Expertos: plan del Gobierno sobre beneficios carcelarios es populismo sin impacto en delincuencia

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Sebastián Sánchez Ramírez (sebastian.sanchezramirez@ucr.ac.cr)
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Dos expertos consideran que el proyecto de ley del Gobierno para modificar la forma en que se dan beneficios carcelarios carece de fundamentación técnica y no tendría incidencia en la criminalidad

“Populismo sin incidencia en la delincuencia”. De esa manera dos expertos calificaron el proyecto de “Ley para Restaurar la Seguridad Pública y Contener a los Delincuentes que Representan un Peligro para la Sociedad”, número 23.692, presentado por el gobierno de Rodrigo Chaves para limitar los beneficios carcelarios.

El análisis lo realizaron el juez de ejecución de la pena, Roy Murillo Rodríguez, y el abogado y profesor de la Universidad Costa Rica, Hector Sánchez Ureña, en entrevista con Interferencia de Radios UCR. Aunque el Gobierno presentó ese proyecto en abril de este año, lo desconvocó el pasado 21 de noviembre.

Ambos especialistas cuestionaron la falta de sustento técnico del proyecto. Sánchez calificó las reformas como “gravísimas” y que atentan con los compromisos de Costa Rica frente a los instrumentos de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El profesor universitario comparó este proyecto de ley con la reforma que aumentó la pena máxima de prisión de 25 años a 50, pues ambas prometen terminar con la delincuencia y, en el caso de la que subió las penas, no cumplió su objetivo. A su criterio, además, carecen de sustento técnico, pues ni en la exposición de motivos ni en ningún otro apartado de la propuesta del ejecutivo se justifica. Por ejemplo, según indicó, no hay información de por qué se necesita más prisión preventiva.

Mientras que, por su parte, el juez Murillo indicó: “(El proyecto) incluso llega a restringir beneficios. Dice: a la gente vinculada con Ley de Sustancias Psicotrópicas. Vamos a ver, ¿Cuáles son los delitos más comunes? Normalmente en mujeres son drogas o psicotrópicos y en varones, el segundo grupo, después de delitos contra la propiedad. Este tipo de reformas sin ningún sustento técnico, como fue también la reforma al artículo 55 para reducir el descuento de la pena o, como fue peor, la reforma del 51, donde pasamos de 25 años de prisión a 50 son medidas populistas que nunca…imagínese lo grave, pasamos de 25 a 50 años a tener una persona presa, prácticamente una modalidad oculta de prisión perpetua o pena de muerte y así lo dicen algunos votos salvados de la Sala Constitucional -de magistrados coherentes, valientes- y no tienen ninguna incidencia (esas reformas). ¿Por qué? Porque no atiende el delito y el sistema no atiende la causa de la delincuencia, atiende sus efectos”.

El juez Murillo agregó: “No es a partir de dar más palo o de tolerancia cero que se logra un efecto disuasor, porque esa reflexión, a partir de normas más drásticas, es un ejercicio que la mayoría de las veces no se genera. Entonces, es muy poco efectivo y el sistema se va entrampando en un sistema cada vez más cerrado donde estamos peor, por eso tenemos los niveles de hacinamiento que tenemos hoy. Entonces, si esa es la solución yo creo que vamos muy mal”.

¿Qué dice el proyecto?

El plan de ley plantea como motivo para imponer la prisión preventiva si la persona imputada (investigada) “representa un peligro para la sociedad”. Además, de configurarse ese supuesto penal no se podrá acceder a medidas distintas de la prisión. En este sentido, también se endurecen los requisitos para recibir otras medidas cautelares distintas a la prisión la pena.

Asimismo, para que se dicte arresto domiciliario con monitoreo electrónico (tobilleras) la pena impuesta no podrá superar los cuatro años, mientras que actualmente son seis. Tampoco podrá recibir este beneficio quien haya sido condenado por delitos con armas de fuego o por narcotráfico. Esto reduce la cantidad de personas que pueden ser beneficiadas por esa modalidad distinta a la prisión.

