En setiembre de 2022, representantes de Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A., operadora de tres rellenos sanitarios en el país, amenazaron a la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón, con recurrir a un arbitraje internacional en caso de “una inusual actividad de persecución” por alguna institución del Estado. Esto, en el marco de investigaciones que realizaba Salud con respecto a las labores de EBI.
Así consta en una carta enviada por representantes de esa compañía a la entonces ministra. Este lunes, Chacón mencionó esa misiva durante su comparecencia en la comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa. Interferencia de Radios UCR tuvo acceso al documento, el cual está firmado por: Patricia Campos Villagra, gerente general; Julien Charbonneau, gerente administrativo financiero; y Oscar Guzmán Coto, gerente técnico, todos de la empresa EBI.
Según consta en la carta, los representantes de EBI cuestionaron que funcionarios de organismos internacionales como el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas (OOPS) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), habían realizado visitas al proyecto de Aserrí a solicitud del Ministerio de Salud. La empresa señaló que no habían recibido ningún informe sobre los resultados de estas visitas y solicitaron que se les informe al respecto.
Además, argumentaron que esas visitas eran similares a las realizadas ocho años atrás, cuando las autoridades de Salud llevaron a cabo un levantamiento de todas las fincas relacionadas con el proyecto. Calificaron ese proceso como “gastos irracionales de recursos” e indicaron que esa investigación se inició porque “los opositores al proyecto estaban inconformes con el resultado de los informes que cada nivel del Ministerio de Salud remitió como resultado de la solicitud de intervención que realizó la exviceministra de turno”, según consta en la carta.
Los firmantes de la carta aludieron al Tratado de Libre Comercio Canadá – Costa Rica, para amenazar a la exministra con activar “el protocolo inicial al amparo de la cláusula arbitral compromisoria en el marco del tratado”, en caso de que “se nos pretenda someter a una inusual actividad de persecución por parte de alguna institución del Estado (el Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) u otra)”.
EBI citó el artículo 12 del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Costa Rica, firmado el 23 de abril de 2001 y aprobado mediante la Ley 8.300 del 10 de setiembre de 2002. Este artículo establece que, en caso de disputa entre las partes contratantes e inversionistas por medidas que incumplen el acuerdo y generan pérdidas o daños, se buscará una resolución amistosa. Si no se logra en seis meses, el inversionista puede recurrir al arbitraje.
En la carta, los representantes de EBI además sostuvieron que “cada cuatro años, con cada cambio de gobierno, un grupo de personas detractoras” de sus proyectos se acercan a los nuevos jerarcas para “darles conceptos erróneos”.
“Su retórica es hablar mal de nuestros proyectos e inician una campaña de visitas a los ministerios y hasta Casa Presidencial, para poner en mal Io que se ha hecho por parte de la empresa privada, el Ministerio de Salud y el MINAE, en el tema de la gestión, tratamiento y disposición final de residuos ordinarios. Esta es una situación desgastante e injusta, tanto para las autoridades del Ministerio de Salud (de los tres niveles de gestión) y del MINAE (SETENA) que a Io largo de los años han realizado una tarea objetiva y celosa, velando por que a los residuos se les dé un tratamiento y una disposición final segura, protegiendo el ambiente y la Salud Pública”, indicó EBI en la carta.
La empresa EBI tiene una larga historia en Costa Rica y ha afrontado serios cuestionamientos. Es la empresa encargada de operar los rellenos sanitarios Parque de Tecnología Ambiental (PTA) Aczarri en Aserrí, conocido como el Huazo; el PTA la Uruka, en La Carpio; y el PTA en El Tomatal de Limón. La gestión de estos sitios ha generado críticas y denuncias por parte de las comunidades aledañas, quienes reportan afectaciones en su salud.
En el 2010, EBI pagó ¢9,7 millones por el daño social que ocasionó al conceder dádivas para que la Municipalidad de Aserrí le permitiera instalar un relleno sanitario en ese cantón, según publicó entonces el diario La Nación.
En el 2005, el diario La Nación publicó que EBI habría intentado silenciar a uno de sus empleados que denunció presuntos sobornos en Costa Rica.
El año pasado, directivos de esa empresa reconocieron a la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa que operaron un sector del Parque de Tecnología Ambiental Aczarri, en Aserrí, sin permisos de construcción ni la aprobación del Concejo Municipal del cantón, según una publicación del medio Delfino.cr.
Lea aquí la carta enviada por EBI a Joselyn Chacón:
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La exministra de Salud comentó sobre sobre el tema de EBI en la comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, donde se realiza una investigación sobre la disposición de residuos sólidos en el Gran Área Metropolitana, así como las acciones tomadas por el Ministerio de Salud para atender las denuncias de los vecinos y vecinas de las zonas de conflicto.
Chacón señaló que, durante su gestión, realizó diversas visitas a los rellenos sanitarios, inició estudios en los mismos, coordinó con organismos internacionales, dio prioridad a la atención de denuncias de este tipo, y exigió a las empresas asumir la responsabilidad correspondiente.
Con respecto a la carta y advertencia de EBI del arbitraje internacional, la exministra expresó que eso no la hubiese frenado en seguir su trabajo, pero que sí la tomó como un amenaza: “para mí esto es una amenaza, fue ahí donde yo decido acceder a la comisión de ambiente con apoyo de los diputados porque yo creo que ya esto había pasado a una gran escala”, dijo Chacón.
“Según esta carta, se estaba convirtiendo en una guerra cuando yo realmente estaba buscando cómo ayudar tanto a la empresa como al pueblo”, agregó ante congresistas.
Chacón ocupó el cargo de ministra de Salud desde el 8 de mayo de 2022 hasta el 7 de febrero de 2023, fecha en la que presentó su renuncia.