En resumen: El Poder Ejecutivo justifica un proyecto de ley que cambiaría el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) con citas incompletas y distorsionadas del Informe Estado de la Educación, un proyecto de investigación del sistema educativo costarricense del Programa Estado de la Nación (PEN).
La exposición de motivos del proyecto de la Ley Reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior (expediente 23.380) contiene dos referencias sacadas de contexto del Informe Estado de la Educación del 2017. Así lo comunicaron al Consejo Nacional de Rectores (Conare) la coordinadora de ese informe, Isabel Román; y el director del PEN, Jorge Vargas.
Doble Check revisó el análisis de esos investigadores, quienes advirtieron que “no hay correspondencia entre lo que se cita del Estado de la Educación y lo que se propone” en el proyecto de ley que el presidente Rodrigo Chaves y su gabinete anunciaron a inicios de octubre, y que se tramita actualmente en la Asamblea Legislativa.
El Poder Ejecutivo emplea una referencia del Informe del Estado de la Educación para argumentar que el Estado costarricense debe reforzar “sus potestades reguladoras sobre la educación superior estatal” y “dimensionar la autonomía de las universidades”. Sin embargo, el PEN advirtió que “en ninguna parte del informe se propone que el Estado deba fortalecer la regulación sobre las universidades públicas”.
Los investigadores del PEN demostraron que esa cita que seleccionó el Gobierno está incompleta, por lo que “oculta la caracterización de las debilidades regulatorias del Estado que se analizan y las implicaciones de política pública que exponen” los hallazgos del Estado de la Educación.
Otra de las citas es utilizada por el Gobierno para justificar la necesidad de establecer un porcentaje del FEES para financiar becas y regionalización. No obstante, el Poder Ejecutivo omitió hallazgos que el Estado de la Educación hizo justo antes de esa referencia, como que la matrícula en sedes regionales ha subido constantemente desde el inicio del siglo y que las universidades han mejorado las oportunidades de acceso para las personas con menores ingresos económicos.
Doble Check envió consultas a Casa Presidencial sobre el uso de estas citas, pero no se obtuvo respuesta oportunamente.
¿Qué busca el proyecto de ley?
El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) es una transferencia que reciben las instituciones de educación públicas estatales. El Gobierno debe detallar ese presupuesto y otorgarlo a las universidades estatales según el artículo 85 de la Constitución Política de Costa Rica. El FEES está distribuido que está distribuido entre las universidades públicas del país: Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA), Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), Universidad Estatal a Distancia (UNED), y la Universidad Técnica Nacional (UTN) a partir de este año.
El pasado 5 de octubre, el Poder Ejecutivo anunció un proyecto de ley (tramitado en el expediente 23.380) que propone reestructurar la distribución del fondo. El proyecto de ley del Gobierno propone que el FEES sea administrado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y la formación de un Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal, que estaría integrado representantes del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y los ministerios de Educación Pública (MEP), Hacienda, Planificación y Ciencia y Tecnología.
Casa Presidencial aseguró en un comunicado del 5 de octubre pasado que la iniciativa fue elaborada “con base en criterios objetivos” y que “responde a metas e indicadores nacionales, de manera que la asignación y el uso de los recursos del FEES sean más eficientes y así se fortalezca la educación superior pública”.
El Gobierno propone que las universidades “estarán obligadas a presentar un informe financiero anual de la ejecución del Fondo”. El presidente de la República, Rodrigo Chaves, presentó el texto como una iniciativa que pretende “mantener el mandato constitucional de que el FEES lo distribuya el Conare; pero que, por ley y bajo la supervisión de los reportes que ellos mismos presenten, la Contraloría tenga la competencia de verificar que las prioridades del fortalecimiento de la educación universitaria de este país se cumplan”.
Además, Chaves aseguró que la iniciativa aplicaría un régimen de sanciones en caso de que haya “incumplimiento en la distribución y calidad del gasto del FEES”.
La exposición de motivos del expediente 23.380 cita directamente en dos ocasiones al Sexto Informe Estado de la Educación, del 2017. El estudio pertenece al Programa Estado de la Nación (PEN), que es financiado por Conare.
