Coordinadora de Lucha Sur-Sur cuestiona a Gobierno por pedir detener las recuperaciones de tierras indígenas

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David Chavarría Hernández (davidchavarriahernandez@gmail.com)
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El Gobierno alega que las recuperaciones indígenas ‘ocasionan ambiente hostil’ y violencia, pero la organización le responde que la violencia se genera por la ocupación ilegal de tierras e inacción estatal


La más reciente recuperación de tierras indígenas ocurrida en Cabagra de Buenos Aires, Puntarenas, motivó al Gobierno de la República a pedir que se detengan este tipo de acciones alegando que generan un “ambiente hostil” y “violencia”.

Ante eso, la Coordinadora de Lucha Sur-Sur respondió al Gobierno que el conflicto se genera por “la ocupación ilegal de los territorios” y porque el “Plan RTI (para devolver las tierras a pueblos indígenas) no tiene un solo avance desde que se instauró”, según dijo a Interferencia Gustavo Oreamuno, de dicha organización.

Este viernes, indígenas bribris completaron la recuperación de una propiedad ubicada en la comunidad Dí Bütok Wüyïrké (Las Juntas) en el territorio Yäbamï Dí Kàtá (Cabagra).

La recuperación de ese terreno había iniciado desde abril del 2021 por parte de la familia Sandí Morales, del clan Duri Wak. En aquel momento, un sujeto no indígena, de apellidos Pérez Jiménez, se mantenía atrincherado en un corral de la finca, hasta este viernes cuando un grupo de vecinos indígenas tomaron control de las 104 hectáreas de terreno, según informó la Coordinadora de Lucha Sur-Sur.

“Ante esto, el Gobierno de la República hace un llamado al cese a la violencia en el territorio indígena Cabagra, donde oficiales de la Fuerza Pública se mantienen alertas para evitar enfrentamientos entre las partes involucradas”, dice el comunicado enviado por Casa Presidencial.

Tras esa acción, la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que afirmó que estos hechos de recuperación ocasionaron “un ambiente hostil” y que esto “no permite avanzar con prontitud los procesos de recuperación que se realizan a través de los mecanismos legales establecidos, en perjuicio de los derechos humanos de los habitantes de este territorio”.

“Ante esto, el Gobierno de la República hace un llamado al cese a la violencia en el territorio indígena Cabagra, donde oficiales de la Fuerza Pública se mantienen alertas para evitar enfrentamientos entre las partes involucradas”, dice el comunicado enviado por Casa Presidencial.

El viceministro de Justicia y Paz, Sergio Sevilla, quien además es coordinador de la Mesa Técnica Interinstitucional para tratar los temas indígenas, dijo a Interferencia de Radios UCR que respalda el comunicado de Presidencia.

“Con las recuperaciones están generando violencia”, manifestó Sevilla.

El viceministro cuestionó los procesos de recuperación al señalar que “el territorio es de una comunidad, no de unas personas, por ejemplo, ¿qué va a pasar con esta finca que recuperaron? ¿se la va a dejar la familia Sandí o quién se la va a dejar? Porque tenemos claro que (la propiedad) está dentro del territorio y el territorio lo maneja por una cuestión administrativa la ADI (Asociación de Desarrollo Integral)”, expresó el funcionario.

Además, añadió: “Les decimos que por favor paren las recuperaciones, las agresiones. Nosotros estamos trabajando. Nosotros no queremos que haya violencia. Lo que queremos es evitar que haya algún tipo de agresión e incluso alguna muerte. Lo que estamos llamando es a la calma, que nosotros tenemos un plan de recuperación de tierras y estamos en un Estado de Derecho”.

Ante esas declaraciones, la Coordinadora de Lucha Sur-Sur señaló que “las recuperaciones son el recurso que tienen los compañeros y compañeras para hacer valer su derecho a la tierra y ante la inacción del Estado, pues es lo único que queda. Esto es un ejercicio del derecho a la tierra por parte de la comunidad indígena”, según indicó Gustavo Oreamuno.

Oreamuno agregó que, tras varios años, “el Plan RTI no tiene recursos financieros necesarios para ejecutarse por lo que se mantiene atrasado y a la fecha sin resultados en el proceso de recuperación de tierras”.

Sobre lo sucedido en Cabagra, la Coordinadora de Lucha Sur-Sur denunció que desde el año pasado, cuando inició la recuperación, el hombre de apellidos Pérez Jiménez ha sido protagonista de múltiples agresiones en contra de la familia Sandí Morales.

Según un comunicado de prensa de la Coordinadora, las agresiones van desde “violencia psicológica y racista, amedrentamiento, hostigamiento, ha disparado al aire, ha amenazado de muerte a la familia recuperadora”.

La organización aseguró que ese sujeto y sus peones se encuentran denunciados judicialmente y que “incluso cuenta con medidas cautelares y no puede acercarse a la familia Sandí Morales. Medida que es violentada constantemente”.

