La nueva propuesta denominada Ley marco para la gestión integrada del recurso hídrico (Expediente N.°23.511), presentada por el Partido Liberación Nacional (PLN), está causando múltiples preocupaciones por las intenciones en el resguardo y manejo adecuado del agua como recurso invaluable.
Desde el 27 de agosto hasta la actualidad, en Costa Rica, el manejo del agua se rige por la Ley de Aguas que ha tenido sus actualizaciones alrededor de los años. Sin embargo, esta nueva propuesta de ley busca reemplazar la actual legislatura con un intenciones de actualizarla, pero su contenido levanta suspicacias, dudas, temores y múltiples interrogantes.
En nuestro país, la mayor parte del recurso hídrico que se emplea y consume es obtenido por fuentes superficiales o fuentes subterráneas; en otras palabras, son pozos que perforan el manto acuífero en diferentes zonas para la extracción de agua.
Existen múltiples entidades que se encargan de la distribución del agua, como Acueductos y Alcantarillados (AyA) a nivel más macro, o a nivel más micro las Asociaciones Comunitarias, como las Asadas, formadas por vecinos de una región que se organizan para administrar el acueducto en regiones más rurales.
La demanda del consumo de agua, cada vez aumenta la presión a los mantos acuíferos subterráneos combinados con los resultados del cambio climático, es lo que según el PLN da luz a esta nueva ley. No obstante, permite cuestionarse cuáles realmente son las propuestas y soluciones que presentan en esta ley y que tan fundamentadas se encuentran.
La realidad es que en el contexto político-social actual existe una lucha entre la autonomía de las instituciones y el gobierno actual, donde múltiples propuestas parecen tener una intención basada en la agenda política y no en la ciencia y la técnica.
Como destaca el ecologista y representante de la colectiva Agua de Vida, Sergio Ortiz Pérez: “los proyectos de ley que ha presentado al Poder Ejecutivo, que en síntesis lo que buscan es concentrar poder en los ministerios que están a cargo, obviamente del Presidente de la República, y eso lo que hace es que el presidente ya no tenga que acudir a instituciones autónomas, porque esa palabra es importante.”
En el caso de la propuesta de ley 23511, se está tratando de evitar el seguimiento del criterio técnico de las instituciones autónomas como la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) o el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara). Esta última, tiene dentro de sus funciones por ley la investigación y la protección del recurso hídrico, tanto superficial como subterránea, lo cual funciona como un contrapeso con bases científicas a las decisiones que toma el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). Esto debido a que sus indicaciones de protección del recurso hídrico por ley deben ser de acatamiento obligatorio.
Esta dinámica es la que dicha propuesta pretende eliminar y es el principal problema; es la búsqueda de la concentración de poder en la toma de decisiones en el Minae, migrando las capacidades del Senara a Dirección de Aguas, ente adscrito al ministerio, lo cual impide esta relación de freno, contrapeso y cuestionamiento que actualmente permiten preservar el recurso hídrico.
Como menciona Ortiz: “cuando se trasladan a la Dirección de Aguas por este proyecto de ley, ya no van a ser de acatamiento obligatorio, no dice que sean vinculantes. El que decide y que tiene la última palabra, es el Minae. Entonces se politizan por completo las decisiones técnicas y científicas que hoy son del Senara.”
Además, esta propuesta busca eliminar el diálogo y la voz que le han dado a las comunidades mediante las Asadas, lo cual es una gran problemática, ya que disminuye la participación popular volviendo estos procesos más ejecutivos.
Por esta razón, se cuestiona la intención de esta propuesta de ley y se invita al diálogo para proteger este recurso tan vital.
“El agua toca muchos intereses y por eso es que todos van a opinar, opina el industrial, opina el agricultor, opina el ecologista, el ambientalista, opinan las Asadas, opina absolutamente todos los e inclusive los indígenas de ese país… Entonces me parece que debería haber una posición abierta, una posición de conversar, una posición de escuchar.” , Sergio Ortiz Pérez, representante de la colectiva Agua de Vida.
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