En la primera parte de su comparecencia ante diputados, la mañana de este miércoles, el presidente de la República, Carlos Alvarado, defendió la legalidad de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), aunque una vez más, reconoció un “error” en la redacción del decreto que lo formó.
Alvarado admitió que fue erróneo el artículo 7 de ese decreto, que permitía pretender el acceso a “información confidencial”. “Es un error de redacción que llama a la confusión”, insistió ante una consulta de la legisladora liberacionista Ana Lucía Delgado. Por ello, el decreto fue derogado posteriormente, según dijo.
Por lo demás, sostuvo que “nadie espió a nadie, nadie vendió información. Sí, se analizaron datos como lo hacen los países desarrollados para mejor gobernar”, manifestó.
Según el mandatario, se emplearon datos para análisis de temas presupuestarios, combatir la pobreza, identificación de patrones delictivos, priorización de infraestructura en el Ministerio de Educación Pública (MEP), entre otros. La intención siempre fue usar datos anonimizados, sostuvo.
Ante consultas de la diputada y presidenta de la comisión legislativa investigadora de este caso, el presidente indicó que él daba las órdenes directamente a Diego Fernández, coordinador del grupo de analistas de datos. No obstante, Alvarado aclaró que él les expresaba los objetivos generales de política pública y ellos hacían el respectivo análisis de los datos.
¿Datos personalizados?
Aunque reiteradamente el mandatario sostuvo que nunca se vulneró la privacidad de la población y que el interés siempre fue obtener información anonimizada, el legislador independiente, del bloque Nueva República, Jonathan Prendas, le expuso ejemplos que previamente han salido en medios de comunicación, en los que, al parecer, los analistas de datos sí solicitaron información con nombres y apellidos de la ciudadanía.
Prendas le preguntó si había autorizado a sus asesores para pedirle a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) acceso a la data del Centro de Información Crediticia (CIC) donde se registran las deudas. “No era estadístico, era el detalle”, sostuvo Prendas.
También le mencionó otros datos del sistema financiero, así como registros de las denuncias que se interponen ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Según Prendas, en este último caso se solicitaron detalles de: fecha, hora, víctima, subvíctima, edad, género, nacionalidad, provincia, cantón y distrito.
Prendas además afirmó que Santiago Álvarez, asesor del presidente, solicitó al ministro de Seguridad “informes policiales y actas de comiso” y que el ministro accedió a entregar esos datos.
También hizo alusión a supuestas solicitudes sobre información desagregada del Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
“Eso no es información estadística, es información personalísima que los beneficiarios no accedieron a pasársela a nadie”, insistó el legislador, quien finalizó con una mención a registros de 16.000 personas privadas de libertad y de centros religiosos.
El mismo Prendas afirmó que no en todos los casos las entidades accedieron a entregar los registros, sin especificar cuáles supuestamente sí lo hicieron (solo señaló el caso del Ministerio de Seguridad).
“Dígame, para qué iban a necesitar la información personal, información de santos y señas, porque una cosa es la información estadística y otra cosa es qué deudas tengo, porque creo que ustedes no se las iban a pagar a nadie”, expresó el diputado.
Ante todos esos cuestionamientos, Alvarado se limitó a responder: “Ni a mí ni al equipo nos interesa ni nos interesó el dato singular de la persona costarricense, del individuo. Como dije en la carta que le envié a la contralora, nos interesaban datos anonimizados. Le pongo un ejemplo, porque nunca me correspondió hacer directamente las peticiones de datos, pero yo sí pedía al equipo de datos que buscarámos tener la información mejor posible sobre el tema del alto sobreendeudamiento de Costa Rica”, indicó Alvarado.
Poco después, se agotó el tiempo para esta intervención.
Anteriormente, se dio a conocer que la UPAD solicitó información a la Sugef, pero esta entidad se negó por ser datos confidenciales. Lo mismo ocurrió con el OIJ.
El Ministerio de Seguridad, por su parte, adujo que se entregó la información a un asesor de Alvarado porque el presidente es el jefe de la Fuerza Pública.
El mandatario también indicó en su intervención de hoy que desconoce si el decreto fue revisado o no por el área de Leyes y Decretos. Según dijo, lo firmó porque consideró que al llegar a su oficina ya había pasado por las revisiones necesarias.
La tarde de este miércoles continuará la ronda de preguntas. La sesión culminará a las 6 p. m.
Claves del celular
El caso de la UPAD es también objeto de una investigación penal, en la que fueron decomisados aparatos electrónicos del presidente.
El legislador independiente, Dragos Dolanescu le increpó por no entregar sus claves de los celulares a la Fiscalía, lo cual Alvarado desmintió asegurando que siempre cooperó en ese sentido.
Entonces, Dolanesu le preguntó: “¿Es cierto que su clave era 123456?”
El presidente respondió: “Eso demuestra que su pregunta es de mala fe, porque aseveró que yo no había compartido mis claves y usted sabía que yo las había compartido”.
