Expertos cuestionan legalidad de contratos de confidencialidad exigidos por ministra de Economía

Los abogados Gerardo Huertas y Marvin Carvajal cuestionaron la legalidad de los contratos de confidencialidad que la ministra de Economía, María del Milagro Solórzano León, ordenó firmar a funcionarios de confianza del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

Carvajal, experto en derecho constitucional y administrativo, explicó que una institución pública puede establecer mediante contratos o acuerdos algunas obligaciones laborales específicas para sus funcionarios. Estas disposiciones pueden complementar las reglas generales contenidas en el Estatuto de Servicio Civil o en el reglamento autónomo de la institución.

Sin embargo, advirtió que esas obligaciones no pueden ser contrarias a la ley ni a la Constitución Política. Si un contrato impide que una persona funcionaria entregue o publique información de interés público, podría ser nulo en su totalidad o, al menos, en las cláusulas que restrinjan ese derecho.

“Ese contrato probablemente sería nulo, si no en su totalidad, por lo menos en las cláusulas que establecieran de cualquier forma una imposibilidad de hacer respetar al máximo el derecho consagrado en el artículo 30 de la Constitución Política de acceso a la información pública”, afirmó Carvajal.

Carvajal agregó que esa obligación no se limita a responder solicitudes de información. Las instituciones también deben divulgar activamente información de interés público para facilitar el ejercicio de ese derecho.

Interferencia conoció al menos dos versiones del contrato, dirigidas a personas que ocupan puestos de confianza, como viceministros y directores. Los documentos definen como confidencial prácticamente toda la información obtenida durante el ejercicio del cargo, sin limitar la reserva a contenidos previamente clasificados bajo esa categoría.

Las cláusulas abarcan documentos, archivos, datos y conversaciones conocidos de manera oral, escrita, visual, electrónica o por cualquier otro medio. También prohíben divulgar conversaciones sostenidas con la ministra sin su autorización y ordenan tratar como confidencial cualquier información sobre la que exista alguna duda.

Por su parte, el abogado penalista Gerardo Huertas sostuvo que los contratos de confidencialidad suelen utilizarse en empresas privadas para proteger secretos comerciales, procedimientos internos u otros aspectos de su operación. Sin embargo, señaló que en el sector público deben prevalecer los principios de transparencia y rendición de cuentas.

“Un contrato de confidencialidad como el que, según se informa, la ministra de Economía ponía a firmar a sus subalternos es absolutamente incompatible con la función pública y sería ilegal en los términos en que se ha publicado”, afirmó Huertas.

Para el penalista, la amplitud de las cláusulas implementadas en el MEIC también es contraria al artículo 30 de la Constitución Política, pues no protege únicamente información puntual o legalmente reservada, sino prácticamente todas las actividades y datos conocidos por los funcionarios debido a sus responsabilidades.

“Todas las instituciones públicas tienen una obligación, esto no es opcional, de rendir cuentas, y eso es parte del derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos sobre cómo se manejan los asuntos públicos”, agregó.

Los contratos señalan que su incumplimiento constituye una falta grave que podría generar el despido y una reclamación por daños y perjuicios. Además, obligan a proteger la información durante dos años después de terminada la relación laboral.

Huertas también relacionó estos contratos con el reciente decreto firmado por el Gobierno para declarar secreto de Estado una amplia variedad de asuntos vinculados con la seguridad nacional, incluidos presupuestos, contratos y licitaciones. 

El penalista consideró que esa disposición es inconstitucional porque establece una reserva general y advirtió que ambas medidas podrían imponer un velo sobre las actividades de las instituciones y afectar la transparencia democrática.

En Interferencia solicitamos una reacción a la ministra Solórzano quien pidió que las consultas fueran remitidas a la oficina de prensa del MEIC. Pero hasta el momento las respuestas todavía se encontraban pendientes.