En resumen: El abogado del presidente Rodrigo Chaves denunció una supuesta movida sin precedentes: que el Ministerio Público se precipitó al secuestrar un informe del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre el financiamiento de la campaña de Chaves antes de que el TSE lo enviara a las autoridades judiciales. Los antecedentes de otros casos y el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE desmienten esa versión.
Lejos de ser una anomalía, la Fiscalía ha recurrido a informes de investigaciones preliminares en múltiples casos, según la información brindada por el TSE a Doble Check.
“Eso nunca había ocurrido”, destacó el abogado del presidente, José Miguel Villalobos, en una entrevista televisiva para El octavo mandamiento, programa de Gente OPA. “En todos los casos en que la Fiscalía ha iniciado causas penales por presuntas infracciones a normas penales electorales, ha sido después de que el informe ya es definitivo”, afirmó el abogado. Eso es incorrecto.
Doble Check solicitó al TSE antecedentes del mismo tipo: casos en los que la Fiscalía pidió acceso a informes finales de investigaciones preliminares de presuntos delitos electorales. En más de 20 ocasiones desde el 2012, el Ministerio Público ha pedido informes al TSE por investigaciones que han involucrado a ocho partidos políticos distintos.
Importante: Doble Check no puede verificar la veracidad de denuncias en litigio, como denuncias de corrupción o delitos electorales, dado que eso le corresponde exclusivamente a las autoridades competentes. Este chequeo se limita a los antecedentes de investigaciones del TSE que han sido requeridas por el Ministerio Público.
¿Qué dijo el abogado de Chaves?
En una entrevista con el canal Gente OPA el 4 de febrero, el abogado José Miguel Villalobos calificó la actuación del fiscal general como un atropello procesal en la investigación de presuntos delitos electorales en la campaña del ahora presidente de la República, Rodrigo Chaves. El abogado sostuvo que el informe secuestrado por la Fiscalía General era provisional y argumentó que su uso antes de la emisión de un informe final por parte del TSE invalidaría la investigación. “Eso nunca había ocurrido”, dijo Villalobos.
Villalobos dio esas declaraciones después de que La Nación y CRHoy revelaran el contenido del informe final de la investigación preliminar sobre presuntos delitos electorales cometidos por la campaña del Partido Progreso Social Democrático, que llevó a Chaves al poder. El informe fue elaborado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, que concluyó su investigación el 29 de noviembre del 2024.
La Fiscalía General, bajo la dirección de Carlo Díaz, ordenó el secuestro de ese informe el 17 de enero de este año. Villalobos afirmó que esta medida del fiscal se ejecutó “atropellando procedimientos”.
Doble Check contactó a José Miguel Villalobos. El abogado insistió en que, en “todos” los casos, la Fiscalía ha iniciado causas penales después de recibir un informe “definitivo” del TSE. El abogado pidió que Doble Check demostrara su equivocación en lugar de fundamentar su propia afirmación.
Villalobos también descalificó los antecedentes que se le presentaron, como los casos de Salto al Vacío y Vuelo a República Dominicana de la campaña del 2022 del Partido Liberación Nacional (PLN), asegurando que no eran comparables porque no trataban sobre fondos de campaña, aunque ambos involucran la investigación de financiamiento electoral.
Contexto de la controversia
Rodrigo Chaves enfrenta investigaciones de presuntos delitos electorales por el financiamiento de sus aspiraciones presidenciales en 2022. El informe del TSE señala la existencia de presuntas estructuras paralelas de financiamiento que operaron al margen de la ley para beneficiar al Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y, específicamente, la candidatura de Chaves. Dichas estructuras incluyen un fideicomiso denominado Costa Rica Próspera y una cuenta bancaria a nombre de Sofía Agüero, hija del diputado oficialista Waldo Agüero.
El informe indica que esos mecanismos permitieron la captación de fondos sin el debido control partidario ni los reportes requeridos al TSE, lo que podría haber facilitado la entrada de recursos de fuentes prohibidas, como personas jurídicas o extranjeros.
Además de Chaves, el informe implica a otros altos funcionarios del Gobierno, incluyendo al vicepresidente, Stephan Brunner; y al canciller Arnoldo André. La investigación señala posibles violaciones al Código Electoral que podrían conllevar penas de prisión de hasta seis años.
Falso “atropello” de procedimientos
José Miguel Villalobos se equivoca al afirmar que “en todos los casos en que la Fiscalía ha iniciado causas penales por presuntas infracciones a normas penales electorales, ha sido después de que el informe ya es definitivo”.
Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) del TSE, explicó a Doble Check el procedimiento que sigue una investigación por posibles delitos de ese tipo.
Los hallazgos de una investigación pueden seguir dos caminos igualmente válidos, explicó Chacón.
Si la Fiscalía ya tiene una causa penal abierta y solicita directamente los informes del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP), estos pueden remitirse sin necesidad de pasar por la aprobación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
En cambio, si no hay una causa abierta o la Fiscalía no ha hecho una solicitud expresa, el procedimiento sigue un trámite interno: el DFPP elabora un informe de investigación preliminar, la Dirección General del Registro Electoral (DGRE) lo revisa y, si lo considera pertinente, lo eleva a los magistrados del TSE, que deciden si transferir el caso al Ministerio Público o archivarlo.
Villalobos se queja de que el informe que secuestró la Fiscalía y que se filtró en medios es “provisional”, ya que el documento es un “informe final de investigación preliminar”. Sin embargo, la objeción del abogado omite que la remisión de este tipo de informes, en esa etapa investigativa, ha sido común. Así lo demuestra una lista de casos remitida por el TSE en donde el Ministerio Público requirió más de 20 informes elaborados por la DFPP.
La Fiscalía solicitó informes de investigaciones preliminares en casos tan recientes como el de Vuelo a República Dominicana, que investiga un viaje no anunciado de José María Figueres en un avión privado durante la campaña de 2022. La Fiscalía también lo hizo en el caso Salto al Vacío, que indaga la producción y difusión de un video de campaña del PLN presuntamente financiado de manera irregular.
Doble Check le presentó estos ejemplos a Villalobos, pero el abogado descartó que estos antecedentes contradijeran su tesis, alegando que se trataba de “temas absolutamente diferentes a los fondos de campaña”. Ambos casos sí involucran la investigación de financiamiento electoral.
Los casos señalados por el TSE implicaron el envío de informes de investigaciones preliminares sobre finanzas electorales del Partido Unidad Social Cristiana (remitidos en 2012, 2023 y 2024); Partido Liberación Nacional (2013, 2020, 2022 y 2024); Partido Acción Ciudadana (2016 y 2020); y el Partido Accesibilidad Sin Exclusión (2016). También, aparecen remisiones de informes sobre el Partido Restauración Nacional (2018, 2019, 2020 y 2023); Partido Integración Nacional (2020); y el Partido Republicano Socialcristiano (2021, 2023 y 2024).
Entre los ejemplos aportados por el TSE, está la remisión de un informe a la Fiscalía en 2012 sobre el presunto origen irregular de recursos utilizados por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para cancelar gastos de campaña municipal de 2010, en la que proveedores de servicios fungieron como prestamistas.
En otro caso del 2013, el DFPP remitió un informe sobre el manejo irregular de la campaña electoral presidencial 2010 en el cantón Central de San José por parte del PLN, por presunta donación de personas jurídicas y pago irregular a prestatarios de arrendamiento de vehículos y locales. En 2020, ese departamento remitió un informe sobre una presunta estafa sobre gastos liquidados a nombre de una persona física correspondientes a la cuenta de honorarios profesionales en la campaña del Partido Acción Ciudadana (PAC).