David Chavarría Hernández | davidchavarriahernandez@gmail.com | Interferencia
“Me dicen que usted no va a firmar el contrato de servicios mercantiles. Es nada más para que me confirme entonces yo hablar con los demás grupos, para sacarlo de Facebook y de los grupos de Whatsapp de todo el país, para informarles que entonces usted ya no va a trabajar para nosotros, para saber nada más, que me confirme porfa (sic)”.
Así fue como el administrador del Instituto COSVIC en la provincia de Limón, Jeison López, despidió por mensaje de Whatsapp a José Villalta, un colaborador en el área de ventas de esa institución que se negó a firmar un contrato de servicios profesionales que la empresa le ofreció para que pudiera solicitar el subsidio del Plan Proteger.
Hasta entonces, Villalta llevaba dos años de trabajar para el Instituto COSVIC sin un contrato formal. Así lo indicó él en una entrevista con Interferencia. El hombre de 56 años era gerente de ventas del Instituto en la provincia caribeña.
Los trabajadores le habían solicitado a la empresa una carta donde se reconociera la caída en sus ingresos debido al cierre de centros educativos que ordenó el Ministerio de Salud por la pandemia de COVID-19. La intención de los trabajadores era emplear ese documento para optar por el subsidio del Plan Proteger, que el gobierno habilitó para personas afectadas por el nuevo coronavirus.
Sin embargo, a cambio de la carta, el centro de formación técnica exigió a sus colaboradores en ventas la firma de un contrato por servicios profesionales, supuestamente aplicable para el tiempo de servicio acumulado en la empresa.
Algunos de los trabajadores se negaron a firmar el nuevo contrato porque percibían que este cambiaba la relación laboral entre el instituto y sus colaboradores, y que exoneraba a la empresa de reconocer derechos laborales que no se habían garantizado hasta la fecha. La empresa, entonces, les comunicó su despido por medio de Whatsapp. Hasta la fecha, el Instituto no ha brindado una carta de cese de funciones.
De ese modo, Villalta quedó en un limbo donde carecen de alguna manera de certificar su relación laboral para optar por el Plan Proteger, que ahora necesita para subsistir.
Interferencia habló con un grupo de empleados del Instituto COSVIC de la provincia de caribeña que fueron afectados por las medidas de la empresa. Hasta la fecha, Interferencia confirmó el despido de dos empleados por haberse negado a las condiciones exigidas por la empresa para acceder a los subsidios estatales, y 35 vendedores más corren el mismo riesgo.
Algunos de esos trabajadores revelaron sus nombres completos; otros prefirieron brindar sus testimonios bajo condición de anonimato.
NEBULOSA RELACIÓN
El Instituto COSVIC es un centro de capacitación técnica que opera desde hace más de 30 años con unas 20 sedes en todo el país. La empresa cuenta con un área de ventas en cada sede para promocionar sus cursos. En este departamento, la gran mayoría de colaboradores perciben ingresos por comisión. Es decir: se les paga un bono por cada matrícula que consigan al instituto.
El administrador de las sedes en Limón, Jeison López, afirmó a Interferencia que todos los colaboradores del área de ventas tienen contratos firmados por servicios profesionales. “Ellos trabajan por servicios profesionales; muchos de ellos trabajan para nosotros y otras empresas”, aseguró.
“Ellos no tienen horario; se van y vienen cuando quieren. Todo se ha hecho de acuerdo a lo que la ley dice”, justificó López.
Interferencia conversó por primera vez con López el pasado 13 de abril. En ese momento, los vendedores de COSVIC no habían sido despedidos, sino que estaban a la espera de la carta solicitada a la empresa para el bono de Proteger.
Sin embargo, Alexis García, gerente de ventas de COSVIC desde hace siete años en la provincia de Limón, contradijo esa justificación. Según García, la empresa solo tiene “acuerdos verbales” con sus empleados.
