Los empresarios Carlos Cerdas Araya (dueño de Meco) y Mélida Solís Vargas (de H. Solís) deberán cumplir cuatro meses de prisión preventiva luego de que, este lunes, el Tribunal Penal de Goicoechea anulara las fianzas de $5 y $3 millones que previamente dictó un juzgado, en el caso conocido como Cochinilla.
La resolución del juez Hugo Porter señala que las cauciones, y las otras medidas cautelares como entrega de pasaporte, no acercarse a aeropuertos y mantener domicilio fijo, son «inidóneas para resguardar los
intereses del proceso».
Por tal razón queda «vigente la medida de prisión preventiva», indica la resolución, en la cual se resolvieron una treintena de recursos.
«Para resolver este reclamo, se sopesaron elementos objetivos e incuestionados del sumario, por ejemplo: las condiciones socioeconómicas de las personas investigadas; las posibles penas a imponer en casos de que sea demostrada la hipótesis del Ministerio Público (penas en abstracto, previstas por los delitos que se les atribuye a cada investigado); la posición ostentada en la estructura y plan criminal; así como la magnitud del daño, desde la perspectiva del posible o presunto beneficio económico que se le atribuye por la Fiscalía a esta organización criminal y su correlativo perjuicio al erario público y a la función administrativa del Estado», informó el Poder Judicial en un comunicado.
El 26 de junio, el Juzgado Penal de Goicoechea ordenó la prisión preventiva para estas personas, pero subsidiariamente permitió el pago de garantías económicas, es decir, fianzas para evitar la cárcel. Esta medida subsidiaria es la que ahora es anulada por el juez del Tribunal Penal tras conocer un recurso presentado por la Fiscalía.
El juez indicó en su resolución que los abogados defensores no apelaron en absoluto lo resuelto en cuanto a esos dos empresarios, es decir, no apelaron la prisión preventiva, por cuanto al declararse inidóneas las cauciones, la medida de cárcel quedó vigente de manera automática.
Interferencia intentó contactar a varios de estos abogados, pero no respondieron a sus teléfonos celulares.
Para aquellas otras personas a las cuales no se les dictó prisión preventiva de previo el Tribunal Penal mantuvo lo resuelto.
Para un funcionario del Ministerio de Hacienda, de apellidos Zamora Ulloa, el Tribunal le cambió la medida de suspensión del cargo por asignación de otro puesto en el Ministerio.
El Tribunal mantuvo todas las medidas por un plazo de cuatro meses.