Cita incompleta y sacada de contexto
Las referencias al Informe Estado de la Educación que utilizó el Gobierno en la exposición de motivos del proyecto de ley fueron “sacadas de contexto” y “no sirven para justificar lo que se propone”. Así lo advirtieron al Conare la coordinadora del Estado de la Educación, Isabel Román; la investigadora asociada de ese informe, Marcela Román; y el director del PEN, Jorge Vargas.
Doble Check revisó el análisis de ese grupo de investigadores, quienes concluyeron que hay “un claro uso selectivo y distorsionado de las citas” empleadas por el Poder Ejecutivo.
Una de esas referencias es utilizada por el Gobierno para justificar que es “evidente” la necesidad de que “el Estado costarricense refuerce sus potestades reguladoras sobre la educación superior estatal”. La cita fue extraída de la página 243 del Sexto Informe del Estado de la Educación.
Sin embargo, el Gobierno omitió dos párrafos –uno intermedio y otro al final de la referencia utilizada–, y el grupo de investigación del PEN destacó que esa edición “oculta la caracterización de las debilidades regulatorias del Estado que se analizan y las implicaciones de política pública que exponen” los hallazgos del Estado de la Educación.
El grupo de investigación del PEN destacó que “en ninguna parte del Informe se propone que el Estado deba fortalecer la regulación sobre las universidades públicas”. En cambio, el informe citado señala explícitamente los desafíos que ha tenido el Estado para definir metas nacionales de mediano y largo plazo, y que eso ha dificultado pedirle a las universidades públicas una contribución clara en los planes nacionales de desarrollo.
El PEN recalcó que “la forma de recortar la cita también omite el reiterado llamado de los Informes Estado de la Educación a resolver en el sector privado la cultura de opacidad sobre su quehacer”.
En realidad, en Informe Estado de la Educación del 2017 concluyó seguidamente al párrafo citado por el Gobierno que “establecer metas nacionales en el ámbito de la educación superior puede ser el acicate para promover su funcionamiento como sistema y dinamizar un esfuerzo de coordinación que hasta ahora luce inercial e insuficiente”.
“Regular es muy distinto a definir lineamientos generales de política en educación superior y objetivos prioritarios de los planes nacionales de desarrollo, para los que las universidades deben aportar a su cumplimiento. La debilidad del Estado para definir prioridades de mediano y largo plazo no se resuelve quitándole a las universidades la autonomía que les brinda la Constitución”, explicaron los investigadores del PEN en su análisis del proyecto de ley.
La iniciativa gubernamental sostiene en el artículo 5 que el Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal debe promover, fiscalizar y evaluar los resultados del financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal. El PEN subrayó que el uso de los recursos del FEES ya es fiscalizado anualmente por los entes de control que define la Ley 8.131. Es decir, la Contraloría General de la República ya realiza auditorías e informes de fiscalización de las universidades públicas del país.
Omisión de mejoras en becas y sedes regionales
El proyecto de ley del Gobierno también cita al Estado de la Educación para justificar la necesidad de determinar un porcentaje del FEES para becas socioeconómicas y una asignación específica de recursos de regionalización. Aún así, los investigadores del PEN concluyeron que dicha referencia a sus conclusiones está “incompleta y la omisión de los dos párrafos previos oculta el registro de los avances”.
Precisamente, los dos párrafos que precedían la cita hecha por el Gobierno destacaba que las universidades públicas “mejoraron las oportunidades de acceso para los quintiles de menores ingresos” desde el 2000, y que el programa de becas cubre a más de 80% de la población estudiantil en sedes regionales.
El PEN argumentó que la cita hecha por el Gobierno invisibiliza los esfuerzos que han realizado las universidades públicas por aumentar la inversión en regionalización y ampliar la oferta académica, que han sido documentados en otros informes del programa.
Por ejemplo, el Séptimo informe del Estado de la Educación (página 197), del 2019, registró el aumento en la inversión en regionalización y la ampliación en la matrícula de las instituciones de educación superior. Por ejemplo, entre el 2000 y el 2017, la cantidad de estudiantes matriculados en el primer periodo lectivo en universidades estatales aumentó 348% en la región Huetar Norte. El aumento fue de 861% en la región del Pacífico Central, pasando de 352 estudiantes en el 2000 a 3.384 en el 2017.
El criterio completo que emitieron las investigadoras del Estado de la Educación y el director del Programa Estado de la Nación se puede descargar aquí.