El manejo errático de la investigación de la UPAD activó tensiones que ya rodeaban a la defensora de los Habitantes. Voces de dentro, fuera, afines o adversas le piden ahora la renuncia y surge la posibilidad de investigarla en el Congreso.
Acabada la presentación de rutina del informe anual de labores 2019-2020, la defensora de los Habitantes recibió de inmediato una previsible descarga de críticas de diputados oficialistas que siempre la han objetado, pero ahora tienen motivos especiales.
La gestión de la defensora Catalina Crespo en el escándalo de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) sería un flanco de críticas seguro desde los diputados oficialistas, aunque no estaba seguro lo que haría el resto de diputados ese jueves 25 de junio, un año y siete meses después de que fue nombrada con el respaldo del Partido Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y el bloque independiente Nueva República.
Una a una fueron sumándose las voces a la petición de renuncia o a la posibilidad de abrir un procedimiento para destituir del cargo a esta mujer que ha desarrollado la capacidad de poner juntos en su contra a bandos que suelen estar enfrentados.
Diputados de siete fracciones se sumaron a la petición del Partido Acción Ciudadana (PAC) para que Crespo deje el cargo. Aunque los motivos varían, coinciden en considerar imperdonable el manejo del procedimiento que ella lidera sobre la supuesta violación de la privacidad de los datos de ciudadanos mediante la UPAD que se creó en Presidencia formalmente en febrero y se disolvió en marzo, cuando llovían las críticas contra el gobierno de Carlos Alvarado.
La intervención intempestiva en el caso UPAD, el protocolo pobre de la visita que hicieron a la Casa Presidencial y el extravío de una parte del audio de esa visita, así como un aparente retiro del nombre de Rodolfo Piza (el socialcristiano que ocupaba el ministerio de la Presidencia) en el informe de investigación, son las facturas que en general le cobran los legisladores.
“Tuve grandes expectativas de su labor (…) pero me siento absolutamente decepcionada del daño a la credibilidad de esta institución. Ha dirigido una investigación torpe, negligente y poco transparente”, dijo la liberacionista Franggi Nicolás ese jueves, una de las frases fuertes que abundaron durante la audiencia.
Pero las críticas no quedaron entre los diputados que la eligieron a ella. Otro factor es el conflicto hecho pública entre la defensora y el Consejo de Directores de la Defensoría, que al día siguiente acordaría pedirle también la renuncia a su superiora, aunque en este caso el manejo del tema de UPAD ha sido solo el detonante.
A ellos se suma la posición del sindicato interno de la Defensoría, el Sidef, que asegura “existen un sinnúmero de situaciones que hacen inviable su continuidad”. Entre los señalamientos está falta de liderazgo, mal ambiente laboral, falta de pericia en el manejo de una institución pública, se lee en un comunicado emitido el mismo viernes.
Días después llegaría un pronunciamiento firmado por más de 50 funcionarios de la Defensoría en la misma línea, un tercio del personal de planta. “Quienes formamos parte de la Institución y conocemos su realidad cotidiana, consideramos que su permanencia torna muy difícil encauzar la gestión con la confianza y credibilidad que se requiere”, dice el documento.
Así llegó Crespo a fin de mes, cuestionada por quienes la apoyaron y la adversaron, por sus “superiores” (Congreso) y por los subordinados (personal de la Defensoría), con la posibilidad de que prospere una moción de varios diputados para abrirle un procedimiento que podría desembocar en la destitución. Algo parecido a lo que ocurrió con el contralor Álex Solís en 2004 o con el magistrado Celso Gamboa en 2018.
Ahora es Crespo la que acapara las noticias. El rostro nuevo que llegó a finales de 2018 con el apoyo de diputados conservadores, está ahora envuelta en un incendio político cuya humarada parece nublar a las investigaciones contra el Gobierno sobre la UPAD, pero también otros asuntos que serían típicos de atención de la Defensoría y hasta ahora han quedado de lado, como la detención policial de una mujer que se manifestaba el miércoles en Tamarindo contra las medidas de restricción ante la pandemia de covid-19.
Defensoría en crisis
La Defensoría de los Habitantes vive una crisis en momentos de crispación social, de deterioro de la política representativa y de pauperización de las condiciones de vida de la mayoría de la población. La Defensoría ahora es parte del problema y su credibilidad está en juego, coincide hasta la propia Crespo.
Ella lo ve como “movimientos para cuestionar y debilitar a los órganos de control que debilitan la democracia de un país y la credibilidad, tanto en lo local como internacional”, como pronunció el jueves en el plenario legislativo.
La institución se acerca a cumplir tres décadas en medio de la lente del cuestionamiento popular. Lo hace bajo la sombra de poca eficacia en su trabajo, a pesar de aportes en promoción de los derechos humanos, de conciliación y de atención de quejas de ciudadanos que no paran de llegar. En 2019 se recibieron 26.915 denuncias, la mitad de ellas desde zonas rurales, informó la institución en un comunicado.