Aunque los acuerdos verbales son legales no son recomendables, el Ministerio de Trabajo señaló a Interferencia que en derecho laboral aplica el denominado “contrato realidad”.
Lo que en palabras sencillas sería: “Olvidarse de lo que diga el papel para hacerle caso a lo que sucede en realidad”. Así lo precisó, Alfonso Carro, abogado especialista en derecho laboral asociado a la firma Central Law Costa Rica. El abogado fue consultado por Interferencia para interpretar la legislación laboral existente sin opinar del caso específico.
Carro agregó: “Los derechos laborales están por encima de las formas, es decir de lo que se ponga en un papel”, el especialista añadió qué aunque no haya un documento, legalmente hay una presunción de la existencia de un contrato laboral.
“La forma que tiene el empleador de refutar esa presunción es por medio de un contrato que diga otra cosa, o por medio de prueba que debe aportar. Es el empleador al que le toca decir por qué no hay un contrato laboral sino por servicios profesionales”, explicó Carro.
Los gerentes de ventas –como García y Villalta– tenían a cargo la coordinación de un grupo de vendedores. García aseguró ser uno de los pocos trabajadores de ventas con ingresos fijos sufragados por la empresa. García dijo que recibía ₡180.000 mensuales por parte del Instituto. A eso, debía sumar las comisiones por ventas semanales.
García también fue despedido por el COSVIC tras negarse a firmar un contrato por servicios profesionales a cambio de la carta solicitada para acceder a los bonos de Proteger.
El resto de vendedores de COSVIC consultados por Interferencia reconoció que su ingreso depende completamente de la comisión de ventas que realicen. Cada semana, la empresa les transfiere a sus colaboradores el monto acumulado por cada nuevo estudiante que ingrese.
Los trabajadores afirmaron que reciben cerca de ₡20.000 por cada matrícula vendida. De ese monto, el instituto rebaja ₡3.000 para pautar publicidad de los cursos en redes sociales. “Para mí eso es una retención ilegal”, reconoció José Villalta.
La empresa tampoco paga el seguro ni reconoce a sus colaboradores en ventas las cargas sociales establecidas en la ley, denunciaron los trabajadores. “Me han dado seguro unos meses para una atención médica y luego me lo quitan”, denunció anónimamente otro colaborador de COSVIC. Él afirmó que, en el mejor de los casos, el seguro lo reciben “cuando ellos [los dueños] quieren”.
“Es una empresa que nos está explotando”, manifestó José Villalta. “Al momento de la crisis, ahora vemos cómo nos dan la espalda”, dijo el vendedor.
Villalta aseguró que, a pesar de no contar con un salario fijo ni con el reconocimiento de sus derechos laborales, todos los vendedores cumplen un horario de trabajo en una oficina ubicada en una de las sedes del instituto y se mantiene una relación de subordinación con el instituto. “Yo tengo una oficina dentro de una empresa, una oficina que uso todos los días”, afirmó Villalta.
Los testimonios recopilados por Interferencia coinciden en que los trabajadores asisten a la oficina con regularidad entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, de lunes a sábados. “Si uno no va lo que hacen es que lo reemplazan”, denunció anónimamente otro trabajador afectado.
El abogado especializado en derecho laboral, Alfonso Carro, explicó a Interferencia que el pago de una remuneración, la subordinación y la existencia de un horario son señalados como parte de las condiciones necesarias para declarar la existencia de un contrato laboral, distinto al mecanismo de contratación independiente por servicios profesionales.
“El horario es un indicio de que existe una relación laboral”, manifestó. Según el especialista, el patrono “está diciendo durante qué tiempo debe hacer el trabajo”.
SEMANAS DE INCERTIDUMBRE
El Instituto COSVIC cerró hace un mes tras el decreto de emergencia nacional que ordenó la suspensión de lecciones en centros públicos y privados. Desde esa fecha, los trabajadores del área de ventas se quedaron sin ingresos. “Llevo un mes sin ver un colón”, afirmó José Villalta.
