Era 4 de julio del 2019 y la Sala Tercera realizaba una audiencia para decidir si rebajaba la pena a una mujer que delinquió por estar en condición de vulnerabilidad.
El magistrado Jesús Ramírez, de 77 años, cabeceaba, se dormía a ratos y de ello dan cuenta los videos que grabó un equipo de Interferencia, de las Radioemisoras UCR.
Ramírez ocupaba de manera interina la presidencia de esa Sala por ser el único magistrado penal titular que resistió el remezón del “cementazo”, a pesar de que incluso fue sancionado con dos meses de suspensión y afronta una causa penal por firmar un sobreseimiento que contenía prueba falseada y que favorecía a dos entonces diputados.
De pronto, alguien a su lado le aclaraba lo que decían las partes. Parecía que el magistrado no lograba escuchar con claridad o que, en uno de los cabeceos somnolientos, había perdido el hilo de la audiencia.
Pero de aquella sesión pocos se enteraron. La imputada era una mujer pobre, sin contactos políticos, apenas otra visitante de un centro penal, condenada por meter drogas a una cárcel presionada por su expareja y representada por la defensa pública.
Muy distinto a lo que ocurriría este martes 16 de junio, en esa misma Sala, con el sonado caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Los imputados no eran ya personas pobres, sino que uno de ellos es nada más y nada menos que el mismísimo presidente de la República, Carlos Alvarado.
Los abogados no los proporcionó el Estado, sino que se encontraban ahí juristas de alto nivel y espuela.
El Ministerio Público estaba representado por la propia Emilia Navas, fiscala general de la República.
Y entonces, el sueño, los cabeceos, errores jurídicos gruesos, frases sinsentido y correcciones del magistrado Jesús Ramírez se hicieron notorios como nunca.
El video de la audiencia, que publicó el diario La Nación, mostró a un magistrado errático, dubitativo, que tuvo que ser corregido por sus pares. Mostró también el disgusto de litigantes que -algunos “con cariño”- le pidieron no solo separarse del caso, sino considerar su retiro del puesto.
Y evidenció el enojo de Navas, quien pidió la recusación de toda la Sala.
La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) no se esperó mucho para pedir que se investigara disciplinariamente lo ocurrido y la Inspección Judicial ya tramita el caso.
Mientras el Sindicato de Jueces (Sindijud) le pidió a Ramírez dejar el cargo.
No es la primera vez que las voces de gremios se oyen criticar la figura de este magistrado penal. En el 2017, poco antes de que estallara el escándalo del cementazo, resurgieron antiguos cuestionamientos contra Ramírez mientras se discutía su reelección. Ramírez recibió 28 votos de diputados a favor (versus 22 en contra) que le permitieron seguir por al menos ocho años más en el cargo que ya ocupaba desde hacía más de tres décadas.
En enero pasado, cuando una recién estrenada Sala Tercera lo eligió como su presidente de forma permanente, el mismo funcionariado judicial exigió cuentas porque se designó “al más cuestionado”. Los magistrados penales, sin embargo, sostuvieron que se trataba de la persona con más experiencia y que los resultados de la Sala fueron positivos mientras él ocupó el puesto de forma interina.
Sobre los cuestionamientos por el “cementazo”, los compañeros de Sala dijeron poco o nada.
Tampoco hablaron sobre aquel conocido episodio de 1988, cuando un informe de la Comisión de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa atribuyó a Ramírez favorecer la penetración del narcotráfico en la institución.
El magistrado penal tampoco sale a defenderse cuando se dan los cuestionamientos. Se mantiene alejado de micrófonos, evita dar declaraciones y continúa en el puesto, enfrentando una vez más, investigaciones en su contra.
