radios UCR sobre el trabajo realizado por Sossa desde julio pasado.
Sossa respondió que su figura no invisibiliza a las diferentes poblaciones, y por el contrario, consideró que se apega al cumplimiento de lo que establece el decreto ejecutivo que le nombró en el cargo.
Eso sí, el nuevo comisionado reconoció que sus potestades son limitadas en ciertos temas, como con poblaciones indígenas y personas con discapacidad donde existen otras instituciones rectoras.
La figura del Comisionado de Inclusión Social surgió en la actual administración con el fin de atender las demandas de cuatro poblaciones vulnerables. Este cargo reemplazó al del Comisionado de Asuntos de la Población LGTBIQ+ y al Comisionado para Asuntos de la Afrodescendencia, que articularon la agenda de estas comunidades específicas en anteriores Gobiernos.
Pero además, a este nuevo Comisionado de Inclusión Social se le sumó la coordinación de políticas públicas para poblaciones con discapacidad e indígenas. Esto a pesar de que en el país existen instituciones destinadas a la atención específica de estos grupos, como el Consejo Nacional Indígena (Conai) y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).
Vía decreto ejecutivo, a Sossa se le asignaron 10 tareas específicas para tutelar derechos de las personas con discapacidad, indígenas, afrodescendientes y LGTBIQ+. Algunas de estas funciones incluyen dar seguimiento y evaluar los planes contra la discriminación, así como apoyar la promoción de proyectos destinados al respeto de estas poblaciones.
Otro de las funciones establecidas por el decreto ejecutivo es establecer mecanismos de participación de la sociedad civil en el diseño y evaluación de los programas y políticas públicas.
Pese a estos mandatos vía decreto, en el caso de la población con discapacidad el contacto con el nuevo comisionado es nulo, según planteó la activista de este colectivo, Nicole Mesén, quien denunció que Sossa no ha generado mesas de trabajo o acercamientos para ningún tema relacionado con la comunidad.
La activista afirmó que aunque la población con discapacidad tiene instituciones como Conapdis, el rol de un comisionado es de impacto, “porque puede generar articulación y espacios de diálogo”. No obstante afirmó que a la fecha la labor de Sossa en este cargo no se ha visto reflejada.
Mesén señaló que, por ejemplo, Sossa podría buscar que Presidencia escuche las preocupaciones de las personas con discapacidad sobre proyectos como el que pretende ampliar la vida útil de autobuses, pero hasta ahora no ha existido ese trabajo por parte del comisionado, según indicó.
“Ahí es donde la misma población se ha dado cuenta que ha dejado mucho que desear la labor de don Ricardo”, añadió Mesén.
Otras de las tareas que asumió Ricardo Sossa como comisionado de Inclusión Social es la atención de las necesidades de pueblos indígenas y la búsqueda de soluciones a la problemática de tierras en estos territorios. Sin embargo, hasta ahora el nuevo comisionado no se ha acercado a organizaciones como el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi).
El presidente de Frenapi, Pablo Sivas, dijo que el comisionado “es una instancia que no existe para los territorios indígenas”.
Sivas planteó que el único encuentro con Sossa fue durante una visita de la Mesa Técnica Interinstitucional que aborda el tema de la problemática de tierras en comunidades indígenas y de la cual el comisionado es parte. En esta reunión, realizada el año pasado en Buenos Aires de Puntarenas, el Frenapi le entregó una serie de peticiones que al día de hoy no han sido contestadas.
Según el dirigente indígena, por el contrario, como parte del trabajo de la Mesa Técnica, el comisionado se ha reunido con representantes de Asociaciones de Desarrollo de Territorios Indígenas, las cuales en algunas comunidades no son reconocidas por los pobladores originarios.
Sivas incluso lamentó que el comisionado no se haya pronunciado sobre las amenazas del Ejecutivo de criminalizar a las personas recuperadoras de territorios.
Con respecto a la población afrocostarricense, Pamela Cunningham, de la organización Costa Rica Afro, aseguró que no se les ha contactado por parte del comisionado pese a que en anteriores administraciones sí mantenían una relación cercana con la figura del comisionado para Asuntos de la Población Afrodescendiente.
