Aumento a la carta: un asesor en Hacienda hizo estudio para duplicar salario a ministros

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Hulda Miranda
- hulda.miranda@ucr.ac.cr

Tan solo un día después de asumir el cargo de presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles ordenó al Ministerio de Hacienda elaborar un estudio con el cual cinco semanas después justificó un aumento de casi el 100% del salario base de sus ministros y viceministros.

Ese lunes 9 de mayo, cuando el nuevo gabinete apenas se acomodaba en sus funciones, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, le pidió a su asesor económico Marco Solera Rodríguez que preparara la nota técnica solicitada por el mandatario, según confirmó el mismo Solera ante consultas de Interferencia de Radios UCR.

Solera entregó un primer borrador el 2 de junio y un informe final de ocho páginas el 13 de junio, en el cual concluyó que en el gobierno central “existen jerarcas que ganan menos que su personal a cargo, con diferencias salariales de entre 27% y 30%” y que “para cerrar la brecha salarial respecto a otras posiciones jerárquicas del sector público costarricense, se debe ajustar el salario base de ministros y viceministros en 97,6%”.

Ese informe sirvió de base para duplicar el salario base a su jefe inmediato y al resto del gabinete.

El aumento salarial fue establecido en un decreto presidencial del 15 de junio y se publicó hoy 23 de junio en el Diario Oficial La Gaceta. Los salarios base pasaron de ¢1.357.300 a 2.681.745 en el caso de ministros y de ¢1.302.650 a ¢2.573.768 para viceministros. A ese monto se le deben sumar los pluses que algunos ministros ya tienen aprobados, mientras que otros están en trámites para el reconocimiento.

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Diputados del Frente Amplio y de Liberación Nacional consideran que el aumento podría violentar la disposición de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual establece que los salarios del sector público no podrán tener ajustes por costo de vida mientras el país esté en un nivel de endeudamiento superior al 60% del producto interno bruto (PIB), como ocurre actualmente.

Hoy mismo, tras la publicación del decreto, la diputada liberacionista Paulina Ramírez envió una nota a la Procuraduría General de la República solicitando que emita un criterio “sobre la legalidad” de que el presidente realice esos aumentos salariales vía decreto y de que se realicen pese a lo establecido por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

El jefe de fracción del Frente Amplio, Jonathan Acuña, anunció que pedirá a la Contraloría General de la República revisar el decreto.

Interferencia también consultó al Ministerio de Hacienda si para aprobar el aumento se pidió un criterio al Mideplan, por ser el ente rector en materia de empleo público.

Sobre esto, Hacienda respondió que el ministro Noguie Acosta consultó “directamente” a la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Laura Fernández, “quien dio una respuesta positiva tanto al estudio técnico como a la propuesta de decreto”.

Por su parte, la ministra Fernández confirmó a Interferencia que analizó la propuesta de Hacienda. “No tuvimos objeciones ni metodológicas ni de resultados”, dijo mediante correo electrónico.

Fernández también afirmó que dentro de Mideplan no existe un ente técnico para analizar ese tipo de ajustes y agregó que ese Ministerio todavía no posee esas competencias, sino que las tendrá a partir de marzo de 2023 cuando entre a regir la ley de Empleo Público.

“Valga indicar que por tratarse de puestos de confianza los salarios de ministros y viceministros debe aprobarlos la Autoridad Presupuestaria, y al estar excluidos del ámbito de la Dirección General del Servicio Civil, la forma de realizar una revalorización salarial difiere de la que utiliza dicha Dirección para sus puestos”, agregó.

Según dijo Fernández, para hacer la valoración debe existir una justificación y un estudio, “que en este caso fue requerido por el Presidente de la República a uno de sus jerarcas, debido a los bajos salarios de los ministros y viceministros, y al congelamiento de estos salarios desde hace más de una década”.

Interferencia también consultó a Hacienda si la misma fórmula de revalorización salarial se aplicaría a otros funcionarios públicos, ante lo cual el asesor Marco Solera respondió: “No. La propuesta busca eliminar la brecha salarial que existe entre jerarcas y subalternos, una revalorización para todo el sector público podría generar nuevamente la situación que se busca corregir”.

Costo de vida

El decreto para el aumento salarial fue firmado por el presidente Chaves, por el ministro de Hacienda y por la ministra de Planificación.

En el considerando VII se elabora una argumentación relacionada con el costo de vida y se indica que, durante años, en el sector público se han aprobado por decretos “incrementos salariales semestrales, los cuales tenían como objetivo reconocer los porcentajes de inflación”, pero que “se han excluido de dichos aumentos los puestos de ministros (as) y viceministros (as)”.

Por eso se consultó a Hacienda si para elaborar el estudio se consideró que la regla fiscal impide hacer ajustes salariales por costo de vida mientras el endeudamiento sea superior al 60% del PIB.

En las respuestas enviadas a este medio, el asesor Marco Solera sostuvo que no se trataba de un ajuste por costo de vida sino que “la propuesta busca revalorizar el salario base de ministros y viceministros. Se pretende, al mismo tiempo, compensar la falta de ajustes salariales que han tenido los salarios base de estas posiciones desde 2012, a la vez que procura equiparar la compensación salarial anual de los jerarcas del Gobierno Central, a los otros cargos dentro del sector público costarricense”.

El economista José Luis Arce explicó que si Hacienda pretendía “llevar la brecha de compresión salarial al nivel del 2012 -cuando se congelaron esos salarios- hubiese bastado un ajuste equivalente al aumento de costo de vida que fue como 30 o 33%”.

No obstante, el ajuste “va más allá”, según analizó Arce. “Entró a jugar otro factor que fue querer subir los salarios de ministros a niveles similares a los de puestos equivalentes en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en el sector público costarricense. Entonces la brecha salarial se amplió mucho más de lo que estaba en el 2012. No queda claro si ese era un objetivo justificado técnicamente”, indicó el economista tras analizar la nota técnica elaborada por el asesor de Hacienda.

 

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