Gobierno descarta nombrar a persona comisionada LGBTIQ+ y creará comisionado de ‘integración social’

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Por María Laura Molina Cordero y Hulda Miranda Picado
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La figura del Comisionado LGBTIQ+ se creó en el 2018 a través de un decreto ejecutivo. Dentro de sus funciones está mantener un diálogo con la sociedad civil y y dar seguimiento a las políticas públicas de no discriminación.

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El Gobierno de Rodrigo Chaves no nombrará a una persona comisionada para asuntos relacionados con la población LGBTIQ+ y creará un nuevo Comisionado de “integración social”.

Esto se desprende de una respuesta enviada por la oficina de prensa de Casa Presidencial, ante consulta de Interferencia de Radios UCR, ya que a más de un mes del inicio del nuevo Gobierno no se había designado a ninguna persona en el cargo ni se había hecho mención alguna al tema.

Específicamente, este medio consultó si se nombraría a una persona en ese puesto, por qué no se había hecho el nombramiento y, en caso de que no se fuera a designar a alguien, cuáles eran las razones.

Diecisiete días después de la consulta, la Dirección de Información y Comunicación de Casa Presidencial respondió por medio de un escueto correo electrónico: “En atención a su consulta respetuosamente me permito indicar que se nombrará una persona comisionada en temas de integración social, la cual abarcará diversos ámbitos. Una vez nombrada se hará de conocimiento público y en apego a la normativa vigente”.

El correo no brinda más detalles sobre cuáles ámbitos abarcará esa nueva figura.

La figura del Comisionado de la Presidencia de la República para asuntos relacionados con las personas LGTBIQ+ se estableció mediante el Decreto Ejecutivo N° 441158 el 17 de mayo de 2018, poco después de asumir la presidencia Carlos Alvarado y en el Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia.

El decreto establece que entre las funciones de la persona comisionada está dar seguimiento y evaluar los planes para erradicar la discriminación por orientación sexual e identidad y expresión de género en las instituciones públicas, así como apoyar la promoción y avance de proyectos de ley relacionada a los derechos de las personas LGBTIQ+.

Otra de las funciones implica la coordinación con distintas instancias públicas para recolectar datos sobre identidad de género y orientación sexual y así, poder alimentar políticas públicas específicas.

Además, el decreto crea el Comité Consultivo con el fin de mantener un constante diálogo con organizaciones de sociedad civil e instancias públicas y así, poder atender las necesidades de la población LGBTIQ+.

En su primer discurso como mandatario, Rodrigo Chaves aseguró que su gobierno no iba a retroceder en el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Jota Vargas, excomisonade LGBTIQ+, consideró que al no nombrar a alguien para el puesto, se da un claro retroceso.

“Cada población tiene sus necesidades y retos propios. Por eso, desde las distintas organizaciones de derechos humanos de las personas LGBATIQ hemos exigido que nombren a una persona en este cargo”, afirmó Vargas.

El pasado 17 de mayo, Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia, el actual Gobierno no conmemoró la fecha ni izó la bandera de la diversidad, como se había hecho en años anteriores. La conmemoración en esta fecha fue establecida originalmente por decreto presidencial en 2008 como Día Nacional contra la Homofobia. En años posteriores hubo reformas hasta convertirse en febrero del 2018 en Día nacional contra la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia.

Ese decreto del 2018 establece que “las instituciones públicas deberán difundir ampliamente los objetivos de esta conmemoración, así como facilitar, promover y apoyar las acciones orientadas a la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia”.

El próximo 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, fecha que conmemora y celebra el orgullo de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queers.

En distintos países, se organizan marchas y protestas para visibilizar la lucha, exigir el cumplimiento de sus derechos y erradicar la discriminación. En el caso de Costa Rica, el próximo domingo 26 de junio la población tomará las calles de San José para conmemorar y celebrar la fecha.

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