El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) alega que cometió un “error involuntario” al evaluar las ofertas para la supervisión del proyecto de ampliación de la Ruta 32 y cambió la decisión sobre la empresa elegida para el contrato de $5 millones.

Inicialmente, el Conavi había adjudicado el proyecto al consorcio Ingeniería UG21 S.L y Cal y Mayor Asociados, una de las firmas que había invitado a dedo a este concurso.

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Otras dos empresas concursantes presentaron recursos de revocatoria, en los que solicitaban anular la adjudicación inicial, argumentando que no cumplía con los requisitos necesarios. El Conavi solo admitió uno de esos recursos. Al conocer esas objeciones, la Dirección Financiera de la Ruta 32 realizó nuevamente una revisión y encontró que “la Administración obvió un dato muy importante en los cálculos, (…) en relación al incumplimiento de la empresa adjudicataria en el tema financiero”, pues la empresa adjudicada tenía capital negativo, según indicó el Consejo de Administración de esa entidad.

Después de eso, el Consejo decidió adjudicar el contrato a otra compañía que había obtenido la segunda mejor calificación. Se trata de AYESA Ingeniería y Arquitectura S.A., una empresa de origen español.

Esta empresa también había sido invitada a dedo para participar en el concurso, del cual el Conavi nunca dio justificaciones ni publicó los criterios técnicos usados para determinar a cuáles compañías invitaría.

El error

Según el expediente que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), la Dirección Financiera de la Ruta 32 omitió en la primera revisión el rubro de: “Procedimiento para la evaluación de la capacidad financiera del oferente”, específicamente el punto que establece que “en ninguna ocasión se podrá aceptar que algún oferente o miembro de un consorcio presente capital de trabajo negativo, lo cual, en caso que se llegase a materializar, será causal de exclusión, por tratarse de un requisito de elegibilidad”.

“Se tiene que por un error involuntario esta Dirección omitió ese punto”, según se indica en el oficio UE32-DRA-04-2023-0797 de fecha 29 de agosto de 2023, citado en la resolución a los recursos de revocatoria.

Al realizar el nuevo estudio y tomando en cuenta este requisito, la dirección concluyó que efectivamente la empresa UG21 tiene un capital de trabajo negativo, lo que la hace ilegible desde el punto de vista financiero y la excluye de cualquier posibilidad de adjudicación.

Ante este panorama, el Consejo de Administración del Conavi, tras recomendación de la Unidad Ejecutora de la Ruta 32, decidió adjudicar a la empresa AYESA Ingeniería, según consta en la resolución RES-CA-0088-2023.

Sin embargo, la Unidad Ejecutora advirtió a la administración que esta compañía no genera obligaciones obrero – patronales para la Caja Costarricense del Seguro Social, ni para el Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares (Fodesaf), y actualmente no cuentan con personal ni trabajos en Costa Rica, por lo que, “siendo adjudicatarios, deberá cumplir con la normativa que establece nuestra legislación en materia laboral y las obligaciones obrero-patronales”.

Objeciones

Luego de que el 15 de agosto el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) anunciara que había otorgado la adjudicación al consorcio UG21-Cal y Mayor, las empresas TPF Getinsa Euroestudios S.L. y el consorcio Peyco-PQS Dical, que también habían participado en el proceso, presentaron recursos de revocatoria en los que cuestionaron la decisión de la administración.

El Conavi rechazó uno y admitió el de la empresa TPF Getinsa Euroestudios S.L.

En los recursos de revocatoria, entre otros aspectos, las empresas cuestionaban la experiencia del ingeniero Bernal Hernández Vázquez, quien fue nombrado por el Consorcio UG21-Cal y Mayor como director de proyectos para participar en este proceso de licitación.

Las empresas alegaron que Hernández se atribuye experiencia que no está registrada en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). Indicaron que de todos los proyectos realizados en el país que el ingeniero planteó en el formulario de su hoja de vida, únicamente tiene registrado el de construcción del Corredor de Circunvalación Norte ante el CFIA, en el cual su rol era de inspección. Ningún otro proyecto consignado en su currículum está inscrito ante el colegio.

“Por tanto, el resto de los proyectos supuestamente ejecutados en Costa Rica por dicho ingeniero no pueden ser objeto de evaluación en este concurso”, se argumentó en el recurso colocado por el consorcio Peyco-PQS Dical.

En los recursos de revocatoria, las empresas también cuestionaron la falta de documentación que respalde la supervisión y gestión de los proyectos del ingeniero, así como la ausencia de evidencia que demuestre que el valor de los proyectos en los que el ingeniero trabajó alcanza las cifras requeridas en los requisitos del pliego de condiciones creado por Conavi para este concurso.

Sin embargo, el consorcio defendió que la experiencia de Hernández está comprobada y que hay “consecuencia entre la experiencia incluida en el formulario TEC-6 (hoja de vida), la declaración jurada presentada y las certificaciones del director de proyectos del Consorcio UG21- Cal y Mayor”.

En la resolución a estos recursos de revocatoria, Conavi determinó que Hernández sí cumple con los requisitos y experiencia solicitada.

No obstante, de todas formas el Conavi cambió su decisión sobre la empresa adjudicada pues en medio de estas nuevas revisiones se percató de su “error involuntario”.

El propósito de esta contratación es elegir a un organismo o empresa internacional con experiencia en planificación, gestión de proyectos viales, inspección y garantía de calidad, con el fin de supervisar, inspeccionar y asegurar la calidad de la ruta 32, dado que el contrato previo con el consorcio encargado de esta labor ha expirado.

Para ello y según comprobó Interferencia, Conavi invitó solo a tres compañías a participar por este contrato, pero nunca justificó cómo seleccionó a esas empresas. A raíz de esto, otras firmas reclamaron y el Conavi decidió invitar a dos más, pero siempre dejó a otras por fuera sin dar explicaciones sobre los criterios de invitación.