Ser periodista en Centroamérica implica ‘un riesgo de vida’, señala investigador

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Daniel Ortuño (daniel.ortunofajardo@ucr.ac.cr)
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Persecución, acoso digital y autocensura amenazan el libre ejercicio de la libertad de prensa en Centroamérica, según el Segundo Informe del Estado de la Libertad de Expresión y la Seguridad del Ejercicio Periodístico en Centroamérica.

Persecución, acoso digital, autocensura y hasta riesgo para la vida son parte de las amenazas para periodistas en Centroamérica, según se desprende del Segundo Informe del Estado de la Libertad de Expresión y la Seguridad del Ejercicio Periodístico en Centroamérica.

Así lo explicó Óscar Mario Jiménez Alvarado, investigador del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi), de la Universidad de Costa Rica (UCR), en entrevista con Interferencia de Radios UCR.

El informe sobre este tema fue elaborado por Proledi, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR y la Fundación Fundación Heinrich Böll.

Entre los hallazgos se alerta sobre un deterioro de la libertad de expresión y de prensa en Centroamérica a causa de la deriva autoritaria, así como ataques a mujeres periodistas.

“Trabajar como periodista en Centroamérica no es solo un desafío, sino también es un riesgo de vida y un riesgo personal”, expresó el investigador Jiménez.

Sobre la autocensura de las y los periodistas, Jiménez señaló que no se le ha dado la importancia necesaria en un contexto en el que 33,3% de quienes completaron la encuesta aseguraron que han dejado de informar por temor a despido, persecución, acoso, o ataques físicos. “Cuando una persona decide no informar o no publicar, o no decir algo por miedo a las represalias, es que no está en un entorno verdaderamente libre”, destacó.

Para el especialista, a diferencia de otros momentos, en la actualidad las causa de autocensura son externas a los medios de comunicación. “Más que por temor a ir en contra de una línea editorial, es una autocensura que existe por temor a represalias del gobierno o del Estado”, afirmó.

De hecho, mencionó también que el informe cuestiona cómo los gobiernos y otras autoridades de los Estados democráticos, llamadas a fortalecer la libertad de expresión y de prensa, más bien están ejerciendo estas presiones y ataques.

Jiménez también enfatizó en los ataques hacia las mujeres periodistas, que son víctimas de hostigamiento por parte de sus fuentes, ataques por su apariencia física, y salas de redacción que carecen de perspectiva de género, por lo que se les excluye de temas y donde no se promueve su ascenso y desarrollo profesional.

El día de la presentación del informe, el pasado 14 de febrero, Giselle Boza Solano, coordinadora de Proledi, alertó que el informe arroja datos que muestran un debilitamiento en las condiciones para ejercer el trabajo periodístico en Centroamérica.

“Agresiones y restricciones a la prensa, la criminalización de las expresiones de interés público, la intolerancia a la crítica por parte de gobernantes y autoridades públicas, las negativas a entregar información de interés público, los ataques, el hostigamiento y amenazas por parte de funcionarios públicos a personas comunicadoras”, son algunas de esas limitaciones.

Para este Segundo Informe se elaboró una encuesta que fue respondida por 45 personas periodistas en Centroamérica, además de entrevistas a profundidad con mujeres periodistas. El documento consta de cuatro apartados: Condiciones de la región, El rol del Estado en la limitación de la prensa, La violencia de género en Centroamérica y Resumen de los principales retos e hitos.

Deterioro de la libertad de expresión en Costa Rica

El investigador Jiménez también advirtió que Costa Rica ha visto un deterioro en las condiciones de libertad de expresión y prensa en los últimos años. A lo largo del 2023, tras el inicio del gobierno de la administración Chaves Robles, múltiples instancias nacionales e internacionales alertaron sobre los riesgos en el país.

Freedom House, organización internacional dedicada al estudio de la democracia, los derechos humanos y los derechos políticos, mostró preocupación por los ataques a la prensa provenientes de la administración de Rodrigo Chaves debido a sus amenazas de “destruir” a los medios de comunicación La Nación y Canal 7 durante su campaña presidencial, así como el cierre de Parque Viva del Grupo Nación, ordenado por la exministra de Salud y el presidente Chaves y que la Sala Constucional consideró una violación indirecta a la libertad de prensa.

En la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa, publicada en mayo pasado por la organización Reporteros Sin Fronteras, Costa Rica se desplomó 15 puestos con respecto al año anterior. La agrupación detalló que los ataques verbales a periodistas y la negación de información por parte de instituciones del Estado, propiciaron la caída en el ranking.

A su vez, en una declaración en julio anterior, la Iniciativa Democrática de España y las Américas, o el Grupo Idea, firmada por 26 expresidentes de la región que incluyen a Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez, José María Figueres, Óscar Arias y Luis Guillermo Solís, de Costa Rica, hicieron un llamado de atención a la administración de Chaves por un debilitamiento a la libertad de prensa mediante su intervención en los casos de La Nación y la persecución mediante el sistema tributario a CrHoy.

Jiménez destacó que aunado a lo que señalan las instituciones, las actitudes que ridiculizan a periodistas en instituciones estatales también influyen en el deterioro a la libertad de expresión que vive Costa Rica y la violencia a la que se exponen quienes ejercen el periodismo. “Si autoridades públicas ridiculizan a un periodista, las personas se pueden sentir autorizadas a hacer lo mismo”, manifestó.

El investigador criticó la conversión de medios públicos a instrumentos de propaganda. “Lo que tenemos en Centroamérica son medios que en principio son públicos o que de origen deberían ser públicos, pero que terminan siendo medios gubernamentales o medios de propaganda”, afirmó.

Jiménez reiteró que los gobiernos son los llamados a garantizar, proteger y defender la libertad de expresión y no a atacar o estigmatizar como lo han hecho las autoridades de gobierno de la región en la actualidad. Además hizo un llamado a los medios de comunicación, organizaciones gremiales y asociaciones de periodistas a tomar acciones para incorporar las recomendaciones que hace el informe, entre las cuales se encuentran diseñar protocolos de seguridad para periodistas, estudiar vulnerabilidades digitales y tecnológicas, e incorporar la perspectiva de género.

Repase la entrevista completa con el investigador Jiménez en el siguiente enlace:

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