Nogui Acosta aseguró ser “un fiel creyente de la regla fiscal”, pero consideró necesario hacerle “calibraciones”. Además, insistió en que el país tiene una deuda cara y, para afrontarla, propone seguir la ruta de los eurobonos.
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El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, defendió el cambio en la aplicación de la regla fiscal que permitiría darle más margen al gasto público y aseguró que así fue concebida esta figura desde su aprobación, en el 2018.
El pasado 28 de junio, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, firmó un decreto de modificación al reglamento de esa norma para que se aplique con base en los montos presupuestados en las instituciones y no sobre lo ejecutado, como venía funcionando actualmente.
La Contraloría General de la República (CGR) considera que esa decisión es inconveniente para las finanzas públicas y pidió al Tribunal Contencioso Administrativo una medida cautelar de suspensión del decreto de Chaves.
En entrevista con Interferencia, el ministro de Hacienda sostuvo que la contracción del gasto del Gobierno tiene que ser “un aterrizaje suave, no brusco” y que al aplicar la regla fiscal sobre los montos ejecutados y no sobre los presupuestados, este proceso de contracción se acelera.
“Aplicar la regla a los montos ejecutados es complicado. Por ejemplo, la ejecución del presupuesto del 2021 fue del 86%. Entonces, si usted mide la regla fiscal en relación con el ejecutado lo va a medir sobre ese 86% y no sobre el 100%, lo significa que mi próximo presupuesto no va a poder ser el 100%, sino que será de 86% sobre el componente de la regla y eso significa que yo voy a ir ahorcando el gasto”, argumentó el ministro.
Acosta fue uno de los impulsores de la reforma fiscal cuando se desempeñó como viceministro de Hacienda, en el gobierno de Carlos Alvarado, en el 2018. En entrevista con Interferencia, afirmó que en principio, cuando se discutió el proyecto, siempre se pensó que la regla fiscal se aplicaría sobre los montos presupuestados.
Consultado sobre en qué momento se dio el cambio, respondió: “¿Puedo decir que no sé?”.
“Me parece que es una discusión que se tuvo y que se generó un decreto que lo estableció así, pero como parte del proceso de discusión le puedo asegurar que lo que se planteaba en ese momento era que fuera sobre el presupuestado”, afirmó el ministro.
En febrero del 2020, siendo ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves tuvo una discrepancia con la CGR por este mismo tema, pues él defendía la aplicación con base en lo presupuestado.
Finalmente, al firmar el decreto para la aplicación de esa figura, el Gobierno de Carlos Alvarado determinó que, al preparar el Presupuesto Nacional, se verificará el cumplimiento de la regla fiscal comparando los presupuestos ordinarios de los dos años, pero que, al finalizar la ejecución, se verificará su cumplimiento comparando el gasto ejecutado de las liquidaciones presupuestarias de ambos períodos.
Según considera ahora el ministro de Hacienda, la forma en que se ha aplicado la regla fiscal se traduce en afectaciones a la población y en la calidad de servicio que se brinda, por lo que sostiene que requiere “calibraciones”.
“Estamos claros de que hay que hacerle modificaciones (a la regla fiscal), sino la Asamblea no estaría llena de proyectos para excluir a las diferentes entidades de la regla y es una discusión que como país hay que tener, porque estamos convencidos de que tienen temas muy beneficiosos, entre ellos nos ayuda a controlar el gasto, pero también tenemos que empezar a ver un poco las particularidades”, afirmó Acosta.
Recientemente, la aplicación de la regla fiscal impedía girar recursos al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para que a su vez los transfiriera a organizaciones que atienden a la niñez.
El ministro de Hacienda también planteó que se debe valorar si el pago de impuestos debe estar sujeto a regla o no.
“Por ejemplo, Recope dice que no puede pagar impuestos porque la regla no se lo permite y es un tema de presupuesto, entonces ahí debemos evaluar si eso debería estar sujeto a regla, al igual que las transferencias que se hacen por ley a la Junta de Protección Social. Eso debería estar sujeto a la regla porque es un resultado y un tema que tenemos que discutir de manera amplia”, explicó el ministro.
Eurobonos
Una vez que asumió el nuevo Gobierno, en mayo pasado, el presidente Rodrigo Chaves manifestó que la casa no estaba ordenada como había asegurado el exmandatario Carlos Alvarado a su salida, en alusión a las finanzas públicas.
