En resumen: Es falso que un proyecto de ley que impulsa el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le impida a los costarricenses hablar sobre política en redes sociales. Dos creadores de contenido señalaron esa falsa posibilidad este miércoles en Casa Presidencial para que Rodrigo Chaves opinara al respecto, pero ambos reconocieron posteriormente que no han leído el proyecto en cuestión.
El TSE impulsa el proyecto de Ley para regular las nuevas formas de propaganda (expediente 23.885), que fue aprobado en comisión legislativa y sigue en el orden del día del plenario desde el año pasado. Un representante del TSE se refirió a ese proyecto este martes en el programa radial Nuestra Voz, y usuarios en redes sociales han divulgado desde entonces que “TSE pide a Asamblea Legislativa apurar el proyecto que impide a los costarricenses pronunciarse en redes sociales sobre política”.
La iniciativa define el acto de difundir propaganda como “la divulgación pagada de cualquier contenido comunicativo específicamente orientado a incidir en el comportamiento electoral de los ciudadanos”. El proyecto establece normas para registrar esos pagos por mensajes divulgados en Internet, y también propone que las plataformas digitales que venden publicidad para mensajes electorales le suministren información al TSE sobre la pauta contratada.
Con esa reforma, el TSE también busca sancionar a las personas que paguen por difundir mensajes a favor o en contra de una tendencia política por medio de cuentas falsas o anónimas en redes sociales.
Ante consultas de Doble Check, el TSE rechazó que la propuesta alcance a ciudadanos que opinen libremente sobre política. “Es una norma sobre la importancia de la identidad de quién está pagando por un contenido propagandístico”, destacó Gustavo Román, director de Estrategia y Gestión Político-Institucional del TSE.
Alarma en redes y preguntas a Chaves
Este martes, el programa radial Nuestra Voz incluyó una entrevista con el letrado del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Andrei Cambronero, quien se refirió a la importancia de aprobar cuatro iniciativas de reforma electoral impulsadas por el TSE ante la Asamblea Legislativa.
Entre esas iniciativas, Cambronero se refirió al proyecto de Ley para regular las nuevas formas de propaganda (expediente 23.885).
En el programa, Cambronero destacó que las regulaciones impulsadas en ese proyecto cubren el “contenido propagandístico, y no a ‘posteos’ que hagan las personas en su legítimo ejercicio de libertad de expresión”.
Sin embargo, desde entonces, una publicación que ha sido compartida miles de veces en redes sociales advierte que “TSE pide a Asamblea Legislativa apurar el proyecto que impide a los costarricenses pronunciarse en redes sociales sobre política”.
Al día siguiente, dos creadores de contenido en redes sociales que han sido invitados a Casa Presidencial por el Gobierno le pidieron al presidente, Rodrigo Chaves, que opinara sobre ese proyecto durante la conferencia de prensa gubernamental.
“Se menciona que el TSE le está pidiendo a los diputados que agilicen un tema en el que están pidiéndole que los costarricenses de a pie no hablen sobre temas políticos”, dijo Donaldo Duarte, quien fue presentado como miembro de TV Latina Digital.
“El TSE lleva al parlamento lo de querer quitar la oportunidad de que nosotros podamos expresarnos libremente, ¿qué podría respondernos?”, preguntó seguidamente Richard Araya, que también le agradeció a Chaves por un pin metálico con forma de jaguar “que nos regaló a todos los creadores de contenido”.
El mandatario respondió que “eso sería una violación absoluta a la libertad de expresión”. “Creo que por ahí viene la cosa: callar al pueblo, así como me quieren callar a mí”, añadió Chaves, quien advirtió que vetará el proyecto si el Congreso lo aprueba.
Preguntaron sin haber leído el proyecto
Este jueves, Doble Check le preguntó a Donaldo Duarte y Richard Araya sobre el sustento de las afirmaciones que hicieron en Casa Presidencial. Ambos reconocieron que no habían leído el texto de la iniciativa.