La Coordinadora además resaltó que las recuperaciones están dentro del marco ”jurídico nacional, constitucional e internacional”.

Nuriet Sandí, indígena bribri del territorio Yäbamï Dí Kàtá y parte de la familia recuperadora, afirmó qué el hombre había deforestado parte de la finca para tener ganado.

Nuriet además manifestó que los procesos de recuperación de tierras por parte de las vías de hecho continuarán realizándose en las comunidades indígenas pese al llamado del Ejecutivo de cesar estas acciones. “Hay que seguir apoyando a los compañeros”, apuntó.

La tarde de este sábado, además, la familia Zúñiga Fernández del Clan Kibegröwak que pertenece al Pueblo Cabécar y que habita el Territorio Cabécar de China Kichá, inició un proceso de recuperación de tierra-territorio, según informó la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, la cual resaltó que se trata de una “acción legítima y legal, de acuerdo al marco constitucional costarricense y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”. A partir del día de hoy, ese terreno será conocido como China Klö, según indicó.

¿Hay avance en los planes del Gobierno?

Se le preguntó al viceministro Sevilla si, a raíz de los hechos ocurridos el viernes, ha tenido contacto con la población indígena de Cabagra o si viajaría al territorio Yäbamï Dí Kàtá, ante lo cual respondió: “No hemos tenido contacto estamos esperando ver qué va a pasar, porque en este momento los ánimos están caldeados ahí, entonces es como peligroso en este momento ir al lugar”.

El jerarca adujo que, además, se está a la espera de la redacción completa del reciente voto de la Sala Constitucional que ratificó la nulidad de compra de propiedades indígenas por personas externas a los territorios si se concretaron después de la entrada en vigencia de la Ley Indígena de 1977.

Según el viceministro, luego de que este voto sea conocido se podrán reanudar con los procesos administrativos que realiza el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) para determinar cuántas personas no indígenas, que están dentro de los territorios, deberían ser indemnizados como plantea la legislación.

“Es un problema de Estado, no es un problema de este Gobierno, eso se viene arrastrando desde hace muchos años. Sí le puedo decir que nosotros estamos trabajando fuertemente con las investigaciones a nivel de Inder para determinar si son personas (que adquirieron propiedades) de buena o mala fe”, añadió el viceministro.

El viceministro afirmó que el Plan de Recuperación de Tierras Indígenas (Plan RTI), elaborado en la administración de Luis Guillermo Solís, es el punto principal de la agenda en temas indígenas.

“Si hay que expropiar, pagamos y se expropia, y si hay que desalojar, se desaloja. Lo que pasa es que estamos en este proceso para determinar quién es de buena o mala fe”, indicó Sevilla, quien añadió: “lo que usted tiene que tener claro es que no nos vamos a ir con puro discurso como en los últimos ocho años”.

El viceministro de Justicia y Paz manifestó que también se valora reubicar a las familias que no sean poseedoras de buena fe a propiedades del Inder para “no dejarlos en la calle”. Sevilla explicó que con esto se busca evitar un nuevo conflicto social.

“El trabajo de nosotros es integral, no vamos a generar un problema social con personas que tienen necesidades”, dijo.

Además, detalló que la administración anterior dejó presupuestado el pago para la recuperación de tres propiedades en territorios indígenas, mientras que según Sevilla, el próximo año Inder presupuestará ₡16.000 millones para pagar las indemnizaciones a poseedores de buena fe.

Indicó también que durante los últimos meses han hablado de manera transparente y clara con los representantes de organizaciones indígenas, principalmente en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas, sobre la urgencia de saldar la deuda histórica del Estado con las poblaciones originarias. No obstante, el funcionario reconoció que las limitaciones a nivel de personal hacen que sea casi “imposible recuperar todo en los próximos años”, aunque insistió en que “tenemos que trabajar para ayudar a recuperar la mayor parte de las fincas”.

También recordó que el trabajo de las autoridades en la zona no solo tiene que ver con el tema de tierras.

“Hay que tener claro que nosotros no solo estamos en esto, estamos trabajando en otras necesidades como caminos, puentes, educación, salud, conectividad, y estamos trabajando en todo, porque las necesidades no son solo de tierras, aunque tenemos claro que para que se puedan desarrollar ocupan tierra, sin tierra ellos no pueden hacer nada”, indicó.

Sevilla insistió: “Sí le rogaría que recalque que no queremos violencia, que estamos trabajando fuertemente para ayudar con las recuperaciones y que el fin primordial es proteger a los 24 territorios indígenas”.

El Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Francisco Calí-Tzay expresó vía twitter su preocupación por las amenazas a las personas recuperadoras bribris en el territorio de Cabagra. Calí-Tzay hizo un llamado urgente “a acelerar los procesos de restitución de sus tierras”. Señaló la necesidad de que “el Estado garantice la protección a la integridad de los y las defensoras de la tierra, su derecho a la tierra y se propicie el diálogo franco y efectivo”.

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