En resumen: Un esfuerzo por refutar a la expresidenta, Laura Chinchilla, el Gobierno recurrió a datos sin contexto y a la tergiversación de sus críticas en materia de seguridad ciudadana. Contrario a la imagen que quiso divulgar Presidencia, la evidencia muestra que las tasas de homicidios disminuyeron durante el mandato de Chinchilla y que alcanzaron su punto más bajo en casi dos décadas.
Presidencia lanzó su intento de refutación tras la comparecencia de Chinchilla el 14 de agosto ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, donde criticó la falta de coordinación del Ejecutivo en materia de seguridad pública. Casa Presidencial respondió con un video que pretendía desacreditar las afirmaciones de la expresidenta.
La refutación de Casa Presidencial se apoyó en varios intentos fallidos:
1. Recurrió a un video de 2009 en el que el abogado y actual consejero presidencial, Juan Diego Castro, criticaba a Chinchilla cuando aún era candidata a la presidencia de la República, una pieza irrelevante para evaluar su gestión de 2010 a 2014.
2. Afirmó que la seguridad desmejoró durante su mandato, pese a que las estadísticas oficiales muestran lo contrario: la tasa de homicidios pasó de 11,5 por cada 100.000 habitantes en 2010 a 9,9 en 2014, siendo el 2013 el año más bajo en casi dos décadas. En su afán de reforzar el punto, Presidencia destacó el número absoluto de homicidios de ese año, pero omitió que correspondía a la menor tasa de la administración Chinchilla Miranda.
3. Tergiversó sus declaraciones sobre la responsabilidad del Ejecutivo en la crisis de seguridad, presentándolas como una negación del papel de los otros poderes del Estado.
El video de Casa Presidencial omitió atender las estadísticas que Laura Chinchilla expuso ante los diputados y prefirió sembrar dudas, tergiversar sus frases y apoyarse en ataques personales.
Doble Check buscó clarificaciones de Casa Presidencial pero no tuvo respuesta oportuna.
Comparecencia y “refutación”
La expresidenta de la República, Laura Chinchilla, presentó datos oficiales ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico el 14 de agosto para sostener su opinión de que Costa Rica atraviesa “una crisis al borde del abismo”, con un aumento del 35% en la tasa de homicidios entre 2022 y 2024, con 70% de los asesinatos ligados al crimen organizado.
La comisión legislativa convocó a Chinchilla y al expresidente, Luis Guillermo Solís (2014-2018), por una investigación sobre Celso Gamboa Sánchez, hoy solicitado para extradición a los Estados Unidos por presunto narcotráfico. Gamboa ocupó cargos políticos durante en las administraciones de ambos mandatarios; la indagatoria legislativa (expediente 24.697) pretende establecer si hubo responsabilidades políticas en el debilitamiento de la seguridad pública que, según diputados de oposición, abrió espacio al crimen organizado.
Chinchilla atribuyó el contexto actual a la falta de liderazgo del Ejecutivo en coordinar la estrategia nacional de seguridad, el bloqueo de recursos al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el debilitamiento de cuerpos policiales como la Policía de Control de Drogas y Guardacostas. Además, advirtió sobre la normalización de la violencia y el aumento de víctimas colaterales, al tiempo que defendió la necesidad de recomponer la alianza entre Policía, jueces y fiscales.
Como respuesta, en la sección “Dato Mata Mentira” de la conferencia de prensa del 20 de agosto, Casa Presidencial afirmó que, durante la gestión de Chinchilla (2010-2014), “la seguridad desmejoró y las críticas le llovían”. Para sustentarlo, recurrió a un video con declaraciones de Juan Diego Castro de 2009, y destacó la cifra de homicidios de 2013.
Presidencia también incluyó una declaración del ministro de Seguridad, Mario Zamora, quien rechazó que la inseguridad sea solo responsabilidad del Poder Ejecutivo. “Tampoco es cierto que la única responsabilidad en materia de inseguridad versa sobre el Poder Ejecutivo. Absolutamente falso. Es una responsabilidad estatal que se requieren leyes firmes y fuertes y una aplicación dura de la justicia en sede judicial”, indicó Zamora, quien también fue ministro de Seguridad en la administración Chinchilla Miranda.
Fallida refutación
Casa Presidencial intentó desmontar la comparecencia de Laura Chinchilla del 14 de agosto con un guion sencillo: durante su mandato, “la seguridad desmejoró y las críticas le llovían”. La pieza descansa en tres pilares débiles: un video descontextualizado de 2009, el uso selectivo de cifras y una tergiversación del argumento central de Chinchilla. El resultado no desmiente los datos que ella presentó, sino que los elude.