Duarte dijo que se basó en una noticia de AmeliaRueda.com que resume la entrevista del martes a Andrei Cambronero en Nuestra Voz. Richard Araya mencionó que “me lo dijeron”, sin señalar quién.
Doble Check también le pidió a Casa Presidencial que señalara las propuestas específicas del TSE que Rodrigo Chaves cataloga como una violación a la libertad de expresión, pero no hubo respuesta oportunamente.
Norma cubre difusión pagada de contenido
El proyecto de Ley para regular las nuevas formas de propaganda cubre la difusión pagada de mensajes que apunten a influir en elecciones.
Por medio de reformas al Código Electoral, el proyecto establece que “las personas físicas, los partidos políticos y las personas jurídicas que los partidos políticos contraten para ese fin tienen el derecho de difundir propaganda por cualquier medio”.
Eso sí, el texto define el derecho de difundir propaganda como “la divulgación pagada de cualquier contenido comunicativo específicamente orientado a incidir en el comportamiento electoral de los ciudadanos”. Esa definición limita el alcance de las regulaciones propuestas.
En esa materia, la iniciativa añade un inciso para prohibir “el uso de cuentas, perfiles, sitios, canales, páginas u otros medios digitales para difundir propaganda electoral a favor o en contra de un partido político o de sus candidaturas y precandidaturas oficializadas en los que el responsable de su contenido no utilice su verdadera identidad”. El texto propone una multa de diez a 50 salarios base para quienes incumplan dicha regla.
Además, la reforma permite a los partidos con derecho a deuda política solicitar el reembolso de gastos de propaganda “divulgada por cualquier medio”, lo cual incluiría publicidad pautada en redes sociales o mensajes pagados a creadores de contenido en Internet.
El Código Electoral vigente ya contiene prohibiciones a la libertad de difundir propaganda. Por ejemplo, la norma prohíbe mensajes propagandísticos de partidos políticos “valiéndose de las creencias religiosas del pueblo o invocando motivos de religión”.
La propuesta también requiere que las “plataformas digitales dedicadas a vender servicios de publicidad” —como las empresas dueñas de redes sociales— designen a un representante legal en el país y brinden información que el TSE “les requiera sobre la pauta que les haya sido contratada” para propaganda electoral.
El TSE envió ese proyecto de ley a la Secretaría del directorio del Congreso a mediados de 2023, y la bancada del Frente Amplio lo introdujo a trámite legislativo (expediente 23.885). La iniciativa recibió un dictamen positivo de mayoría en la comisión de reformas al sistema político y electoral del Estado en agosto del año siguiente, incluso con el apoyo del diputado oficialista, Jorge Antonio Rojas. El proyecto está en el orden del día del plenario desde entonces.
Con esa reforma, el TSE aspira a “proteger la transparencia en el financiamiento partidario” y “resguardar el derecho de todos los costarricenses a saber de dónde provienen los recursos económicos que se invierten en política para convencerlos de una u otra postura”. Así lo expuso Gustavo Román, director de Estrategia y Gestión Político-Institucional del máximo órgano electoral.
“No queremos que ingrese dinero a las campañas informalmente: una forma de eso es comprar anuncios en redes sociales a una campaña o a un candidato sin que ese dinero lo conozca el órgano electoral, ni quién lo puso”, explicó Román a Doble Check.
Román describió el proyecto como “una norma sobre la importancia de la identidad de quién está pagando por un contenido propagandístico”.
“Si a usted le gusta opinar en redes sociales, hacer críticas y difundirlas, este proyecto no debe preocuparle. Si usted no quiere que los costarricenses sepan de dónde viene el dinero con el que se paga la propaganda en plataformas digitales: sí, preocúpese, porque eso es lo que pretende esta propuesta”, señaló Román en un mensaje oficial del TSE este jueves.
