Luego de que un defensor público alegara ante un juzgado discriminación contra la población privada de libertad, la Comisión de Vacunación se reunió en una sesión extraordinaria para “aclarar” el tema.
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La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) -adscrita al Ministerio de Salud- rectificó que la población adulta mayor privada de libertad debe ser vacunada contra la COVID-19 como parte del segundo grupo de prioridad, luego de que, inicialmente, a esta población solo se le había tomado en cuenta en el cuarto y último grupo de vacunación, sin especificar qué ocurría con quienes son adultos mayores o tienen factores de riesgo.
La aclaración de la CNVE se dio el pasado martes 2 de marzo en una sesión extraordinaria, solo dos días hábiles después de que el defensor público de la Unidad de Ejecución de la Pena de Alajuela, Danicio Fernández Berrocal, presentó un incidente de queja ante el Juzgado, alegando un trato discriminatorio y diferenciado hacia privados de libertad del del Centro de Atención Institucional Adulto Mayor (CAI Adulto Mayor), donde están personas de más de 65 años.
Según el argumento del defensor, las personas adultas mayores privadas de libertad debían considerarse en el grupo 1 porque, en su criterio, se encuentran en un centro de “larga estancia” donde cumplen una pena.
Los centros de larga estancia, donde residen personas adultas mayores, fueron los primeros lugares de vacunación en el país.
“Se hace un trato discriminatorio y diferenciado, ubicando a las personas adultas mayores ubicadas en dicho centro institucional, dentro del cuarto grupo de vacunación, sin existir una razón legal, constitucional ni convencional para aplicar dicha diferenciación”, alegó el defensor en su recurso legal.
El viernes 26 de febrero el Juzgado pidió cuentas a Salud, a la Comisión de Vacunación y otras entidades relacionadas con el tema como al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) y al Ministerio de Justicia y Paz.
El martes 2 de marzo, en la sesión extraordinaria de la CNVE, se acordó aclarar que “a pesar de que la CNVE aprobó los grupos de riesgo, y se indicó que la población privada de libertad está en el grupo 4, es claro que al haber personas del grupo 2 que son privadas de libertad, se deben vacunar de manera prioritaria en comparación con los otros privados de libertad menores de 58 años; y aplica lo mismo para privados de libertad entre 18 y 58 años que tienen alguna enfermedad crónica (por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes mellitus, entre otras)”.
De hecho, un día después, el 3 de marzo, ya se estaban aplicando las primeras vacunas en el CAI Adulto Mayor.
La viceministra de Justicia, Diana Posada, dijo a Interferencia que les avisaron que se presentarían a vacunar entre 24 y 48 horas de antelación.
El 4 de marzo, al responder al Juzgado de Ejecución de la Pena, el ministro de Salud, Daniel Salas, indicó que la CNVE ya había aclarado el asunto.
Al 10 de marzo, la totalidad de la población del CAI Adulta Mayor (134 personas) había sido vacunada, según confirmó el Ministerio de Justicia.
¿Qué pasa en otros centros?
Según los datos proporcionados por el Ministerio de Justicia, el total de personas privadas de libertad mayores de 58 años es de 1.023, distribuidas por centro de la siguiente manera:
| CAI Jorge Arturo Montero Castro | 183 |
| CAI Adulto Mayor | 134 |
| Unidad Mecanismo Electrónico | 110 |
| CAI Antonio Bastida de Paz | 81 |
| CAI Liberia | 79 |
| CAI 26 de Julio | 52 |
| UAI 20 Diciembre 1979 | 50 |
| CAI Jorge de Bravo | 49 |
| CAI Nelson Mandela | 46 |
| CAI Luis Paulino Mora Mora | 45 |
| UAI Reynaldo Villalobos | 40 |
| CAI Limón | 35 |
| CAI Gerardo Rodríguez E. | 33 |
| CAI Carlos Luis Fallas | 29 |
| UAI Pabru Presberi | 22 |
| CAI Vilma Curling Rivera | 17 |
| CAI San José | 15 |
| CaI San Agustin | 3 |
| Centro Nacional de Atención Específica | 1 |
| Total | 1023 |
Tras el incidente de queja presentado por el defensor Fernández, otras personas defensoras públicas empezaron a solicitar a través de medidas correctivas, la vacunación de las personas privadas de libertad mayores de 58 años y adultas mayores.
Las medidas correctivas se presentaron en los Juzgados de Ejecución de la Pena de San José, Puntarenas, Pococí, Liberia, Cartago, Pérez Zeledón y el día de hoy se procederá a presentar otra en la provincia de Limón, detalló Laura Arias Guillén, defensora pública coordinadora de Ejecución de la Pena.
Estas gestiones se interpusieron los días 4 y 8 de marzo. Actualmente, la gestión se encuentra en plazo de rendición de informes por parte del Ministerio de Justicia y Paz, la Jefatura Nacional de Servicios de Salud del Sistema Penitenciarios y de la Dirección General de Adaptación Social.
La viceministra de Justicia, Diana Posada, dijo a Interferencia que la Caja aún no ha avisado al área de salud del Ministerio de Justicia cuándo se procederá con la vacunación del resto de personas adultas mayores privadas de libertad que se ubican distribuidas en los distintos centros penitenciarios del país.
Interferencia consultó a la Caja, quien es el ente encargado de la campaña de vacunación, pero al cierre de esta nota no se tuvo una respuesta.