La activista le reclama al comisionado la falta de posicionamientos ante los hechos de racismo denunciados en los últimos meses. “No lo hemos escuchado posicionarse, como tampoco lo hemos escuchado posicionarse con ningún otro grupo marginalizado”, afirmó Cunningham.
La activista aseguró que durante la gestión de Sossa no han habido avances para las poblaciones afro. “Un comisionado que tenga bajo su sombrilla todos los grupos con necesidades no es la mejor estrategia y el señor encargado creo que tampoco tiene el nivel de conocimiento y asesoría que necesita para hacer un trabajo apropiado”, manifestó Cunningham.
La excomisionada de Asuntos de la Población LGTBIQ+, Margarita Salas, manifestó que la decisión de concentrar la atención de comunidades en un solo comisionado provocó una “pausa” en la agenda de Derechos Humanos de la población sexualmente diversa. Salas consideró que, debido a esta inacción del nuevo comisionado, se podrían perder algunos avances en materia de sensibilización.
La activista comentó que el nuevo comisionado no continuó con las capacitaciones virtuales a personas funcionarias públicas en temas de Derechos Humanos. Además,denunció que no existe un rol activo de Sossa en impulsar la convocatoria en sesiones extraordinarias de proyectos de interés de la comunidad sexualmente diversa.
“Se hizo una solicitud de convocar el proyecto para prohibir torturas de conversión, pero no habido ninguna respuesta o gestión por parte del Ejecutivo cuando tiene el control de la agenda legislativa. También hay interés en convocar iniciativas para por fin reconocer la identidad de género de las personas trans, pero tampoco ha habido posibilidad de mover este tema”, afirmó Salas.
Según Salas, el nuevo comisionado estaría incluso incumpliendo directrices y decretos vigentes. Señaló por ejemplo el decreto que establece el 17 de mayo como el “Día Nacional contra la homofobia, la lesbofobia y la transfobia” y que exhortaba a las instituciones públicas a difundir los objetivos de la efeméride. No obstante, la activista planteó que no ha habido ningún esfuerzo del Ejecutivo por conmemorar la fecha.
Manine Arends, integrante del Grupo de Apoyo para Familiares y Amigos(as) de la Diversidad Sexual (Gafadis), afirmó que la fecha se ha invisibilizado pese a las advertencias hechas a Sossa por colectivos de la diversidad, que incluso le hicieron ver al comisionado que la conmemoración había sido eliminada del calendario escolar 2023 del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Incluso este fue uno de los motivos que señaló Arends en un correo electrónico enviado, en febrero pasado, al comisionado para presentar su renuncia como enlace en el Comité Consultivo de Inclusión Social.
Este comité está integrado por sectores sociales elegidos por el comisionado con el fin de apoyar su trabajo, pero según el correo de Arends, no había claridad sobre las funciones de las personas que serían los enlaces. Además reprochó que las designaciones hayan sido a dedo.
En este mismo correo Arends planteó: “considero que un comisionado para atender a cuatro poblaciones, sin asistencia administrativa/técnico, es inviable, pero no somos las personas enlaces de las poblaciones empleados del Ejecutivo, para que nos asignen la toma de notas en reuniones, la elaboración de informes o la asistencia a todas las reuniones”.
La activista además denunció que el comisionado ha defendido la actuación del Gobierno priorizando la agenda económica sobre los temas sociales.
“Considero que la figura de comisionado puede impulsar temas y tiene un acceso privilegiado a tomadores de decisión, que puede ser muy favorable para las poblaciones, sin embargo, muchos de los avances no se han dado, porque no hay un interés real por parte del Ejecutivo para avanzar en los derechos humanos”, señaló Arends.
En Gobiernos anteriores, las funciones del Comisionados de Asuntos de la Población LGTBIQ+ y del Comisionado para Asuntos de la Afrodescendencia funcionaron sin retribución económica.
Ahora, por su labor de Comisionado de Inclusión Social, Sossa recibe un pago desde octubre pasado. Ante consultas hechas por Interferencia de Radios UCR, Casa Presidencial confirmó que a Sossa se le brindó un nombramiento en una plaza de confianza y cada mes se le paga ¢342.000, ya que sus títulos internacionales aún están en proceso de homologación.