La propuesta de reforma también prohíbe otorgar la libertad condicional si la persona fue responsable por delitos de crimen organizado, delitos sexuales contra menores de edad, si en la comisión del ilícito se utilizaron armas de fuego o armas blancas y los previstos en la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas

Sánchez explicó que el proyecto parte de la premisa falsa de que “en Costa Rica no se encierra” cuando, más bien, el país tiene un vergonzoso lugar a nivel mundial en la tasa de encarcelados por cada 100.000 habitantes. Esa tasa en Costa Rica, según dijo el profesor, es de 416. Además, calificó el título del proyecto de ley como “panfletario”.

“Los beneficios no se otorgan automáticamente. A muchísima gente se les deniegan los beneficios, la libertad condicional se rechaza muchísimas veces. Hay gente que nunca egresa por la otra modalidad. No es que automáticamente llegó la fecha y ‘yo me voy para afuera y punto’. Eso es un mito que existe”, explicó el profesor universitario.

Según el Tercer Informe sobre el Estado de la Justicia del Programa del Estado de la Nación (PEN), publicado en el 2020, el país se ubica entre las veinte naciones con mayores tasas de prisionalización en el mundo y ocupa la tercera posición en América Latina. Solo es superado por El Salvador y Panamá y está por encima de países con altos niveles de homicidios y violencia, como Honduras, Colombia y Brasil.

Sánchez consideró además que el proyecto de ley tiene vicios de constitucionalidad. Señaló que, por ejemplo, esa propuesta de reforma solo usa razones  peligrosistas (peligro del imputado) para  imponer una prisión preventiva y eso contraviene de manera grave la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Sánchez también señaló que excluir a personas condenadas por delitos sexuales contra menores del beneficio de libertad condicional es violatorio de la Constitución Política, en cuanto al principio de igualdad pues, según dice, no hay criterios técnicos para realizar esa diferenciación. Agregó que, según su experiencia, existen muchos casos de reinserción de este tipo de casos.

Tanto Sánchez como Murillo comparten que la reforma contraviene la Constitución Política, pero difieren en el papel que va a desempeñar la Sala Constitucional. El primero de ellos tiene la “esperanza” que ese tribunal declare su nulidad. Mientras que el segundo se mostró crítico de lo que vayan a resolver los altos jueces.

“Lastimosamente yo no tengo la fe de que la Sala Constitucional frene esto, porque la Sala Constitucional cada día a mí, en esta materia, me decepciona más”, señaló Murillo.

Sánchez también cuestionó que se limite el acceso, por parte del proyecto de ley, a los programas abiertos (régimen de confianza). Indicó que según un estudio de personas egresadas entre el 2012 y el 2017, quienes salieron de un programa abierto tenían 25% de posibilidades de reincidir. Mientras que las que salieron de los programas cerrados (cárcel) el porcentaje de reincidencia era del 78%.

Los expertos penales entrevistados también criticaron que el Estado haya dejado de creer en la reinserción. El juez de ejecución de la pena describió como “absurdo” que el país pretenda renunciar a la resocialización, porque además se violentan normas internacionales sobre derechos humanos. Además, consideró que este tipo de proyectos vienen a “demonizar” los beneficios carcelarios.

Mientras que Sánchez reforzó la idea de que los programas de reinserción muestran una alta efectividad. En los programas abiertos (de confianza) del sistema penal, según datos que proporcionó, el 90% de las personas terminan la sentencia sin ningún problema.

“El encierro por el encierro deteriora las personas y les hace perder las habilidades de vivir en sociedad (…) entre más tiempo esté una persona en prisión más difícil o imposible será su reinserción y además una reinserción sin reincidencia. Las Reglas de Mandela (instrumento de derechos humanos) lo dicen: en un adecuado proceso de egreso la persona debe terminar su sentencia en una modalidad abierta, en la medida de lo posible. Eso tiene un altísimo beneficio para la sociedad, porque obviamente va a bajar los niveles de reincidencia y valora que una persona tenga un proceso de vuelta a la libertad menos traumático y más positivo”, finalizó Sánchez.

Repase la entrevista completa en el siguiente video:

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