En resumen: El presidente Rodrigo Chaves se refirió a jerarcas del Poder Judicial como “animales ponzoñosos” y justificó su veto al proyecto de ley para ampliar el horario de allanamientos con descalificaciones hacia la Fiscalía General y la Corte Plena. Una semana después, Presidencia ofreció una versión distinta: negó que el veto respondiera a una confrontación con “poderes” de la República y aseguró que se trató de una decisión basada únicamente en vicios de inconstitucionalidad. La evidencia, disponible a simple vista, refuta esa reinterpretación de los hechos.
La contradicción de las afirmaciones presidenciales se dio en “Dato mata mentira”, una sección que pretende refutar supuestas falsedades que involucran al Poder Ejecutivo. “Está claro que se veta una ley por vicios de inconstitucionalidad, no por una lucha de poderes que otros que no hacen su trabajo le quieren vender”, indicó Presidencia en el segmento el 21 de mayo.
Esa afirmación no resiste una revisión de las propias grabaciones de Casa Presidencial. “Si el Poder Judicial no tuviera esos comportamientos, yo hubiera firmado esa ley”, dijo Chaves cuando anunció el veto el 14 de mayo.
Doble Check consultó a Casa Presidencial sobre la contradicción en el mensaje presidencial, y sobre la intención de refutar una “lucha de poderes” a pesar de las afirmaciones de Chaves. No se obtuvo una respuesta oportuna.
Veto presidencial coincidente con Pista Oscura
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció el 14 de mayo que vetó el proyecto de ley 24.495, que pretende modificar las condiciones para hacer allanamientos a cualquier hora, incluyendo fines de semana y feriados. La firmante principal de la iniciativa es Monserrat Ruiz, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN).
Durante su intervención, Chaves justificó el veto con críticas hacia las autoridades judiciales, refiriéndose a funcionarios de la Fiscalía y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como “incompetentes” y “arbitrarios”, y calificándolos como “animales ponzoñosos”. El mandatario afirmó que no firmaría una ley que otorgue más herramientas a dichas instituciones, argumentando que estas quieren “tener todavía más armas de amedrentamiento”.
El presidente también cuestionó a la Sala Tercera de Casación Penal y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, refiriéndose a este último como “el capo di tutti” (el jefe de todos los jefes), un término atinente a la mafia italiana, y denunció una supuesta captura institucional.
El veto fue anunciado un día después de que la Fiscalía y el OIJ realizaran 22 allanamientos relacionados con el caso “Pista Oscura”, de presuntas irregularidades en la reparación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia. Entre los detenidos se encontraban el exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla; el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado; el director general de Aviación Civil, Marcos Castillo; y el jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la CNE, Henry Villalobos.
La investigación se centra en supuestas anomalías en la adjudicación de un contrato de caso $40 millones a la empresa MECO para la reparación de la pista, que habría sido justificada indebidamente mediante una declaratoria de emergencia por la tormenta tropical Bonnie.
Negación de mensaje inicial
Una semana después, Presidencia cambió su versión sobre el motivo del veto en la sección “Dato mata mentira” de su conferencia semanal. Casa Presidencial se refirió a una noticia de Teletica.com para justificar la inconstitucionalidad del proyecto de ley.
“Está claro que se veta una ley por vicios de inconstitucionalidad, no por una lucha de poderes que otros que no hacen su trabajo le quieren vender”, indicó Presidencia en el segmento.
Poder Ejecutivo sí cuestionó al Poder Judicial
El mensaje de “Dato mata mentira” distorsiona los hechos al negar que el veto se hubiera justificado por una lucha con los Poderes de la República. El presidente sí justificó su decisión con críticas a “comportamientos” del Poder Judicial.
El argumento constitucional nunca salió de boca del mandatario el 14 de mayo. Los motivos que Chaves expresó para el veto quedaron patentes en su frase de cierre:
“Si el Poder Judicial no tuviera esos comportamientos, yo hubiera firmado esa ley”, dijo Chaves.
Las objeciones de constitucionalidad sí formaron parte de un video que Presidencia incluyó en la conferencia del 14 de mayo, pero incluso dicha producción cuestiona la posibilidad de dar potestades al Poder Judicial. “¿Para qué le van a dar armas a personas que, más bien, se aprovechan de su posición y de su fuerza para amedrentar y actuar arbitrariamente?”, indicó el video oficial.
El 14 de mayo, Chaves reafirmó que los jerarcas judiciales son, en el mejor de los casos, incompetentes y arbitrarios. “En el peor de los casos, llene usted en el espacio vacío, costarricense”, insinuó el jerarca.
Ante la pregunta de un periodista de Extra TV, Chaves agregó: “Tenemos animales ponzoñosos ocupando puestos de la institucionalidad y hay gente que les quiere dar todavía más alas y más instrumentos”.
Caldeada conferencia
La negación de una “lucha entre poderes” llegó una semana después de críticas al presidente Chaves por sus declaraciones del 14 de mayo.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, señaló ese mismo día que el anuncio del presidente “es un mensaje equivocado, ya que los más favorecidos son, evidentemente, los delincuentes quienes podrán dormir con mayor tranquilidad”.
El 14 de mayo, Presidencia dedicó 25 minutos ininterrumpidos a criticar la actuación del Poder Judicial, y a referirse a los allanamientos que la Fiscalía ejecutó un día antes por el caso de “Pista Oscura” como “show”, “circo”, “ópera bufa”, “guerra legal”, “desperdicio de recursos”, “abuso de poder”, “acto desproporcionado” y una “afrenta al pueblo de Costa Rica”.
“Y vean, yo les advierto: en 1948, el pueblo se alzó; yo no estoy diciendo que lo vaya a hacer ahora, pero no le jalen el rabo a la ternera, no le jalen el rabo a la ternera. ¿Se animarían? No sé”, señaló el presidente.
En la misma conferencia, Chaves insinuó que el Congreso pretendía “comprar una policía política” al aprobar un beneficio de pensión anticipada a agentes del OIJ que porten armas. “¿Eso es lo que están comprando, 1.000 oficiales que andan armas? El gobierno tiene 17.000 que andan armas”. Chaves indicó inmediatamente que aquella no era una amenaza, pero terminó diciendo: “La proporción es interesante, 17 a uno”.
