La alta aprobación popular que marcó el inicio del gobierno actual se redujo 11 puntos entre agosto y noviembre, al cumplirse seis meses de gestión marcada por anuncios, más promesas y posiciones polémicas, en un ambiente de pesimismo por la situación económica.
El presidente Rodrigo Chaves recibe la aprobación de un grupo de costarricenses menor al que le aplaudía tres meses atrás, al acercarse la mitad del año inicial del cuatrienio que comenzó con el signo de una alta popularidad del nuevo líder político.
Una de cada siete personas que aprobaban al mandatario en agosto ya no lo respaldan, lo que equivale al 14% del caudal que tenía. Este 14% es el valor relativo de los 11 puntos de reducción entre las mediciones de agosto, cuando cumplió 100 días en el poder, y la primera semana de noviembre, al llegar a medio año gobernando.
El 68% de la población califica como “buena” o “muy buena” la labor de Rodrigo Chaves en noviembre, un porcentaje muy favorable para él, aunque inferior al 79% que le daba esas notas en el mes agosto.
Son los datos que depara la encuesta periódica de cierre de año del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), que ratifica la erosión del apoyo al mandatario mostrada por los números de otra medición realizada dos semanas antes por el Observatorio del Desarrollo de la universidad.
Una parte de los encuestados que daban buena calificación a Chaves ahora están en el grupo de “regular” (18%, seis puntos más que en agosto) y de opiniones negativas (que pasó de 10% a 14%).
Estos cambios son estadísticamente significativos, pues superan el margen de error de la encuesta, de 3,1 puntos porcentuales, de acuerdo con la fórmula aplicada con 1002 entrevistas realizadas por teléfono celular entre el martes 1 de noviembre y el viernes 4.
Al comparar los estudios CIEP-UCR de agosto y noviembre se evidencia que la diferencia entre las opiniones positivas sobre Chaves y las negativas pasó de 69 puntos a 54, después de tres meses en que el mandatario ha lidiado con emergencias por lluvias y con el persistente alto costo de la vida.
Pasado el mes agosto de los 100 días en el poder, Chaves también ha puesto la cara por la entrada en operaciones de la nueva empresa de revisión vehicular y ha protagonizado enfrentamientos con una parte de la Asamblea Legislativa, donde avanza una investigación política por financiamiento electoral que pone en la mira la campaña del actual mandatario. Eso, a pesar de que el 89% de la población no sabe o no recuerda el nombre de la agrupación Progreso Social Democrático (PPSD).
Sin embargo, el favor popular le sigue acompañando de manera considerable, advirtieron los investigadores de CIEP-UCR. “Él partió de un piso muy alto, pero es usual que en las segundas mediciones se muestren erosiones y en este caso no es una cifra despreciable”, explicó Ronald Alfaro, coordinador del estudio.
¿Por qué ese desgaste? La encuesta no permite identificar un motivo específico, pero se podría atribuir al normal acumulado de decisiones y acciones en seis meses que ya se salen de la mera expectativa o de solo las promesas, añadió Alfaro.
Le ocurre también al gobierno como equipo, determinado por la fuerte figura presidencial pero no limitado a ella. En agosto el gobierno recibía calificaciones positivas de 71% de la población, un poco por debajo de la que captaba Chaves por sí solo; ahora ese rubro está en 65% frente a 13% de los encuestados que critica la gestión gubernamental. Sin embargo, la aprobación al desempeño gubernamental sobresale en el comparativo de las últimas administraciones, solo superada por la administración de Carlos Alvarado en el momento crítico de la pandemia (abril de 2020) y por la del propio Chaves en el mes agosto.
