En las últimas semanas, Costa Rica ha enfrentado una discusión sobre su permanencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), un órgano fundamental para la protección de los derechos humanos en la región. Abandonar este sistema representaría un retroceso significativo en las garantías fundamentales y afectaría gravemente la imagen internacional del país, reconocido históricamente como defensor de la democracia y los derechos humanos.
El debate surgió tras la moción presentada por el diputado del partido Nueva República, Fabricio Alvarado, quien propuso que Costa Rica se retire de la Corte IDH. El detonante de esta propuesta fue el caso Beatriz vs. El Salvador, donde la Corte evaluó la situación con el Estado salvadoreño y la aparente violación de los derechos de una joven al negarle un aborto terapéutico a pesar de sus graves complicaciones médicas.
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El jurista y ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), Alfredo Chirino, comentó el pasado 6 de diciembre en el programa Desayunos de Radio Universidad que la salida de Costa Rica de la Corte IDH sería “un desatino político sin precedentes”, advirtiendo que esto pondría en riesgo la protección integral de los derechos humanos en el país.
“La Corte Interamericana no es una instancia dedicada exclusivamente a examinar violaciones relacionadas con los derechos reproductivos o el derecho a la vida. La Corte vela, en general, por todo el cúmulo de derechos humanos que, a través de un desarrollo progresivo, se han consolidado en su jurisprudencia”, Alfredo Chirino, jurista.
Por su parte, el jurista explicó que, aunque el aborto terapéutico está legalmente autorizado en Costa Rica desde 1971 cuando la vida o la salud de la madre está en riesgo, no existe ningún fundamento lógico para justificar que el país abandone la Corte IDH. Señaló que una retirada por un caso que no afecta directamente la normativa costarricense resulta “un sinsentido jurídico”.
A su vez, el abogado y catedrático Constantino Urcuyo advirtió que una salida de la Corte IDH traería consecuencias no solo en el ámbito legal, sino también en el reputacional. Costa Rica ha sido históricamente reconocida como un país defensor de los derechos humanos, y esta decisión enviaría un mensaje negativo a la comunidad internacional. Además, recalcó que esta medida colocaría al país en un grupo reducido de naciones como Venezuela y Nicaragua, que se han desvinculado de los mecanismos de control y rendición de cuentas en materia de derechos humanos.
Por otro lado, Urcuyo destacó que abandonar el sistema interamericano dejaría a la población costarricense desprotegida, al eliminar una instancia externa para garantizar sus derechos cuando las instituciones nacionales no ofrezcan soluciones adecuadas.
“Si nosotros nos salimos de la Corte, estaríamos desprotegidos en otros derechos humanos fundamentales, como el derecho a la libertad, la seguridad personal, la protección contra la tortura y los tratos crueles, la igualdad ante la ley, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como la libertad de opinión y expresión. También afectaría derechos esenciales como el derecho al trabajo, la propiedad, la educación, la salud y el descanso”, añadió Urcuyo.
La periodista Liliana Carranza señaló que este debate ha sido distorsionado de cara al público, haciendo creer erróneamente que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligaría a Costa Rica a asumir compromisos más allá de su legislación vigente. Además, destacó que en diversas ocasiones el presidente Rodrigo Chaves ha sugerido la posibilidad de una salida de la Corte si alguna sentencia llegara a contradecir las posiciones del país en temas sensibles, como el aborto.
Aunque la moción no prosperó y, por el momento, la salida de Costa Rica de la Corte IDH no está siendo valorada, este tipo de discusiones abre interrogantes sobre el futuro del país y su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Si bien lo sucedido representa un riesgo innecesario que podría afectar a la población y a la imagen internacional del país, queda en el aire la preocupación sobre si estos debates se seguirán repitiendo y si los derechos fundamentales de los costarricenses estarán en juego en un futuro cercano.
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