Interferencia consultó al ministro de Hacienda cuál es su visión sobre esto, habiendo sido parte de ambas administraciones. Acosta respondió que una parte sí quedó ordenada y otra no.
Para explicar su posición, señaló como aspecto positivo que la Tesorería hoy tiene alrededor de dos meses de flujo caja, recursos con los no contaba antes.
“Casi todos las semanas había que ir a buscar los recursos para soportar los gastos. Hoy, dentro de un entorno un poco más complicado, contamos con un poquito de oxígeno para tomar decisiones, si queremos endeudarnos a tasas altas o no”, explicó Acosta.
Sin embargo, añadió que el país tiene grandes compromisos y deudas. Explicó que, si bien el Gobierno realiza una recaudación importante, el nivel de endeudamiento tiene un gran peso sobre las finanzas y que más del 40% del presupuesto nacional es solamente para pagar intereses y amortizaciones.
“Necesitamos ir cambiando la forma en que nos estamos financiando. Cuando usted llega y va a la liquidación de presupuestos, se da cuenta de que el principal componente no es lo que le damos a educación, si no lo que se va para la deuda. Es decir, cada vez tenemos menos espacio para poder tener un presupuesto que responda a las necesidades de los costarricenses”, comentó Acosta.
El ministro explicó que esto sucede porque el país cuenta con una deuda grande, pero también cara y acordada a muy corto plazo. De hecho, Acosta comentó que las deudas que el Gobierno adquirió en el 2017 y 2018 para hacerle frente a un nivel de gasto cada vez mayor, hay que pagarlas en el 2022.
“Tenemos una situación complicadísima. Este año ocupamos 3,8 billones de colones para hacerle frente a los gastos, el próximo año ocupamos 4 billones y ese es un problema que tenemos que ir modificando”, dijo.
Para afrontar estos compromisos, Acosta insiste en la necesidad de que el Congreso apruebe el financiamiento por medio de eurobonos (bonos de deuda pública que se venden en el extranjero). Para esto, el pasado 6 de julio presentó una propuesta de texto sustitutivo del proyecto de ley conocido como plan sobre eurobonos, con el fin de atender solicitudes y observaciones que ha habido en la Asamblea Legislativa.
Dicho texto sustitutivo autorizaría al Gobierno a endeudarse en el mercado externo, por $6.000 millones durante cuatro años.
El ministro alegó que es importante la aprobación de esta ley para lograr salir del mercado costarricense que es pequeño y, además, utiliza colones, lo que implica cambiar el dinero a dólares para poder pagar en el exterior, causando un aumento en las tasas de interés y una subida del tipo de cambio.
“En los próximos cuatro o cinco años necesitamos pagar en deudas en dólares en el mercado interno y externo más de $13.000 millones. Vamos poniendo un poco en perspectiva de por qué no nos podemos quedar en el mercado local. El mercado local prácticamente tiene muy poca capacidad de ahorro y esa poca capacidad de ahorro hace que el Ministerio de Hacienda tenga que competir con las empresas privadas”, argumentó Acosta.
La otra ruta que propone el ministro de Hacienda es permitir que inversionistas internacionales se acerquen al mercado. Para esto, propone corregir el pago de impuestos que deben pagar los inversionistas a la hora de repatriar los recursos colocados en el país, así como generar un mercado más competitivo.
Aumento a ministros
Interferencia también consultó al ministro Acosta si defiende la legalidad del aumento de casi el 100% de salario a ministros y viceministros, un hecho cuestionado por algunos diputados porque, precisamente, podría estar en contra de la aplicación de la regla fiscal, la cual impide hacer ajustes salariales por costo de vida mientras el endeudamiento sea superior al 60% del PIB.
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Acosta respondió que estaba “completamente” seguro de la legalidad de ese ajuste y adujo que los salarios eran muy bajos. Además, sostuvo que no se trataba de un aumento por costo de vida sino de un “ajuste técnico” considerando cuánto ganan los subalternos.
Además, afirmó que el decreto de aumento salarial tiene una vigencia únicamente de nueve meses y sirve de “preámbulo para construir las familias que se van a implementar en la Ley de Empleo Público”, la cual entrará a regir en marzo del 2023.