En resumen: Juan Diego Castro, exministro de Seguridad y excandidato presidencial, sostiene que la impunidad en Costa Rica es de 95,7%, basándose en estudios de Argentina y Chile que, según él, utilizan metodologías similares para calcular ese fenómeno. Sin embargo, los responsables de ambas investigaciones contradicen su interpretación.
Incluso desde Casa Presidencial, Castro ha promovido su “impunómetro”, un cálculo donde resta el número de condenas del total de denuncias penales presentadas en el país. Esa interpretación es exagerada porque asume que hubo impunidad en toda aquella denuncia que no terminó en una sentencia condenatoria, sin distinción.
Ante críticas por la sobresimplificación de ese método, Castro se refirió a estudios del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) en Argentina y del Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos (CIP) en Chile. El abogado alegó que dichos estudios emplean métodos comparables para justificar su cifra, pero las personas responsables de ambas investigaciones desmintieron esa caracterización. Marcelo Bergman, del CELIV, explicó que su análisis se limita a homicidios, sin extrapolar a todas las denuncias del sistema penal. Valentina de Marval, periodista del CIP, aclaró que su investigación abarca únicamente la gestión de casos de homicidio en el Ministerio Público, sin comparar el total de denuncias frente a condenas.
Ambos investigadores advirtieron que las metodologías de sus estudios no justifican el cálculo general de impunidad que pretende Juan Diego Castro. Además, Evelyn Villarreal, coordinadora del Estado de la Justicia (del Programa Estado de la Nación), explicó que la cifra de Castro ignora el complejo camino judicial de cada denuncia, que a menudo incluye investigaciones que pueden concluir sin proceso formal, acuerdos alternativos, o archivos por falta de pruebas. Villarreal indicó que definir la impunidad requiere demostrar la comisión de un delito sin sanción adecuada, algo que la cifra de Castro no contempla.
Doble Check contactó a Juan Diego Castro para obtener mayor claridad sobre su cálculo, pero no hubo respuesta. Además, la falta de acceso completo a los datos procesados del Poder Judicial impidió verificar la exactitud de sus cifras. Evelyn Villarreal subrayó que las estadísticas judiciales ofrecen solo una visión numérica general, sin aprehender el contexto de cada caso, lo cual hace complejo evaluar si se hizo justicia de manera adecuada en cada instancia.
El “impunómetro” de Castro
El 25 de septiembre, Juan Diego Castro divulgó en su perfil de Facebook que 95,7% de las denuncias penales ha carecido de una condena. En un video, Castro mostró una comparación general de todas las denuncias penales presentadas entre 1998 y 2023, y cálculos específicos para los delitos de robo, violación y homicidio doloso.
El Presidente de la República, Rodrigo Chaves, replicó la cifra general de Castro en la conferencia de prensa de Casa Presidencial del 25 de septiembre, en la que defendió a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Martha Esquivel, ante los cargos elevados por el Ministerio Público en el caso Barrenador:
“Fiscal y quienes le controlan: ustedes deben combatir la corrupción, deben acabar con la impunidad. Hoy publicó Juan Diego Castro que es de 95,7 [%] de los casos, de las denuncias. Pero no. Esta acción que ustedes hicieron, más bien, es claramente negativa de una peligrosa bola de revanchismo y vendetta política para salvar a una decadente cúpula del poder del país y amedrentar al Gobierno de la República”, achacó el presidente.
Posteriormente, Juan Diego Castro compartió en X el segmento de la conferencia en el que Chaves lo menciona: “¡Sí Señor Presidente! El Poder Judicial sólo condenó al 4,3% de los criminales denunciados de 1998 a 2023. La impunidad es asombrosa”. Un video con un mensaje similar fue compartido por el abogado en Facebook.
La aparición más vistosa del “impunómetro” de Castro se dio en vivo en la conferencia de prensa de Casa Presidencial del 23 de octubre. Casa Presidencial presentó un video donde reiteró la supuesta cifra global de impunidad calculada por el abogado. Tras la intervención, Chaves caracterizó al Poder Judicial como “la fábrica de impunidad más cara y grande del mundo”.
Castro defendió su cálculo días más tarde en un video en Facebook. “Yo nunca he dicho que quiero 100% de condenas. Ni lo he dicho, ni va a pasar, ni ha pasado nunca”, dijo el exministro de Seguridad. Castro señaló la diferencia entre Costa Rica y otros países al comparar supuestas tasas de impunidad en homicidios: Argentina con un 35% de impunidad; Chile, con un 25%; y Costa Rica, con un 58,3%.
Para justificar su “impunómetro”, el abogado mencionó estudios del Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de Chile y del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de Argentina, afirmando que estos aplican “esta metodología, que la usan y la publican”, sin dar más detalles. Castro también citó una iniciativa en México que le da seguimiento a los delitos de violación, pero no citó datos contrastables.
