Activistas indican que los pueblos locales no fueron tomados en cuenta en las modificaciones del último texto del protocolo.
El Protocolo de Nagoya ha generado una tensión de fuerzas. Por un lado, hay quienes lo defienden porque supone una regulación de los recursos genéticos (características que tienen los organismos vivos para un beneficio en general) con una participación equitativa, y por otro, hay quienes lo rechazan porque presenta un riesgo para la biodiversidad; una venta de conocimientos y bienes comunes.
Las autoridades en Costa Rica firmaron el Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización, en Japón en el 2011. La firma se realizó como parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), y nació en respuesta al tercer objetivo del CDB que vela por una regulación y distribución equitativa.
Con la aprobación de este protocolo se podrán crear mecanismos de propiedad intelectual sobre el conocimiento tradicional que se obtiene de la naturaleza (plantas, hongos, animales, etc) y de comunidades locales como población indígena y campesina.
“El protocolo básicamente viene a permitir a nivel institucional, a nivel jurídico y con complicidad del gobierno que los conocimientos comunitarios sean extraídos, luego industrializados, mercantilizados, privatizados y ya de vuelta a las comunidades(…) es como un ejemplo básico con el tema de algún fármaco”, aclaró la integrante de la Red de Coordinación de Biodiversidad, María José Murillo, en entrevista para el programa Comunidad 870.
Quienes defienden el protocolo ven en el proyecto una suerte de regulación y de soluciones legales y políticas a la utilidad que se le da a los recursos genéticos.
La diputada del partido Liberación Nacional, Kattia Cambronero indicó que la ratificación de este protocolo es importante para los territorios rurales ya que permite que “exista una participación justa y equitativa de los ingresos que provengan por el uso del material genético y bioquímico en la biodiversidad del territorio”.
Cambronero también mencionó que el protocolo ayudaría a disminuir la biopiratería a nivel internacional y que puede traer beneficios económicos para habitantes de esta zona. Así lo manifestó en una consulta que se le hizo desde Comunidad 870.
Sin embargo, activistas y organizaciones ambientalistas mencionan que el protocolo en nuestro país no beneficia a las comunidades porque no ha tenido una consulta amplia con los pueblos locales. Además indican que es un texto que ha tenido nuevas modificaciones, sin consulta de quiénes se ven afectados en primera línea.
“Entre el primer debate y la consulta que hace la Comisión a las Asociaciones de Desarrollo Indígena (ADIs) hubo cambios al texto(…) la diputada Sofía Guillén (del partido político Frente Amplio) propuso cláusulas interpretativas con la intención de arreglar algunos términos que no son claros en el texto (…) Una de las críticas que tenemos es que el procedimiento de la Asamblea no sería el correcto porque el texto final aprobado no es el mismo texto que fue consultado a las ADIs”, señaló la integrante de la Red de Coordinación de Biodiversidad, Sofía Barquero.
Según Barquero este protocolo también tiene consecuencias jurídicas para las personas indígenas. El documento presenta una serie de condiciones en donde se deberá negociar y firmar contratos con la parte interesada en el conocimiento tradicional de esta población y dichos acuerdos no presentan igualdad de condiciones entre las partes.
Por otro lado, si hay resolución de conflictos, las personas indígenas deberían trasladarse a tribunales internacionales lo que representa una inversión que puede estar fuera de su alcance.
Costa Rica se encuentra en un proceso de ratificación del protocolo que se aprobó en un primer debate a inicios de este año en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa. Actualmente está en consulta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Vea la entrevista completa que se realizó sobre el tema.