En resumen: En su última gira por Limón, Rodrigo Chaves acusó a la contralora general de “interpretar a su antojo” la ley y de ser la responsable de dejar a Limón sin una marina y terminal de cruceros. El presidente omitió que fue la Sala Constitucional la que, en última instancia, declaró inconstitucional el modelo que el Ejecutivo quiere para hacer la obra..
La Contraloría General de la República fue la primera en advertir que la figura de alianza estratégica no podía usarse para construir infraestructura, como la marina de Limón, pero la última palabra la tuvo la Sala Constitucional.
En octubre de 2024, al resolver la consulta sobre la llamada Ley Jaguar, el tribunal concluyó que una reforma a la Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) era inconstitucional porque pretendía desarrollar obra pública por medio de alianzas estratégicas, esquivando el proceso de licitación que exige la Constitución.
Chaves sostuvo que la contralora, Marta Acosta, había “interpretado a su antojo” el artículo 5 de la Ley de JAPDEVA y que ese texto, según él, establecía de manera clara que era posible construir la marina bajo ese modelo. Eso es falso: el artículo citado no dice nada parecido.
Además, la Ley General de Contratación Pública (artículo 3) y su reglamento prohíben el uso de alianzas estratégicas para esquivar los procesos ordinarios de contratación de terceros. Chaves también dejó ese hecho fuera de sus alegatos.
Consultada por Doble Check, JAPDEVA indicó que sigue interesada en la marina de Limón, pero la institución espera el trámite legislativo de un proyecto de ley que propone justo lo que la Sala Constitucional ya rechazó: usar alianzas estratégicas para hacer infraestructura. Ni el presidente ni la institución explican por qué siguen descartando el camino original de la marina, el de la concesión de obra pública.
Presidencia ha desinformado repetidamente sobre las posibilidades de construir la marina y terminal de cruceros de Limón por medio de una alianza estratégica. El año pasado, Doble Check incluso evidenció que Casa Presidencial fabricó palabras que le atribuyó públicamente a la Contraloría sobre ese proyecto.
Gira presidencial de reproches
Entre el 29 y el 31 de agosto, durante una gira por Limón con motivo del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, Rodrigo Chaves dedicó parte de sus discursos a atacar a magistrados de la Corte Plena y, de manera insistente, a la contralora general, Marta Acosta, a quien responsabilizó de frustrar la construcción de la marina y terminal de cruceros en Limón.
El 29 de agosto, en La Rita de Pococí, el presidente aseguró: “Todavía hay gente que… impidieron [sic.] que, por lo menos en esta administración, Limón tenga su marina. La faraona, Marta Acosta, contralora general de la República, desde su pirámide en la zona sur [Sabana Sur] evitó a punta de caprichos, interpretaciones absurdas del artículo 5 de la ley de JAPDEVA”.
El 30 de agosto, en un acto en el Instituto Nacional de Aprendizaje en Limón, Chaves pidió un “exorcismo” a la contralora. “¿Por qué Marta Acosta interpretó de una manera que dañó al pueblo de Limón por años?”, cuestionó el mandatario. Ese mismo día, en el Gimnasio Eddy Bermúdez, Chaves repitió la acusación: “Si no hubiera sido que a Marta Acosta […] le hubiera dado la gana interpretar a su antojo el artículo 5 de la ley de JAPDEVA, que dice de manera transparente, ‘sí se puede construir bajo ese modelo una marina de Limón que hubiera estado dando ya casi 30.000 empleos’”.
El 31 de agosto, durante la sesión del Consejo de Gobierno en Limón, el presidente calificó las decisiones de la contralora como “caprichosas, absurdas” y “antipatrióticas”. “Pídale perdón a Dios, Marta Acosta, porque yo y el país no creo que le perdonemos lo que usted ha hecho para atrasar el desarrollo de esta provincia”, añadió Chaves.
Chaves nunca mencionó el fracaso del proyecto de Ley Jaguar ni la sentencia de la Sala Constitucional que lo sepultó. El mandatario dejó en manos de una futura Asamblea Legislativa la decisión de “llamar a cuentas” a la contralora y a otros jerarcas judiciales.
No es un “capricho”; es un vicio de constitucionalidad
Según Rodrigo Chaves, el estancamiento de la marina de Limón dependió de una “interpretación caprichosa” de la contralora. El presidente se enfoca en quejarse de un supuesto capricho burocrático y omite el vicio constitucional de su propuesta.
Primero que todo, la Contraloría y los magistrados constitucionales no evaluaron el proyecto de la marina de Limón propiamente, sino la vía en que el Ejecutivo ha pretendido desarrollarlo.
El conflicto empezó cuando JAPDEVA quiso modificar su reglamento para establecer que las alianzas estratégicas se utilizaran para construir infraestructura. En septiembre de 2023, la Contraloría envió un recordatorio a la institución donde advertía la improcedencia de usar ese mecanismo para hacer obra pública.