Catalina Crespo es la octava persona que ocupa el puesto de representación de la Defensoría de los Habitantes y confirma al carácter personalista de la institución, lo que la ha sometido a distintos estilos a lo largo de los años. Llegó al resultar electa en 2018 después de presentarse como una conocedora técnica de los derechos humanos y experimentada consultora de organismos internacionales, aunque con un escaso bagaje en asuntos públicos y recorrido en organizaciones de bien social como la Fundación Monge, del Grupo Monge, y Obras del Espíritu Santo, del conocido sacerdote Sergio Valverde.
Ahora, año y medio después del nombramiento, los cuestionamientos internos le achacan pasar por encima de los procedimientos escritos, impulsar un enfoque más caritativo que técnico y aferrarse a un estilo personalista, mediático y conflictivo que la aleja cada vez más del personal de la Defensoría o, en concreto, de ese Consejo de Directores que acabó pidiéndole a Crespo una acción que ella parece no tener en su baraja: irse.
Aunque sus palabras abren espacios para la duda. “Nunca había estado en política y pensé que este puesto no era tan político, me equivoqué completamente y no me interesa la política. Me interesa poder volver a Estados Unidos, al Banco Mundial, al BID o a las Naciones Unidas a hacer el trabajo que hacía antes y además con la experiencia que he tenido a nivel operativo”, dijo en una entrevista en el Diario Extra.
Ese retorno a funciones pasadas, parece, no estará cercano. La defensora está dispuesta a confrontar las críticas diversas porque asegurar sentir apoyo de ciudadanos ajenos a los grupos de presión que más bien la impulsan a intensificar las acciones.
“Voy a darle seguimiento a la Fiscalía para que puedan hacer las investigaciones, agarrar el aparato y sacarle lo que tengan que hacerle”, dijo ante los diputados en referencia al caso que ella misma envió por la pérdida de trozos del audio que el periodista institucional había grabado con el teléfono celular para fines documentales sin saber que la defensora lo convertiría después en una supuesta prueba pericial.
Ese fue el motivo de la molestia: un caso UPAD de alta atención mediática que Crespo atendió con decisiones improvisadas y apartándose de las recomendaciones técnicas de los expertos en la Defensoría.
“Hubo un informe que ella decidió cambiar y acabar haciendo una relación de hechos con fines legales. Falta de madurez para entender cómo se posiciona una organización defensora de derechos humanos, como esta, para no perder su mandato. ¿Qué sentido tiene una Defensoría cuyo propósito sea poner denuncias? Eso lo puede hacer un ciudadano o un particular”, dijo Álvaro Paniagua, uno de los miembros del Consejo de Directores de la institución.
Un acumulado
Otra directora que integra ese consejo es Kathya Rodríguez, quien en el pasado fungió como directora de Migración y Extranjería, durante el gobierno de Laura Chinchilla y en parte de la administración Solís Rivera, antes de volver a su plaza en la Defensoría, como encargada de asuntos de niñez.
“El caso UPAD lo que ha hecho es revelar la tónica de ella, impulsada por la necesidad de participar en temas llamativos. No solo no venía preparada; en este año y medio vemos su enfoque personal en el abordaje de los casos, lo cual afecta las herramientas y los señalamientos que hace. Actúa de manera improvisada y eso da mucha inseguridad”, dijo Rodríguez en entrevista.
“Da mucha inseguridad porque se aborda el tema y no se sabe con qué va a salir. Hay una necesidad de salir en medios y de sobresalir que no necesariamente coincide con los tiempos de los procesos formales”, añadió Rodríguez, a quien la defensora ha interpelado porque ella también se había postulado para ese cargo, contó.
Otra directora que accedió a hablar con Universidad es Hazel Díaz, directora de Gestión Administrativa, preocupada por las consecuencias de la crisis en la institución. “Hay mucha incertidumbre y preocupación porque estamos conscientes de que estamos llamados a jugar un papel fundamental en este momento, pero hay muchas distracciones por este problema que impactan el trabajo institucional y el servicio que prestamos”, explicó.
Díaz calificó el estilo de Crespo como “muy unipersonal”. Un ejemplo de ellos ocurrió el 28 de febrero, cuando la defensora decidió quitar del informe el nombre de Rodolfo Piza como responsable de un convenio con el programa Sinirube, ligado al funcionamiento de la UPAD.
Esto se los reclamaron diputados como Wálter Muñoz (Integración Nacional, PIN) y Otto Roberto Vargas (Republicano), quien señaló un nexo político entre ella y Piza, basado en una foto que mostraba en el plenario a la actual defensora vestida con una camiseta proselitista de cuando él era candidato presidencial por el PUSC.
