El control político ejercido por la Asamblea Legislativa en materia de financiamiento electoral es uno de los pilares fundamentales de la democracia costarricense. Esta función, labor de los diputados y diputadas del país, garantiza la transparencia y la integridad del proceso electoral, y fortalece los principios de separación de poderes.
La importancia de este control se hace evidente en el reciente informe legislativo sobre el financiamiento de partidos políticos, el cual puso su foco en diversas irregularidades y prácticas dudosas que vuelve cuestionable la legitimidad del proceso electoral. Este informe, de más de 300 páginas, destacó la necesidad de abordar estas problemáticas para cuidar la integridad del sistema electoral costarricense.
En una democracia saludable, cada uno de los tres poderes del Estado debe actuar como un contrapeso frente a los otros, con el fin de garantizar un equilibrio de poder. En este sentido, el control político ejercido por la Asamblea Legislativa sobre el financiamiento electoral contribuye a mantener esta balanza, donde se busca que ningún partido político, o actor externo, pueda influir de manera indebida en dicho proceso electoral.
El informe reveló múltiples casos de irregularidades, como el uso de estructuras paralelas para el financiamiento, donaciones de entidades jurídicas y extranjeras, la emisión de bonos con altos retornos para obtener fondos adicionales. Al investigar el caso del video “Salto al vacío”, las estructuras paralelas de financiamiento de la campaña del presidente Rodrigo Chávez y el caso del financiamiento de la nueva República salen a relucir.
Por ejemplo, el diputado Ariel Robles da a conocer que durante la investigación el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), cuando solicitó explicaciones sobre el funcionamiento del fideicomiso, se halló una carta crucial encontrada entre los más de 9000 documentos de la investigación, en dónde el presidente Rodrigo Chávez admitió que el fideicomiso se utilizaba para recibir fondos de campaña en una cuenta paralela, dado que las cuentas del partido no estaban operativas en ese momento.
Esta confesión, respaldada por pruebas documentales, reveló que Chávez estaba detrás del fideicomiso, y también su administrador principal, en colaboración con Arnoldo André. Entonces, esta comisión investigadora logró descubrir detalles que no se habían considerado anteriormente. Por ejemplo, el uso de recursos del fideicomiso para financiar actividades de proselitismo político, como contratar personal sin remuneración adecuada para realizar llamadas y promover el partido, afirmó Robles.
Ante todas estas irregularidades, es importante que los distintos poderes actúen como vigilantes. De esta forma la diputada Vanessa de Paul Castro, afirmó que las y los diputados representan un poder de la república y su intención no es exceder los límites, sino más bien ofrecer sugerencias respecto a otro poder de manera respetuosa.
“Un diputado cumple dos funciones constitucionales que es hacer leyes y ejercer control político”, Vanessa de Paul Castro, diputada.
La comisión investigadora de la que Castro y Robles forman parte, emite una sanción de orden político junto con una serie de recomendaciones que se espera tengan impacto. Se busca abrir los ojos al Ministerio Público, proporcionándole los 9,000 folios de la investigación y el informe final de 300 páginas, y sugiriendo una mayor profundización, por ejemplo, la apertura de cuentas bancarias de ciertas personas.
De esta forma es importante destacar cómo este rol mencionado de hacer control político sí tiene un peso significativo en la democracia. Castro abordó que dicha investigación podría llevar a tener implicaciones legales, porque se puede descubrir que están violando normativas electorales.
También mencionó que es vital abordar reformas de ley, especialmente en lo relacionado con el fortalecimiento y la clausura de vacíos legales en lo referente a las declaraciones y aportes de dinero, ya sea de personas jurídicas o extranjeras. Otro tema crucial que requiere legislación inmediata es el de los bonos, puesto que a pesar de la prohibición de otorgar más del 15%, creen que esta restricción ha sido eludida durante esta campaña electoral.
En última instancia, el control político de la Asamblea Legislativa en materia de financiamiento electoral no solo es una obligación constitucional, sino también un compromiso moral con la ciudadanía costarricense. Su rol es importante al implicar investigar irregularidades, pero también proponer y aprobar reformas que fortalezcan este marco regulatorio en materia de financiamiento electoral, cerrando las puertas que faciliten la corrupción.
Puedo acceder al análisis que se hizo en el programa Desayunos sobre el tema:
