En resumen: El proyecto para construir una marina y terminal de cruceros en Limón cuenta con estudios técnicos para concesionar la obra por medio de una licitación pública. La diputada oficialista, Pilar Cisneros, dijo incorrectamente que esos análisis hubieran respaldado la construcción del proyecto a través de una alianza estratégica con desarrolladores privados.
En una gira gubernamental en Limón, Casa Presidencial señaló a la Contraloría como responsable de frenar el avance de la marina y terminal de cruceros, pero el verdadero retraso se debe a que el Gobierno cambió el modelo de contratación a una alianza estratégica, una figura que carece de estudios de factibilidad propios y que no está contemplada para hacer obra pública en la normativa vigente.
El estudio de factibilidad del proyecto (de julio del 2022) incluye un análisis legal y administrativo que se limita al modelo de concesión de obra pública, sin hacer referencia a una alianza estratégica. Ese es el análisis que dispone la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) para hacer la marina y terminal de cruceros en terrenos públicos en Limón.
Ante consultas de Doble Check, Pilar Cisneros aseguró que la concesión “nunca fue una opción” para el Gobierno. “Hasta donde yo sé, todos [los estudios] son para la modalidad de alianza estratégica”, añadió la diputada. Eso es incorrecto.
JAPDEVA confirmó a Doble Check que el estudio de factibilidad disponible contempla la obra bajo la Ley General de Concesión de Obra Pública. La institución señaló que espera la aprobación del proyecto de Ley Jaguar para modificar su ley orgánica y actualizar el estudio con el nuevo modelo de alianza estratégica. Sin embargo, la Sala Constitucional declaró inconstitucional esa modificación el 1 de octubre.
¿Qué dijo el Gobierno en Limón?
La diputada oficialista, Pilar Cisneros, expresó lo siguiente en la sesión de la Asamblea Legislativa por el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense el 29 de agosto en Limón:
“Voy a discrepar con doña Rosalía Brown [diputada del Partido Nueva República] en el sentido de que Limón va a seguir soñando con las cosas. No, señores; no, señores. Llegó el momento de que el Limón tome el presente y el futuro en sus manos y luche por lo que le corresponde. ¿O se van a conformar con otra Ciudad Puerto? Doña Rosalía, ¿en qué terminó Limón Ciudad Puerto? En nada, en absolutamente nada. En cambio, el proyecto que estamos proponiendo nosotros de marina y la terminal de cruceros, todos los estudios están listos. Todo está listo para dar el banderazo de salida si no fuera porque nuestra querida amiga, la contralora general de la República, como de costumbre, se para en la manguera”.
Mensajes similares fueron expresados por la ministra de Presidencia, Laura Fernández, y el presidente de la República, Rodrigo Chaves, durante su gira por Limón el 30 de agosto, así como en cadena nacional.
“Hoy podríamos estar inaugurando el inicio de la construcción de una obra de más de $1.000 millones para crear más de 22.000 empleos bien remunerados para las familias limonenses, si no hubiese sido el antojo destructor de la Contraloría General de la República”, dijo Rodrigo Chaves en su visita a Limón.
¿En qué consiste el proyecto?
La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) planea transformar la Terminal Hernán Garrón Salazar, en la bahía de Limón, en un complejo turístico con terminal de cruceros y marina. La primera fase abarca 27 hectáreas para ampliar el muelle y permitir el atraque simultáneo de dos grandes cruceros, así como la construcción de infraestructura turística y comercial. La iniciativa prevé una capacidad para 120 yates y embarcaciones deportivas, y el costo total del proyecto se estima en $854 millones.
Estudios de propuesta descartada
Es correcto que la marina y terminal de cruceros de Limón ya cuenta con los principales estudios para emprender una contratación. Sin embargo, el estudio de factibilidad legal y administrativa del proyecto contempla únicamente la construcción de las obras por medio de una concesión, una alternativa que la administración Chaves Robles ha descartado públicamente.
El estudio de factibilidad —de julio del 2022— incluso señala en sus conclusiones que JAPDEVA había definido que la obra se realizaría por medio de una concesión de obra pública para el diseño, construcción, ampliación, financiamiento, operación y mantenimiento de la terminal de cruceros. La Administración cedería el usufructo de terrenos a la empresa ganadora del contrato, que estarían destinados principalmente a la marina turística.
Los estudios de mercado y de factibilidad del proyecto fueron realizados por la empresa Moffatt & Nichol Sucursal Colombia. Además de esos análisis, JAPDEVA confirmó a Doble Check que el proyecto cuenta con el estudio de viabilidad técnica, otorgado por la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT); y el estudio de viabilidad ambiental aprobado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
El Ejecutivo tomó una ruta distinta
Doble Check no halló obstáculos para avanzar con la marina de Limón bajo una concesión de obra pública. La obra se ha estancado por la intención del Gobierno de cambiar a un modelo de contratación que no está contemplado en la ley.
