El presidente Rodrigo Chaves ha realizado el llamado a un referendo multitemático para realizar la consulta sobre temas polémicos claves en relación con las leyes impulsadas por su gobierno mediante un proyecto llamado “Ley Jaguar para el Desarrollo”.
Esta ley es una reforma legislativa de peso con la propuesta de varios cambios relevantes para la administración del estado. Este enfoque que presentó Chaves ha encontrado un debate por un posible debilitamiento en las funciones y el rol de la Contraloría General de la República, la entidad con autonomía administrativa, funcional, económica y financiera en el país.
Como destaca el constitucionalista Marvin Carvajal: “esta propuesta tiene como objetivo disminuir y atenuar los controles que desarrolla la Contraloría General de la República acerca del buen manejo de los fondos públicos…No es una ley que busca el desarrollo de Costa Rica ”, según Carvajal.
Esta propuesta y el discurso que el presidente trata de imponer a la ciudadanía es la narrativa de que la Contraloría está impidiendo el desarrollo del país. Sin embargo, como está planteado este proyecto realmente parece querer minimizar, cortar o afectar cómo ejecuta las funciones dicha institución.
Es decir, como explica Carvajal, el objetivo del gobierno es tener una vía para desarrollar determinados proyectos sin tener que enfrentarse al órgano que revisa la “legalidad, la eficiencia y la eficacia de los actos administrativos», y de esta manera salvaguardar el buen uso de la hacienda pública.
Para esto el Gobierno propone el uso del referendo mediante la vía “iniciativa ciudadana” para la solicitud. En la constitución costarricense existen dos formas de llamar al referendo: por iniciativa conjunta y por iniciativa ciudadana.
La primera, es el proceso en donde el Ejecutivo, por vía de decreto, propone la realización del referendo y la Asamblea Legislativa por mayoría absoluta lo aprueba. La segunda forma, fue creado para que las personas puedan determinar el inicio de un proceso de recolección de firmas que lleve a la convocatoria por iniciativa popular.
Como destaca Carvajal, es improcedente que el Ejecutivo llame a un referendo por iniciativa ciudadana, aunque este fuera propuesto por un ciudadano, existe un claro involucramiento del Gobierno, lo que implica que existe la posibilidad de que se anule el proceso.
“Esa resolución efectivamente entiende que no sería constitucional disminuir las potestades de control sobre el uso de la hacienda…Tenemos un precedente relevante. Que haya un precedente no significa que la Sala no pueda cambiar de criterio. Lo que no se ha mencionado, es que esa sentencia es lo que es, pero hay muchas otras resoluciones que podrían ser interpretadas en conjunto con esta”. Marvin Carvajal, constitucionalista.
Además, la propuesta de este referendo implica una temática de jurisprudencia basada en 1998, que detalla la imposibilidad constitucional de tocar las facultades de control y vigilancia de la Contraloría.
“Lo que está haciendo (la Contraloría) es defender el buen uso de los fondos públicos, y los fondos públicos son nuestro patrimonio. Son un derecho de las personas, de modo tal que desproteger el buen uso de la hacienda pública es un acto regresivo”. Marvin Carvajal, constitucionalista.
Existe dentro de la misma legislatura del país, una defensa hacia las acciones que busca el gobierno de Chaves con este proyecto. El proteger las potestades de la Controlaría va más allá de la narrativa que impulsa el gobierno, es un tema de proteger los derechos fundamentales de la población.
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