La refutación empezaba con declaraciones de archivo del abogado, exministro de Seguridad y consejero presidencial, Juan Diego Castro. El video corresponde al 2009, cuando Chinchilla aún era candidata presidencial, y se presenta como evidencia de las críticas en su contra. El recurso es irrelevante para evaluar la gestión de Chinchilla de 2010 a 2014, pues no describe políticas ejecutadas ni resultados de su administración.
Por otra parte, la afirmación de que “la seguridad desmejoró” bajo Chinchilla se contradice con las estadísticas de homicidios: la tasa bajó de 11,5 casos por 100.000 habitantes en 2010 a 9,9 homicidios en 2014, según datos del OIJ y del Departamento de Planificación del Poder Judicial. El 2013 fue el año de menor violencia homicida de toda la administración Chinchilla Miranda, con una tasa de 8,6 casos por cada 100.000 personas.
El video oficial complica más su caso al destacar el número absoluto de homicidios de 2013 sin contexto. La memoria policial del OIJ para ese año consigna 407 casos: incluso tomando el total anual, ese es el periodo con la menor tasa de la administración de Chinchilla Miranda. También, esa fue la menor tasa desde el 2006.
En términos más amplios, el registro de denuncias por otro tipo de delitos aumentó entre el 2010 y el 2014 (último año de Chinchilla hasta mayo). El delito cuyas denuncias aumentaron más fue el robo de viviendas (8,37%), seguido por los asaltos (5,55%) y el robo a edificios (3,27%). Por el contrario, el robo de vehículos se redujo sensiblemente durante la administración Chinchilla: cayó 25,5%.
Por último, el ministro Mario Zamora respondió que es “absolutamente falso” que la inseguridad sea solo responsabilidad del Ejecutivo, pero ese no fue el punto de Chinchilla. La crítica principal de la exmandataria fue que el Ejecutivo renunció a coordinar los esfuerzos entre Policía, Fiscalía y jueces. La expresidenta criticó la falta de liderazgo interinstitucional por parte del Ejecutivo, y no indicó que los demás poderes carezcan de deberes en materia de seguridad. La réplica oficial elude responder al argumento que expresó la mandataria.
Ante una pregunta de la diputada socialcristiana, Vanessa Castro, sobre cuál es el papel del Poder Ejecutivo en temas de seguridad, Chinchilla indicó que “tantas obligaciones tienen el Poder Ejecutivo, como el Poder Judicial, como el Congreso”. La respuesta de Zamora ignoró esa afirmación.
La expresidenta opinó favorablemente sobre la productividad de la Asamblea Legislativa en aprobar reformas relevantes, aunque pidió mayor coherencia entre ellas. Sobre el Poder Judicial, dijo que este necesita más recursos para mantener su eficiencia y recordó que los tribunales de flagrancia demostraron su capacidad de impacto en los años en que fue presidenta.
La mayor debilidad, opinó Chinchilla, está en el Ejecutivo: no ha diseñado una estrategia de seguridad, bloqueó la entrega de recursos para el OIJ, no convoca al Consejo Nacional de Seguridad y no asegura un control territorial efectivo. Chinchilla subrayó que el trabajo de la Policía Judicial es insuficiente si no se acompaña de acción del Ministerio de Seguridad Pública y de programas sociales en comunidades vulnerables. El Ejecutivo no atendió ninguna de estas críticas.
Chaves se atrinchera en ataque al Poder Judicial
La respuesta del Ejecutivo evita refutar los datos duros de la exposición de Chinchilla. Por el contrario, Rodrigo Chaves volvió a atacar personalmente la exmandataria en varias ocasiones durante su conferencia. “Qué pereza da tener que pasar uno desmintiendo a gente como Laura Chinchilla, que hace acusaciones…, acusaciones no, afirmaciones absurdas al borde de la estulticia”. El tono personal buscó restarle legitimidad a la expresidenta, más que a sus datos.
Chaves también reiteró su tesis de que el problema de la inseguridad radica en el Poder Judicial, no en el Ejecutivo. “Siguen las voces que quieren engañarlo a usted de cuál es la causa de los homicidios y el desastre de seguridad pública […] producto de este comportamiento de jueces, diputados que no quieren hacer las leyes y una Fiscalía absolutamente incompetente o peor”.
Ese énfasis contrasta con lo que Chinchilla sostuvo en su comparecencia: que el Ejecutivo ha claudicado en su papel de convocar y coordinar a todo el sistema de seguridad. “Sí necesitamos mayor efectividad y eso solamente se logra en el momento en que volvamos a recomponer la alianza entre los jueces y los gobernantes”, dijo.