La decisión, en todo caso, la tomó en presencia de sus asesores más cercanos del despacho, entre quienes está el exministro de Seguridad, Mario Zamora, quien confirmó a este semanario sus funciones actuales en la institución donde también tiene su plaza. También la acompaña una profesional llamada Cristina Constenla en tareas de relaciones con el Congreso, como se vio en la audiencia del jueves 25.
El resultado fue un informe con pretensión de “relación de hechos” basado en las indagaciones hechas en aquella visita que ella lideró en febrero, para la cual había ordenado a quienes la acompañaban vestir ropa oscura y colocarse detrás de ella ante la prensa, como se conoció después al divulgarse el protocolo para ese día.
“Es que ha habido varios elementos anormales en este proceso. Desde el principio, nunca antes un defensor había hecho esto de acudir al Ministerio Público. No está dentro de nuestros procedimientos hacer investigaciones dirigidas a convertirlas en una denuncia judicial. Lo usual aquí es hacer informes sobre la legalidad, sí, pero más sociojurídicos porque es nuestra razón de existir”, añadió Álvaro Paniagua.
Esos detalles, sin embargo, podrían ser objeto de la investigación si varios diputados apoyan la posibilidad de abrirle un proceso que, al mismo tiempo, podría profundizar la crisis en la Defensoría, admiten varios directores.
“Si la defensora no renuncia y le abren esa comisión en la Asamblea Legislativa, ya sabemos que es difícil defenderse en algo que más parecerá un juicio político. Para salir airosa debería negociar con diputados y eso sería más grave”, opinó Paniagua.
Hasta ahora la Defensoría ha divulgado en sus redes sociales el apoyo de organizaciones internacionales de procuradores de derechos humanos, la figura homóloga de la defensora de los Habitantes. El Consejo centroamericano de estos concluye que hubo “una clara violación al derecho y protección de datos privados”, como lo ha sostenido Crespo, aunque aún es objeto de investigación en el Ministerio Público.
Cuestionamientos en tiempos complicados
Catalina Crespo es la octava jerarca de la Defensoría de los Habitantes desde que esta fue creada, en 1992, en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier. No es la primera que resulta cuestionada, pues también Lisbeth Quesada (2005-2009) fue sometida a un procedimiento, aunque por un motivo específico de una denuncia por negligencia presentada por un vecino de Escazú.
También fue cuestionada Ofelia Taitelbaum por un caso personal, por lo que renunció en 2014, poco después de haber sido reelecta. “Para evitar que un asunto ajeno a la institución afecte la imagen y credibilidad de la Defensoría”, argumentó en su momento.
El experto en sistemas internacionales de derechos humanos, Jorge Padilla, explicó que la gestión de quien lidera la Defensoría suele ser personalista por la naturaleza de la institución, aunque lo usual es una reciprocidad de trabajo y confianzas entre ese jerarca y el personal que a los largo de los años ha acumulado conocimiento en la institución.
“Hay gente muy sólida en los mandos medios que hacen buena parte del trabajo y le dan sustento a las posiciones que suele presentar públicamente el defensor o la defensora”, explicó este consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).
“Internamente siempre hay gente de muchos políticos y con eso han convivido porque hay una disposición a trabajar con las líneas institucionales. Por eso no es usual esta fragmentación que vemos ahora”, añadió el especialista.
El problema es que esto no resulta gratis. El costo puede ser un debilitamiento de la confianza popular en una organización o una radicalización de las críticas que en otros momentos se han hecho a la Defensoría. “Fácilmente puede salir alguien diciendo que hay que cerrarla, porque además vivimos tiempos de baja tolerancia”, añadió Padilla.
La Defensoría de los Habitantes cumple en Costa Rica una función relevante como promotora de los derechos humanos en un país abanderado de estos a pesar de la poca formación que recibe la población e incluso los estudiantes de leyes.
“Aquí ha habido una falsa sensación de que todo estuvo hecho porque no tunemos quiebres de la democracia recientemente ni recuerdos de instituciones que le ayudaran a fortalecer el entorno democrático actual, pero es mucho lo que queda por hacer con poblaciones vulnerables o invisibilizadas entre las desigualdades sociales”.
A pesar de que el nombramiento del titular de la institución está sujeto a consideraciones políticas en la Asamblea Legislativa, su desempeño suele desarrollarse de manera independiente según los énfasis que fija el jerarca, atendiendo funciones propias de una contraloría de servicios públicos y de procuraduría de derechos humanos, aunque más margen para influir que para dictar. Por eso la importancia de una buena credibilidad pública, explicó Padilla.
Este trabajo es una colaboración del periodista Álvaro Murillo, del Semanario Universidad, para la unidad Interferencia, de Radioemisoras UCR.