En la relación con la Asamblea Legislativa, el mayor grupo (47%) la evalúa con nota “mala” o “muy mala”, frente a 30% que la aprueba y 23% que contestó “regular”. Este rubro es crítico para la mayoría de las personas, pues 87% respondió que para la calidad de una democracia es favorable una buena relación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
En octubre se registraron dos resellos, votaciones en las cuales los diputados se trajeron abajo la decisión del mandatario de vetar proyectos de ley. Ocurrió con un plan relacionado a la regla fiscal con el Servicio de Emergencias 911 y con un texto que renovaría concesiones del Depósito Libre de Golfito. Además se han presentado encontronazos por la tramitación del Presupuesto de la República 2023, aún pendiente de aprobación en el plenario.
Esto ocurre en un contexto económico adverso, como reflejan los indicadores duros y como percibe la población, pues el 75% de las personas entrevistadas señaló que la situación es “mala” o “muy mala”. Solo 11% da una opinión positiva, lo cual concuerda con la pregunta sobre los principales problemas del país, encabezados por “costo de la vida y la situación económica”, como apuntó el 35% de los encuestados.
El segundo problema percibido en el país es el desempleo y el tercero, la corrupción, tal como ocurrió tres meses atrás. Por debajo siguen la inseguridad ciudadana y en quinto lugar la mala gestión del gobierno.
A pesar del entorno económico ingrato, la mitad de las personas ve favorable el rumbo del país, ante un 24% que considera es “malo” o “muy malo” y un 26% que prefiere quedarse en posición neutra.
Posiciones divididas ante fallo de Sala Constitucional contra cierre de Parque Viva
No es cierto que la opinión pública como una generalidad cuestionaba la decisión de la Sala Constitucional de anular el cierre del centro de eventos Parque Viva, ligado al diario La Nación, como dio a entender el presidente Rodrigo Chaves en octubre tras conocer la decisión de los magistrados justificada por tratarse de un ataque indirecto a la libertad de prensa.
La última encuesta CIEP-UCR señala que menos de la mitad de la población repudió ese fallo de la Sala Constitucional, cuyos argumentos no se han publicado dos semanas después de emitido el criterio que Chaves calificó como una “contorsión” jurídica.
Es un 44% de la población el que muestra su desacuerdo con la decisión de los magistrados contra el cierre administrativo revelado en julio, en medio de críticas del mandatario contra el contenido del diario y sus propietarios.
Mientras tanto, un 30% apoya la decisión de los magistrados, un 4,3% tiene posición neutral y un 21,8% prefirió reservarse la respuesta, un porcentaje considerado llamativo por los investigadores, pues no es usual que haya un volumen así de abstención en las preguntas de las encuestas.
La repartición de opiniones sobre el fallo del tribunal constitucional es casi inversamente equiparable a la de opiniones sobre el cierre del Parque Viva, pues 41% aplaudió esa decisión de la ministra de Salud acuerpada por Chaves y 33% expresó su desacuerdo con la medida, con 5% de posición neutral y 21% que optó por no contestar.
En su momento, el mandatario alegó que el cierre del centro de eventos obedecía a la falta de planes que redujeran la fuerte congestión vial que se genera en el distrito alajuelense La Guácima cada vez que hay actividades masivas en Parque Viva.
Sin embargo, esa medida coincidió con otras críticas a la solvencia financiera de Grupo Nación y de que su director ejecutivo, Pedro Abreu, informara de que las operaciones de Parque Viva son un respaldo financiero para el periódico con el cual el mandatario ha rivalizado desde que era candidato presidencial, por el contenido de sus publicaciones.
Cuando defendió el cierre de Parque Viva, Chaves dijo que los propietarios de Grupo Nación han estado acostumbrados por décadas a actuar sin respetar las leyes para obtener beneficios económicos y los llamó “reyes sin corona” a los que debía quitar privilegios en esta “nueva era” de la política.
Periodistas del periódico acudieron entonces a la Sala Constitucional, que acogió su reclamó y consideró por unanimidad que el cierre del centro de eventos sí constituye una violación de manera indirecta a la libertad de prensa.
Aunque las justificaciones no se han publicado aún en el voto completo, el presidente dijo que los magistrados parecen estar dando beneficios indebidos en sentido contrario al que desea “el pueblo”, como dijo basándose en las redes sociales.