Castro evitó expresar un porcentaje que considere aceptable de “impunidad”. “¿Qué quiere la sociedad civil y qué quiere tal vez usted, compatriota? Que los niveles de impunidad no sean atroces. Que el 95% de las denuncias no quede sin condena. ¿Cuánto quiere? Más del 5%, pero no el 5%”, indicó en su video.
Doble Check contactó a Juan Diego Castro y a Casa Presidencial para obtener aclaraciones sobre el llamado “impunómetro”. El Ejecutivo indicó que las consultas se debían remitir a Castro, a pesar de afirmar que había verificado sus datos, y Castro no respondió dos consultas hechas por correo electrónico.
Investigadores que citó Castro lo refutan
Las metodologías citadas por Juan Diego Castro no son equivalentes con su “impunómetro”. Así lo advirtieron las personas responsables de los estudios de Chile y Argentina que el abogado mencionó para justificar sus cifras.
Los investigadores cuestionaron la interpretación de Castro, y señalaron que sus estudios se centran en delitos específicos y utilizan metodologías que no son aplicables a un cálculo generalizado de impunidad para todas las denuncias penales, tal como pretende el abogado costarricense.
“Tomar tasas de impunidad sobre el volumen total de acciones penales iniciadas no aporta mucho, porque la impunidad siempre va a estar en el orden del 90% o más, porque ningún sistema de justicia penal, ni el más eficaz de todos, realmente resuelve la gran mayoría de los pequeños delitos”, señaló a Doble Check Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la Universidad Nacional Tres de Febrero, en Argentina.
El Estudio sobre homicidios en Argentina: un análisis del periodo 2001-2021 se centra únicamente en asesinatos. La investigación destaca que el homicidio es un delito con “baja cifra negra” porque, a diferencia de otros crímenes, su registro es más confiable que otras estadísticas policiales. Tal rasgo se debe a la falta de ambigüedad en su definición, además de la posibilidad de validar las tendencias con estadísticas de salud. Así, las cifras de homicidios pueden usarse con mayor precisión en estudios de justicia penal, pero eso no ocurre necesariamente en otros tipos de delitos, que suelen tener menos trazabilidad.
En Chile, la periodista Valentina de Marval, del Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos (CIP) de la Universidad Diego Portales, aclaró a Doble Check que su estudio no empleó el total de denuncias para calcular impunidad. En cambio, el CIP se enfocó en los casos de homicidio tramitados por el Ministerio Público, evaluando únicamente los expedientes cerrados, para identificar cuáles tuvieron imputados y cuáles no.
Según De Marval, la cifra de 25% de impunidad que su equipo obtuvo en 2021 se refiere a los casos donde el Ministerio Público no pudo ligar a un sospechoso a la causa legal, lo cual alude a problemas de resolución en la fase inicial de investigación, no en el sistema judicial en general. Además, la periodista subrayó que el estudio del CIP no da seguimiento a los casos que llegan a juicio, por lo que no se puede asumir que el 75% restante terminó en condena, como parece inferir Castro.
La periodista señaló que, aunque no es experta en investigación criminal, su experiencia de varios años trabajando con las bases de datos del Ministerio Público de su país le permite dimensionar la complejidad necesaria en los análisis judiciales. En contraste, Valentina de Marval describió la metodología de Juan Diego Castro como “demasiado simple”.
Denuncias sin condena ≠ impunidad
La afirmación de que 95,7% de las denuncias en Costa Rica terminan en impunidad simplifica una realidad judicial mucho más compleja. Para empezar, no es posible determinar que en toda denuncia sí hubo un delito.
Además, una parte de las denuncias que llegan al sistema judicial no culmina en un proceso formal porque, tras la investigación, se determina que no existen elementos suficientes para considerarlas como crímenes.
Por ejemplo, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, ha recibido 60 denuncias penales hasta octubre de este año y la Fiscalía ya ha solicitado la desestimación de siete causas, reportó El Observador. La lógica del “impunómetro” asume que todas esas denuncias corresponden a delitos cometidos, y que un resultado distinto a una condena sería impunidad.
Evelyn Villarreal, coordinadora del Estado de la Justicia (del Programa Estado de la Nación), explicó a Doble Check que el camino de una denuncia penal en Costa Rica está lleno de filtros y evaluaciones que determinan si el caso avanza o se detiene en las distintas etapas del proceso judicial. El primer filtro ocurre en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que realiza la investigación preliminar.
El segundo filtro se da en el Ministerio Público, donde se puede aplicar el “archivo fiscal”, una figura usada en casos donde la investigación no ha podido identificar a una persona sospechosa. Esto suele ocurrir en delitos como robos de menor cuantía, donde no es posible individualizar al responsable.
Si el caso supera el segundo filtro, el Ministerio Público lo presenta ante un Juzgado Penal. El tercer filtro comienza allí: la persona fiscal debe justificar que el caso tiene mérito suficiente para avanzar a juicio. En esa etapa, el juez puede dictar un auto de apertura de juicio o decidir la desestimación del caso.
