En resumen: El plan de gobierno del Partido Liberación Nacional (PLN) indica que el cultivo de piña en Costa Rica tiene “regulaciones ambientales excesivas”. El partido no ofrece evidencia que justifique esa crítica ni menciona cuáles son las regulaciones que consideran excesivas.
Esa afirmación puntual del PLN es una opinión presentada como una «política sectorial de apoyo» al sector piñero. Doble Check no analiza opiniones; solo hechos y datos. Sin embargo, el fundamento de esas opiniones sí puede estar sujeto a verificación.
Doble Check solicitó a la campaña del PLN el sustento de su crítica sobre las regulaciones ambientales en el sector piñero. La vocera de prensa de la campaña mencionó desde inicios de marzo que ya contaba con una respuesta pero no la facilitó.
En contraste, existe evidencia documental de que las plantaciones de ese monocultivo se han expandido por la omisión estatal en el cumplimiento de las normas existentes.
Esa es la conclusión de uno de los estudios base para el informe Estado de la Nación del 2016, que analizó las áreas de cultivo de piña en tres cantones de la Zona Norte del país. Una de las autoras de ese estudio recalcó a Doble Check que “la expansión piñera no pudo haberse expandido como lo ha hecho en esa región de no haber sido por la omisión del Estado”.
Informes de fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR) de la última década han señalado vacíos en la gestión del Estado que han facilitado el incumplimiento de la normativa ambiental en general.
Debido a la falta de una explicación basada en evidencia del PLN, la crítica de su plan de gobierno es insostenible y Doble Check la marca con una equis.
¿Qué dice el plan de gobierno del PLN?
El plan de gobierno del Partido Liberación Nacional (PLN) y de su candidato presidencial, José María Figueres, describe una estrategia para “potenciar el desarrollo productivo y sostenible del sector agropecuario, de pesca y acuicultura”. El texto describe que un equipo de trabajo hizo un diagnóstico con actores del sector para proponer soluciones y “políticas sectoriales de apoyo”.
El plan de gobierno del PLN hace una lista de afirmaciones en la sección dedicada a la piña para las “políticas sectoriales de apoyo” de la página 117:
Doble Check le solicitó a la campaña de Liberación Nacional el fundamento de la opinión sobre las regulaciones ambientales para el cultivo de piña. Una vocera indicó que la campaña ya contaba con una respuesta a esa consulta pero no la compartió.
Contexto: la expansión por omisión estatal
Las fuentes documentadas que revisó Doble Check señalan que el Estado ha sido omiso en la aplicación y vigilancia de los instrumentos regulatorios en territorios dedicados a la piña.
Así lo concluyó “La expansión por omisión: Territorios piñeros en los cantones Los Chiles, Upala y Guatuso (2004-2015)”, un estudio realizado para el informe Estado de la Nación del 2016, publicado por el Programa Estado de la Nación (PEN).
El estudio revisó la cantidad de hectáreas dedicadas a la piña según la Secretaría Técnica Nacional (SETENA) y la comparó con mapas elaborados en conjunto con las comunidades de la región por medio de una metodología llamada “cartografía participativa”. Ese cálculo mostró que el área utilizada para el cultivo de piña era mayor que en los registros de SETENA.
“La expansión piñera no pudo haberse expandido como lo ha hecho en esa región de no haber sido por la omisión del Estado”, afirmó a Doble Check Karina Valverde Salas, socióloga que participó en el estudio.
La investigación señaló una correlación entre el desarrollo de monocultivos y las zonas rurales más empobrecidas económicamente. Ese contexto ha sido propiciado por la necesidad de empleo y por el abandono de los servicios y la regulación estatales.
El estudio también advirtió la falta de un registro claro y fiable sobre la extensión de piña sembrada a escala nacional y la falta de datos para comprobar las afectaciones en el ambiente de esa forma de producción.
“Para esta investigación se llegó a constatar que existe una falta de datos técnicos que permitan comprobar las afectaciones que está provocando esta forma de producción en el ambiente y sus distintas relaciones con las personas. Esto lleva a concluir que existe una omisión del Estado de dar respuesta a las distintas demandas que realizan las personas”, concluyó el proyecto.
Una investigación posterior del PEN advirtió en el 2019 que en Costa Rica había 78 “zonas de conflicto” entre plantaciones de piña y Áreas Silvestres Protegidas. La investigación recalcó la existencia de un conflicto espacial de áreas de cultivos de piña con ecosistemas de humedal, principalmente en la Zona Norte del país. El análisis recalcó que la cobertura total de cultivos de piña creció 400% entre 2000 y 2017: Costa Rica pasó de 13.304 hectáreas a más de 66.000 hectáreas de piña en ese periodo.
Contraloría ha señalado debilidades de vigilancia
Distintas instituciones públicas están a cargo de hacer valer las regulaciones ambientales en general. Por ejemplo, la SETENA se encarga de solicitar estudios de impacto ambiental a los proyectos piñeros. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) tiene a cargo las regulaciones sobre Áreas Silvestres Protegidas.
Karina Valverde recalcó la pertinencia de otras instancias como las municipalidades –que se encargan de autorizar los usos de suelo y los planes reguladores– y el Tribunal Ambiental Administrativo.
“La cantidad de denuncias que hay en el Tribunal Ambiental Administrativo vinculado al tema de piña son un montón y no han sido atendidas desde hace años. Cuando habíamos preguntado es porque ‘no tenemos capacidad, recurso humano, para atender todas las denuncias’”, afirmó Valverde.
Dos informes de fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR) del 2013 y 2014 mencionan omisiones del Estado que facilitan el incumplimiento de la normativa ambiental existente.
En 2013, el informe DFOE-AE-IF-01-2013 sobre la eficacia del Estado para garantizar la calidad del agua en sus diferentes usos halló que faltaba un mecanismo para controlar la contaminación del agua por fuentes difusas. La CGR halló que la exposición de cuerpos de agua a contaminación por metales proviene, en parte, del arrastre de contaminación difusa agrícola.
El informe describe un caso en que la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) otorgó entre 2010 y 2011 el permiso de vertido a una planta empacadora de piña cuyo sistema de tratamiento sobrepasaba los límites indicados en el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. «En los expedientes de estos casos, no consta el sustento jurídico del permiso, ni evidencia de coordinación con el Ministerio de Salud, para verificar lo actuado en relación con esto», menciona el informe.
El Informe DFOE-AE-IF-03-2014 sobre la sostenibilidad del recurso hídrico identificó brechas en la capacidad institucional para atender procesos de participación ciudadana. El documento de Contraloría también señaló que los mecanismos para prevenir la sobreexplotación del recurso hídrico son insuficientes, que existe una limitada investigación y que hay limitaciones en los instrumentos de protección de los ecosistemas acuáticos, por ejemplo.
Doble Check no halló informes de la Contraloría más recientes relacionados directamente con el cultivo de piña. La Contraloría respondió a Doble Check que esa institución “no ha efectuado auditorías tan específicas acerca del cumplimiento de regulaciones aplicables al cultivo de piña (lo que resulta función sustantiva de las entidades a cargo)”.