La visión del nuevo comisionado
El comisionado de Inclusión Social negó que durante su gestión se haya invisibilizado las agendas de poblaciones vulnerables. Sostuvo que él siempre está dispuesto “para el pueblo”, por lo que las puertas de su despacho están abiertas.
Sossa defendió que su trabajo sea remunerado y afirmó que era injusto realizar este trabajo ad honorem, como en anteriores Gobiernos. “Esa es la importancia que esta administración le da a los Derechos Humanos. ¿Cómo va a tener usted a una persona con una obligación tan grande sin una oficina y sin un salario?”, cuestionó el comisionado.
Sossa indicó que, además, él no toma decisiones solo sino que se apoya en el comité consultivo de Inclusión Social, el cual fue establecido vía decreto. Según explicó, ese comité está conformado por representantes de organizaciones LGTBIQ+ y de poblaciones afrodescendientes, además de representantes de instituciones públicas.
El comisionado reconoció que, en el caso de las poblaciones indígenas y de personas con discapacidad, su trabajo es limitado, porque existen otras entidades dedicadas a esos temas.
Además, dijo que la población con discapacidad es atendida por la vicepresidenta de la República y ahora también ministra de Salud, Mary Munive; mientras que en lo relacionado a poblaciones indígenas las decisiones se toman en la Mesa Técnica Interinstitucional que coordina el viceministro de Justicia y Paz, Sergio Sevilla.
Según Sossa, la carga de trabajo es bastante grande y, por ende, los temas se priorizan según las necesidades que definan las personas enlaces de organizaciones dentro del comité consultivo que se conformó.
El comisionado mencionó que en los últimos meses se ha venido trabajando en procesos para sensibilizar a la Fuerza Pública para cuando deben atender situaciones de violencia denunciadas por personas trans, así como en temas de salud sexual y en acompañamiento a derechos de personas migrantes sexualmente diversas.
Sobre la ausencia en las convocatorias de sesiones extraordinarias de proyectos de ley importantes para poblaciones sexualmente diversas, como la iniciativa para prohibir las terapias de conversión, Sossa afirmó que esta es una labor que le compete a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz.
“No se trata así de que Ricardo va a mandar un proyecto de ley o va a hacer lobby por un proyecto de ley equis, porque estaría haciendo una falta grave (…) “Lo que sí he hecho es apoyar estos proyectos”, expresó el comisionado.
El comisionado afirmó que la respuesta que le ha dado la ministra de Presidencia es que están considerando la iniciativa para impulsarla. Según Sossa, en las sesiones legislativas extraordinarias anteriores estas iniciativas no fueron convocadas “porque teníamos una situación amenazante que era la economía del país y era necesario aprobar los Eurobonos”.
Sossa defendió el impulso de esta agenda de temas económicos del Ejecutivo, ya que según expresó, “la inclusión social también es erradicar el hambre y mejorar las finanzas del país”.
Con relación a lo señalado por organizaciones LGTBIQ+ sobre la invisibilización de fechas como el Día Nacional contra la homofobia, la lesbofobia y la transfobia, que se conmemora este miércoles 17 de mayo, Sossa afirmó que la conmemoración en Casa Presidencial se hará en otra fecha según petición que hicieron las personas enlaces en el comité consultivo.
Además, según el comisionado, es falso que el MEP haya sacado la fecha de su calendario escolar. Indicó que la fecha habría sido retirada antes del 2019. “Yo simplemente soy un comisionado, no doy instrucciones, cada jerarca debe conocer efeméridades y decretos para difundir y educar contra la discriminación”, manifestó.
Sobre los hechos racistas denunciados en un colegio en Alajuelita, Sossa aseguró que a la ministra de Educación, Anna Katharina Mülle, es a quien le correspondía pronunciarse y no a él. Sossa añadió que, sin embargo, él condenó lo sucedido en una entrevista brindada a un medio de comunicación.
Sossa agregó que se comunicó con la jerarca. “No hay que hacer falsedades de que el Gobierno se quedó callado. Sí hubo pronunciamiento oficial por parte de a quién le correspondía en ese momento, que eran los jerarcas de esas instituciones”, afirmó.