Finalmente, si el caso llega a juicio, el tribunal decide si absuelve o condena a la persona imputada; aunque en dicha fase también puede haber sobreseimiento, que se dicta cuando el juez considera que no existen elementos suficientes para continuar con el proceso.
Villarreal señaló que todo el entramado de filtros implica que un porcentaje minoritario de los casos denunciados termina en juicio, y eso complica la interpretación de los números en términos de justicia o impunidad.
Además, el sistema judicial ofrece soluciones alternativas al juicio formal. Tales opciones incluyen la conciliación, en la que las partes (con la mediación de un juez) llegan a un acuerdo para cerrar el caso sin necesidad de juicio. También, está la suspensión del proceso a prueba, donde la persona imputada acepta cumplir ciertas condiciones impuestas por el tribunal y, si las respeta, el caso se archiva sin condena. Además, existe la reparación integral, en la que la persona imputada compensa a la víctima por el daño causado, permitiendo que ambas partes cierren el proceso sin avanzar a juicio.
En 2023, del total de casos penales concluidos en los tribunales (donde los casos llegan a etapas avanzadas del proceso judicial), un 16% se resolvió mediante conciliación. En cambio, en los juzgados (instancias iniciales donde se evalúa si el caso debe avanzar), solo el 2% de los casos se solucionó de esta manera.
El sistema judicial costarricense no está exento de urgencias y datos preocupantes, destacó Villarreal. Aunque no existen datos oficiales que permitan determinar con precisión la magnitud de la impunidad en el país, ciertos indicios apuntan a su posible existencia en casos específicos. Estos indicios serán explorados en una entrega posterior de Doble Check para arrojar más luz sobre este fenómeno y sus implicaciones en el acceso a la justicia en Costa Rica.
Situación de los homicidios en Costa Rica
Juan Diego Castro también presentó estadísticas específicas de homicidios y otros delitos. Según el abogado, 58,3% de los casos de homicidio en Costa Rica no resultan en condena. Doble Check no pudo verificar de forma independiente este cálculo, pero los datos mostrados por Castro coinciden en términos generales con cifras parciales obtenidas del Poder Judicial.
El cálculo de Castro para los homicidios es el único que guarda cierta similitud con el estudio elaborado por el CELIV en Argentina. Sin embargo, mientras el abogado costarricense contrasta el total de denuncias con el número de condenas, el instituto argentino compara el número de víctimas con las condenas. Aunque las cifras de casos y víctimas suelen ser parecidas, no son idénticas.
¿Cómo se compara la cifra de Castro con la de otros países, asumiendo que sea correcta? Hay que tomar en cuenta que la cifra del abogado se refiere al total de casos de homicidio, sin distinguir entre aquellos en los que se identificó un sospechoso y aquellos que quedaron sin avances en la investigación.
Para aquellos casos en los que se identificó a un sospechoso, el Estudio Mundial de Homicidios 2023 evidencia una gran variación en los niveles de condena entre regiones. En 2021, en 17 países asiáticos con datos, solo tres de cada 10 sospechosos de homicidio procesados formalmente fueron condenados; en Europa, la cifra fue de siete de cada 10 en 35 países; y en América, en 25 países, alrededor de cuatro de cada 10 sospechosos enfrentaron una condena. Estas diferencias subrayan las desigualdades en la capacidad de los sistemas judiciales para asegurar justicia en casos de homicidio.
Castro tampoco menciona cuál es una cifra de impunidad que le parece aceptable o razonable en el caso de homicidios. En su último video, el abogado mencionó la cifra de 25% de homicidios sin condena en Chile, pero, como se explicó anteriormente, ese porcentaje no corresponde a condenas sino a la proporción de casos terminados en el 2021 con un imputado sin identificar en el Ministerio Público. Castro también mencionó el caso de Argentina, cuya cifra se plasma en la investigación de CELIV: del 2002 al 2021, por cada 100 víctimas de homicidio hubo un promedio de 65 condenas; muy distinto a Costa Rica, que según los cálculos de Castro, presenta menos de 40.
Marcelo Bergman, director de CELIV, también ha estudiado el fenómeno de los homicidios en otros países de Latinoamérica, aunque subrayó que no lo ha hecho en Costa Rica. Bergman indicó que los niveles de impunidad en homicidios se ven afectados cuando el número de casos supera la capacidad operativa de los sistemas penales.
Según Bergman, “cuanto mayor es el volumen de casos, la policía está sobrepasada, los fiscales no tienen la capacidad de investigación,” y eso afecta la resolución de casos. Sin embargo, cuando los niveles de homicidio son bajos, se genera un “círculo virtuoso” en el que la probabilidad de captura y condena es mayor, disuadiendo nuevos crímenes. Para Bergman, estos resultados subrayan la importancia de evitar que las tasas de homicidio alcancen niveles que superen la capacidad de respuesta de los sistemas judiciales, ya que, una vez desbordados, recuperar la eficacia se vuelve un desafío considerable.