La alianza estratégica es una forma de asociación público-privada que está exceptuada de los procedimientos ordinarios de la Ley General de Contratación Pública. Sin embargo, el artículo 3 de esa norma y su reglamento (artículo 13) prohíben que las alianzas sean empleadas “para la contratación de terceros” sin atender los procedimientos establecidos para dichas contrataciones, como la licitación pública.
Frente a la advertencia de la Contraloría, el Gobierno trató de abrir una nueva puerta: la formulación de un referendo para la llamada Ley Jaguar. Entre otras reformas, ese proyecto de ley pretendía cambiar la Ley Orgánica de JAPDEVA para habilitar el uso de alianzas estratégicas en el desarrollo de infraestructura. El proyecto terminó siendo evaluado por la Sala Constitucional.
En su fallo de octubre pasado (resolución 2024-28774), los magistrados negaron categóricamente que el uso de alianzas estratégicas para construir obra pública sea viable constitucionalmente:
“El artículo 5 del proyecto de ley 24.467, que propone la modificación del artículo 5 bis de la Ley Orgánica de JAPDEVA, es inconstitucional por variar la finalidad de la figura de la alianza estratégica, y pretender habilitar a dicha institución para suscribir alianzas estratégicas para desarrollar inversiones de infraestructura, contraviniendo con ello lo preceptuado en el artículo 182 de la Constitución Política”, indicó la Sala.
Ese artículo de la Constitución establece que toda obra pública contratada por el Estado, las municipalidades o las instituciones autónomas debe hacerse mediante licitación. En otras palabras, no se pueden adjudicar directamente: la regla es que estos proyectos pasen por un concurso público.
JAPDEVA planea transformar la Terminal Hernán Garrón Salazar, en la bahía de Limón, en un complejo turístico con terminal de cruceros y marina. La institución cuenta con un estudio de factibilidad legal y administrativa del proyecto únicamente para la construcción de las obras por medio de concesión, el cual fue elaborado antes de esta administración. El Gobierno carece de sustento técnico que avale una alianza estratégica.
Ley no dice que Marina puede hacerse con alianza estratégica
Rodrigo Chaves hace una interpretación sin ninguna base real cuando dice que el artículo 5 de la ley de JAPDEVA indica que “sí se puede construir bajo ese modelo una marina de Limón”, refiriéndose a las alianzas estratégicas.
El artículo 5 bis de esa ley establece que JAPDEVA tendrá dentro de sus competencias: “Suscribir alianzas estratégicas y cualquier otra forma de asociación empresarial dentro o fuera del país, con entes o empresas que desarrollen actividades de inversión de capital, comerciales, de investigación, desarrollo tecnológico, prestación de servicios y otras relacionadas con las actividades de Japdeva. Los términos y las condiciones generales de las alianzas se definirán reglamentariamente”.
Dicho artículo no menciona el desarrollo de infraestructura. Por el contrario, el fallo de la Sala Constitucional sobre la Ley Jaguar reconoce que las alianzas estratégicas son constitucionales, “pero en la medida en que tales alianzas involucren algún tipo de infraestructura, en ese ámbito concreto sí estaría vedada la figura de la alianza estratégica, por expresa disposición del artículo 182 de la Constitución Política”.
Interés por solo una alternativa
JAPDEVA indicó a Doble Check que sigue interesada en la marina de Limón, pero ese interés no viene acompañado de urgencia por encontrar una vía alterna para retomarla. El proyecto lleva meses varado en la misma encrucijada porque el Gobierno insiste en un camino que la Sala Constitucional ya cerró.
En octubre pasado, Doble Check explicó que el estancamiento se debía a la apuesta del Ejecutivo por usar la figura de alianzas estratégicas, a pesar de que los propios estudios de factibilidad de la marina señalaban la concesión de obra pública como el camino viable. JAPDEVA respondió en aquel momento que estaba a la espera de la Ley Jaguar.
Doble Check volvió a consultar a JAPDEVA ante el fracaso de la llamada Ley Jaguar. La institución reiteró su interés en la obra y que ahora aguarda el destino del proyecto de ley 24.259, presentado por la diputada María Marta Carballo (Partido Unidad Social Cristiana). Ese proyecto de ley impulsa exactamente lo mismo: habilitar a JAPDEVA a usar alianzas estratégicas para levantar obra pública. El expediente sigue en corriente legislativa y tuvo su primer debate en octubre pasado.
El 4 de septiembre, JAPDEVA indicó a Doble Check que el proyecto depende de que los jefes de fracción lo convoquen al Plenario y que, de avanzar, seguirá el curso reglamentario. La entidad portuaria también admitió que no ha recibido ninguna instrucción de Casa Presidencial para buscar alternativas tras el fallo de la Sala Constitucional sobre la Ley Jaguar. Doble Check repreguntó sobre cuál es la diferencia sustantiva del nuevo proyecto de ley, pero no se recibió una respuesta oportuna.
¿Y el modelo original, la concesión de obra pública? La institución dice que nunca se ha descartado, pero la prioridad es seguir insistiendo con la alianza estratégica. En la práctica, JAPDEVA deja el futuro del proyecto en manos de la Asamblea, a la espera de que los diputados decidan si entierran o no la reforma al artículo 5 bis de su ley orgánica.
