La Constitución Política de Costa Rica es el marco para la democracia del país. En este se plasman los valores, se protege la democracia, los derechos, deberes, es la base para la institucionalidad. Desde su vigencia en 1949, ha marcado la trayectoria de un país, y también, de una sociedad que ha tenido crecientes tensiones y desafíos institucionales, que se cuestionan el rol de este texto, y de su importancia.
José Manuel Arroyo Gutiérrez, jurista y ex-magistrado, señala que una constitución es un pacto, es un acuerdo de las fuerzas sociales y de los intereses que se mueven en un determinado momento. Esto se puede ver puesto que este importante texto fue un pacto social establecido después de la Guerra Civil de 1948, donde se buscaron consolidar ciertos elementos que caracterizaron los intereses del país, pero también del bando ganador. Además, se consolidaron derechos fundamentales y se construyó un Estado social de derecho.
Sin embargo, 75 años después, la realidad nacional ha cambiado significativamente, con nuevas demandas sociales y las percepciones sobre la justicia, la institucionalidad, y una sociedad distinta, lo cual hace cuestionar la vigencia de la constitución.
Desafíos actuales
Costa Rica enfrenta hoy desafíos que no estaban previstos cuando se consolidó en 1979 la Carta Magna. La violencia ha aumentado alarmantemente, haciendo que Costa Rica tenga una elevada tasa de homicidios, que va de 17.3 por cada 100,000 habitantes, según el Informe del Estado de la Nación. Esto refleja un deterioro en la seguridad pública teniendo repercusiones tanto sociales como políticas.
En la actualidad, las estructuras criminales, muchas vinculadas con el narcotráfico han estado creciendo, en conjunto de sentimientos de inseguridad e insatisfacción con el Estado.
En este contexto, Arroyo menciona que a partir de los años 80, con los programas de ajuste estructural, la clase política tradicional pierde las riendas del país. Entre las razones, inician ajustes estructurales que terminan modificando no solo el modelo económico sino el modelo de responsabilidad social. Adicionalmente, se va generando un desprendimiento de las personas con los partidos tradicionales, puesto que estos empiezan a perder fuerza y capacidad de gestión.
Arroyo menciona que la democracia avanza si avanzan los derechos de todas las personas, y eso no se puede negociar, puesto que una democracia no puede construirse dejando a un lado a nadie, no puede construirse excluyendo, no puede construirse ignorando las necesidades y derechos de los sectores más vulnerables.
En este sentido, se debe cuestionar si se ha avanzado o retrocedido en esta materia, para lo cual el jurista menciona que hay que preguntarse si se está disfrutando de más derechos en la actualidad, o no, si hay mecanismos para garantizar el acceso a la educación, a la salud, o si este modelo económico permite la movilidad social. Por todas estas razones, urge un nuevo diagnóstico que permita poder volver a ver hacia adelante y ver un panorama más positivo.
«Los derechos humanos son el eje, son la base sobre la cual se sostiene cualquier sistema democrático verdadero», José Manuel Arroyo Gutiérrez, jurista y ex-magistrado.
¿La necesidad de un nuevo pacto social?
Uno de los puntos centrales del debate es la necesidad de un nuevo pacto social que responda a las realidades del siglo XXI. Sin embargo, es importante no precipitarse ante una decisión tan importante. Este pacto no puede ser impuesto por pequeños grupos de poder, puesto que “hay sectores que quieren arrogarse el derecho de definir un nuevo pacto social, dejando por fuera a los demás», advierte Arroyo.
Es necesario reconstruir el tejido social mediante una democracia participativa que garantice derechos y oportunidades para todos, pero teniendo especial cuidado con aquellos discursos demagogos. Arroyo menciona que estos discursos indican que vamos hacia hacia un paraíso, pero barriendo con la institucionalidad democrática tradicional.
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