JAPDEVA cambió la ruta de la concesión para insistir en una alianza estratégica con desarrolladores privados, a pesar de que los estudios de factibilidad disponibles no hacen referencia a esa alternativa.
La institución aprobó un reglamento para alianzas estratégicas en abril del 2023. Dicha norma define a las alianzas como asociaciones empresariales con otras entidades jurídicas para desarrollar proyectos de varios tipos, incluyendo aquellos vinculados a infraestructura o financiamiento. Esa definición del reglamento generó una denuncia ante la Contraloría, que emitió dos oficios recordando a JAPDEVA que no puede usar la figura de alianzas estratégicas para suplir infraestructura.
Las nuevas intenciones del Gobierno quedaron plasmadas en el documento de Caso Inicial de Negocio para Estudio de Mercado Modalidad Alianza Estratégica, de agosto del 2023. Ese documento no fue elaborado por Moffatt & Nichol, sino por la misma JAPDEVA. Según el texto, la intención de JAPDEVA es cumplir con la etapa de exploración de mercado prevista en su reglamento de alianzas estratégicas.
A pesar de las intenciones expresadas en ese documento, no existe en el estudio de factibilidad del 2022 ninguna referencia a la posibilidad de firmar una alianza estratégica para contratar la obra. El Gobierno busca ampliar las competencias de JAPDEVA para establecer alianzas estratégicas con socios privados, sin pasar por los procesos de licitación pública que la normativa actual exige para proyectos de infraestructura.
El departamento de prensa de JAPDEVA indicó que la elaboración de nuevos estudios de factibilidad para una alianza estratégica “se encuentra a la espera hasta tanto se cuente con la modificación del artículo 5 bis de la Ley Orgánica de JAPDEVA respecto al uso de dicha modalidad contractual”. Esa es una de las reformas que el Gobierno incluyó en el proyecto conocido como Ley Jaguar que la Sala Constitucional declaró inconstitucional el 1 de octubre.
Reforma fallida para alianzas estratégicas
Ante los recordatorios de la CGR, el Poder Ejecutivo ha propuesto someter a referendo una modificación al artículo 5 bis de la ley orgánica de JAPDEVA para permitir alianzas estratégicas “para desarrollar inversiones de infraestructura […] y cualquier otra actividad relacionada con las competencias de JAPDEVA”. Sin embargo, la Sala Constitucional declaró inconstitucional esa modificación.
La Ley General de Contratación Pública exceptúa a las alianzas estratégicas de aplicar procedimientos ordinarios de contratación, aunque prohíbe la construcción de obra pública por medio de ese mecanismo. La propuesta que el Gobierno aspiraba a someter a referendo contradice esa ley y su reglamento, que estipulan que “las alianzas estratégicas no podrán utilizarse como un mecanismo para la contratación de terceros sin atender los procedimientos establecidos en la Ley General de Contratación Pública, todo lo cual la tornará irregular, en caso de que así se proceda”.
La Sala Constitucional revisó dos versiones del proyecto de Ley Jaguar por solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y declaró inconstitucionales las reformas que el Gobierno impulsaba para la Ley General de Contratación Pública y la Ley orgánica de JAPDEVA. Así lo comunicó la Sala el 1 de octubre, aunque el fallo completo sigue en redacción.
Contraloría solo ha hecho recordatorios
La CGR no ha obstaculizado la construcción de la marina y terminal de cruceros en Limón, pues el proyecto aún no ha sido presentado formalmente por el Ejecutivo.
Ante una denuncia anónima, la CGR sí emitió dos oficios (en septiembre del 2023 y marzo del 2024) que le recuerdan a JAPDEVA que la normativa vigente no considera la construcción de obra pública bajo el modelo de alianzas estratégicas, y que cualquier excepción a los procesos ordinarios de contratación debe estar respaldada por ley. Ante ello, el Gobierno incluyó en la Ley Jaguar la modificación de la Ley Orgánica de JAPDEVA en su Ley Jaguar.
Chance de retomar la concesión
Doble Check también le consultó a Pilar Cisneros si considera que la marina de Limón estaría en construcción si el Gobierno hubiera optado por una concesión de obra pública. La diputada contestó: “No sé. Nunca fue una opción”.
Contrario a lo afirmado por Cisneros, el documento de JAPDEVA de agosto del 2023 señala que “JAPDEVA no ha adoptado una decisión final acerca de la modalidad contractual para la ejecución proyecto, por lo que la aplicación de la legislación de concesión de obra pública con servicios públicos es una posibilidad que será ponderada”. A pesar de esa reserva, el documento indica que JAPDEVA decidió formular el Caso Inicial de Negocio según el reglamento de alianzas estratégicas.
La presidenta ejecutiva de JAPDEVA, Sucy Wing Ching, le dijo al Semanario Universidad en mayo que la institución no había descartado realizar la obra por concesión. No obstante, Wing indicó que la obra podría tardar hasta tres años en concretarse mediante una concesión, por lo que prefería una alianza estratégica.