Hace apenas un año, el Gobierno de Rodrigo Chaves afirmaba que su meta era reducir la tasa de homicidios y llevarla a 10,32 por cada 100.000 habitantes para finales del 2026 (el año pasado fue de 12,6 y este 2023 cerrará con una tasa significativamente mayor). Pero ahora, en medio de la mayor crisis de seguridad que ha afrontado el país, el plazo para cumplir la meta de reducción de homicidios se alargó: será en el 2030 cuando se logre bajar la tasa y llevarla a 9,5 por cada 100.000 habitantes o incluso menos, según promete el Gobierno.
Este cambio en el plazo para cumplir ese objetivo se observa al comparar la Política Nacional de Seguridad Pública Costa Rica- Segura Plus 2023-2030, presentada ayer por el Gobierno, con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 (PNDIP).
En el plan presentado ayer, la reducción de homicidios le tomaría al Gobierno prácticamente siete años, para lograr llegar a unos 478 homicidios anuales, mientras que este 2023 cerrará con más de 900 homicidios.
Pero el año pasado, cuando se presentó el PNDIP, el Gobierno de Chaves proyectaba terminar el 2026 con 521 homicidios.
De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo se planteó de forma tan optimista que indicaba que este año terminaría con 545, pero las proyecciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) prácticamente duplican esa cifra. El 2023 será recordado ahora como el año con más homicidios en la historia del país, ya que a tan solo 38 días para que termine, Costa Rica alcanzó ayer la cifra de 824 homicidios.
¿Cuándo renunció el Gobierno a la primera meta planteada? Interferencia de Radios UCR ha intentado conocer la respuesta del ministro de Seguridad, Mario Zamora, quien asumió el cargo el mayo de este año luego de que distintos sectores cuestionaran el débil manejo de este Gobierno en el tema de seguridad. No obstante, al cierre de esta nota el ministro no ha contestado las consultas.
El PNDIP es el instrumento principal de política pública para implementar la visión de desarrollo a mediano plazo del país bajo la Administración Chaves Robles y se presentó el 6 de diciembre del 2022.
Además, la nueva política de Seguridad presentada ayer por el Gobierno busca reducir los delitos a 1.147 por cada 100 mil habitantes para el 2030, en comparación con los 1. 181 registrados en 2019. Estos delitos contemplan homicidios, total de hurtos, total de robos, total de asaltos, total de robo a vehículos, total de tacha de vehículo a nivel nacional, durante un año calendario.
Esa meta es similar a la que se planteó en el PNDIP, solo que, nuevamente, el Gobierno decía que la iba a cumplir en el 2026 y ahora plantea que sería hasta el 2030.
Nueva política de seguridad
En el marco estratégico de la nueva política nacional de Seguridad se establece como objetivo general “reducir la criminalidad en todas sus manifestaciones, mediante la modernización del modelo de seguridad costarricense, la participación ordenada y sistemática de los actores institucionales y de la sociedad civil, bajo un enfoque de seguridad humana y de protección de los bienes jurídicos tutelados por el Estado de Derecho”.
En la presentación de esta estrategia realizada ayer, en la Academia Nacional de Policía en Guápiles, el presidente Rodrigo Chaves le ordenó a la ministra de la presidencia, Natalia Díaz, retirar todas las propuestas de ley presentadas por el Ejecutivo durante este período de sesiones extraordinarias. A su vez, le pidió a la ministra convocar las 26 iniciativas de ley que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa considera apropiadas.
De esta forma, Chaves expresó que ahora delega la responsabilidad completa a las personas diputadas para aprobar leyes que enfrenten el crimen organizado.
“A partir de este momento el Congreso tiene la absoluta responsabilidad, sin participación del Ejecutivo, de generar las leyes que garanticen la desactivación eficaz y contundente contra los grupos de crimen organizado. Así lo quieren los legisladores, ahora les tocará asumir de este momento en adelante la responsabilidad política ante los ciudadanos de generar un marco jurídico que pare esta guerra y este desangramiento”, dijo el presidente con un tono elevado y molesto.
Sobre esto, Interferencia también envió consultas al ministro de Seguridad, para conocer cómo toma esa declaración del presidente, pero no ha dado respuesta.