La ministra Fiorella Salazar presentó un recurso de habeas corpus en contra de las órdenes del Juzgado de Ejecución de la Pena que impiden usar lugares como gimnasios o aulas para aislar a personas presas
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La ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas, defenderá ante la Sala Constitucional el uso de espacios como el gimnasio de la Unidad de Atención Integral (UAI) Reynaldo Villalobos para aislar a privados de libertad durante la pandemia.

Lo anterior a pesar de que, el pasado 27 de agosto, el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela ordenó abrir una investigación penal contra la ministra y contra la viceministra de esa cartera, Viviana Boza Chacón, por desobedecer reiteradamente la orden de cierre técnico de la UAI, la cual estaba vigente desde junio del 2019.

En lugar de ejecutar el cierre, Justicia más bien ingresó a más privados de libertad, incluso en el gimnasio del centro. Por ello, el juez pidió investigarlas por los delitos de desobediencia a la autoridad, incumplimiento de deberes y falso testimonio.

Posteriormente, la jerarca de Justicia y el viceministro de Salud, Pedro González, presentaron un recurso de habeas corpus en contra de las órdenes del Juzgado de Ejecución de la Pena, con el fin de poder emplear esos espacios para aislamiento. Mañana 28 de setiembre, la Sala Constitucional realizará una audiencia virtual para escuchar a las partes sobre este tema.

En entrevista con Interferencia de Radioemisoras de la UCR, Salazar argumentó que el sistema penitenciario se vio en la obligación de identificar espacios que pudieran funcionar para aislar a los privados y transitar el periodo de recuperación en caso de que una persona se contagie o sea un caso sospechoso.

Indicó que el gimnasio se utilizaría para que los nuevos privados de libertad de varios centros pasaran su aislamiento de 14 días, antes de ser trasladados al centro penitenciario correspondiente.

“Es realmente una medida que ha dado frutos. No hemos tenido ningún contagio masivo en el sistema penitenciario, pasaron cuatro meses desde que llegó el virus al país hasta que llegó a los centros penitenciarios. El tema del aislamiento es importante y hay que buscarle un espacio”, argumentó la ministra.

Según la ministra Salazar, en la audiencia ante la Sala Constitucional no hablarán de la medida que tomó el juez, sino de los efectos de esta.

“Nosotros tenemos la fundamentación de los actos que hemos realizado y nos parece que hay un decreto de emergencia que faculta tomar decisiones extraordinarias y esta es justamente una de ellas”, expresó.

Sin embargo, la Defensa Pública ha argumentado que los espacios habilitados en el gimnasio “denigran la dignidad de la persona, puesto que no tienen condiciones básicas, y lo que se hace es prolongar su estadía en espacios limitados sin contar con condiciones mínimas, evidenciándose así que no ha existido una responsabilidad de ‘implementar y ejecutar medidas pertinentes y efectivas’ para evitar una prolongada estadía en dichos espacios”.

De hecho, el pasado 31 de agosto, también en entrevista con Interferencia, el defensor público Danicio Fernández explicó que la Defensa Pública se ha opuesto a estas medidas de Justicia porque deben prevalecer los derechos de la población privada de libertad.

Según explicó Fernández, el hacinamiento y el uso de espacios como el gimnasio para recluir a personas distorsiona el propósito de las UAI, que fueron creadas como cárceles modelo con el fin de resocializar a las personas privadas de libertad en un espacio con condiciones dignas, libres de violencia, de drogas y con posibilidad de trabajo.

¿Más salidas para desahogar prisiones?

En días recientes, jueces de Ejecución de la Pena instaron al Ministerio de Justicia a realizar valoraciones extraordinarias para desahogar las prisiones.

Con las valoraciones extraordinarias las personas privadas de libertad pueden tener beneficios como pasar a un régimen semiinstitucional, en el cual pasan algunos días en libertad.

En la entrevista, la ministra de Justicia indicó que en los últimos dos años se han hecho aproximadamente 3.000 valoraciones tanto ordinarias como extraordinarias. En total, de estas valoraciones, aproximadamente 1.900 pasaron al régimen semiinstitucional.

Sin embargo, de esas 1.900 personas, solo 300 fueron trasladadas al régimen semiinstitucional en razón de tener factores de riesgo ante la pandemia.

La ministra indicó que las posibilidades de seguir desahogando el sistema penitenciario por esta vía aún no están cerradas, sin embargo, no sólo depende del estado de salud de la persona, sino también se consideran otras valoraciones técnicas, como valoraciones psicológicas o de trabajo social, por ejemplo.

“No es un tema de cantidad, es un tema de calidad. Pasan las personas que por mérito se lo han ganado”, manifestó.

Según ella, la falta de infraestructura y el aumento de leyes privativas de libertad son las principales variables que han causado el hacinamiento carcelario en el país.

“Nosotros hicimos una revisión y nos dimos cuenta que por lo menos en los últimos 10 años se han aprobado unas 26 leyes nuevas relacionadas con penas privativas de libertad y había crecido la población penitenciaria en un 80%, no así la infraestructura y los recursos que se asignan para el sistema penitenciario”, especificó.

A pesar de que, según Justicia y Paz, en los últimos dos años se han creado 3.170 espacios penitenciarios, se pronostica que de aquí a ocho años la población penitenciaria crezca en 10.000 personas.

En noviembre se espera que esté listo para abrir el nuevo centro penitenciario llamado Terrazas, ubicado en San Rafael de Alajuela.

Escuche la entrevista completa con la ministra en: