El Consejo Nacional de Rectores (Conare), conformado por rectores las cinco universidades públicas del país, se comprometió este lunes a tener, en el plazo de un año, una propuesta de reforma al régimen de empleo universitario que incluya cambios en los esquemas salariales.

La promesa quedó plasmada en un acuerdo firmado por Gustavo Gutiérrez, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR); Francisco González, rector de la Universidad Nacional (UNA); Luis Paulino Méndez, rector de Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR); Rodrigo Arias, rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y Emmanuel González, rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN).

“Reconocemos que hay la necesidad de analizar las estructuras salariales para revisar la sostenibilidad”, dijo Francisco González, quien leyó el acuerdo.

Precisamente, más temprano este lunes la UCR envió un comunicado de prensa indicando que es “urgente” un replanteamiento completo de la escala salarial y que no es aceptable que se gane más por antigüedad que por méritos.

Según el documento firmado hoy por el grupo de rectores, se conformará una comisión integrada por cuatro representantes de cada una de las universidades, la cual enviará al Conare la propuesta en el plazo de un año.

González indicó que habrá personas de distintas áreas, especialistas en temas jurídicos y de recursos humanos, por ejemplo.

Los rectores aseguraron que se dará prioridad al análisis de los sistemas de empleo universitario para “garantizar su racionalidad sustantiva y proporcionalidad para asegurar la sostenibilidad financiera”.

Además, que ese régimen de empleo universitario buscará fortalecer la inversión en “la docencia, las becas, la vida estudiantil, la investigación y la extensión social universitarias, preservando la esencia y la autonomía universitaria y su sostenibilidad financiera en el corto, mediano y largo plazo”.

El acuerdo se da en respuesta al proyecto de ley de Empleo Público, sobre el cual el Gobierno y diputados consideran que se debe incorporar a las universidades públicas.

Mientras que las instituciones de educación superior sostienen que esto sería una violación a la autonomía universitaria establecida en la Constitución Política e insisten en que hay voluntad de hacer cambios pero desde las propias universidades.

En la actividad en que se dio la firma del acuerdo también estuvieron presentes representantes de sindicatos.

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