Antes de la emergencia provocada por el nuevo coronavirus, un colaborador podía vender hasta 40 cursos por mes. Ahora, un vendedor de COSVIC que prefirió mantener el anonimato aseguró que solamente recibió el pago de una matrícula durante el último mes. “Es como si nos hubieran dicho ‘a partir de hoy, juéguesela con el dinero que tiene en la bolsa quién sabe por cuánto tiempo’, y el dinero no da abasto”, manifestó.
Alexis García aseguró que trabajadores solicitaron a la empresa una ayuda económica para comprar alimentos y cancelar los gastos básicos hasta la reapertura del instituto. No obstante, el administrador de las sedes de COSVIC en la provincia de Limón, Jeison López, alegó a Interferencia que “ahorita no hay ninguna ayuda que podamos darles, porque hasta nosotros mismos nos hemos visto afectados”.
La empresa propuso a sus vendedores la venta de cursos virtuales. Aún así, el mismo López reconoció que las ventas de esta nueva modalidad son bajas. Además, los trabajadores tienen que cubrir todos sus gastos operativos para seguir ofreciendo los cursos de la institución.
“Ahorita nadie nos está ayudando a pagar los planes de telefonía y sin eso no podemos trabajar”, aseguró uno de los colaboradores a Interferencia.
El Ministerio de Trabajo confirmó a Interferencia que, luego del cierre de las instalaciones, la empresa solicitó a esa cartera la suspensión temporal de algunos de los contratos pero no en todas sus sedes. “Aparecen varias solicitudes de reducción de jornadas laborales en San José, Cartago, Alajuela, Liberia y Cañas”, señaló el Ministerio a Interferencia por medio de su área de comunicación.
Jeison López justificó que ya enviaron la solicitud de suspensión temporal de contratos de algunos de sus trabajadores en el área administrativa en las sedes de Limón, pero que aún están a la espera de la respuesta del Ministerio de Trabajo.
Ante la falta de ingresos de las últimas semanas, un grupo de vendedores de COSVIC buscó acceder a las ayudas económicas que brinda el bono Proteger, para lo cual necesitaban una certificación de la empresa. A cambio del documento, el instituto solicitó la firma de un contrato por servicios profesionales a sus colaboradores en ventas.
En contraste, la empresa decidió no continuar la relación con los trabajadores que se negaron a firmar el contrato por servicios profesionales. Así lo denunciaron los colaboradores que conversaron con Interferencia.
En una segunda entrevista realizada el 18 de abril, el administrador de COSVIC en la zona de Limón, Jeison López, negó las acusaciones de los colaboradores. “No sé de qué me habla”, afirmó López por vía telefónica.
“A nadie se le ha pedido nada, ahorita estamos en stand-by, a cero todo. No sé a qué tema se refieren ellos”, manifestó López. “Ellos ya tienen sus contratos por servicios profesionales y todo sigue igual”, añadió.
¿QUÉ DICE EL NUEVO CONTRATO?
El nuevo contrato de COSVIC, que revisó Interferencia, plantea que los vendedores ganarán las comisiones por las matrículas que consigan para el instituto. La empresa elimina la retención de ₡3.000 por venta y deja en manos de cada trabajador el pago de publicidad para aumentar las ganancias. Aún así, el documento establece que cada colaborador debe realizar un mínimo de 20 ventas mensuales o la empresa podría rescindir el acuerdo.
Uno de los cambios más significativos que incorpora el contrato es que el centro de estudios le cobrará “un monto simbólico” de alquiler mensual por ₡100.000 a cada vendedor para utilizar la oficina que hasta la fecha COSVIC brindaba gratuitamente a sus colaboradores en ventas. La empresa además estableció multa de ₡250.000 por cada mes en que el trabajador haya dado mal aprovechamiento al espacio físico.
En el documento no queda claro qué sucede con los años ya laboradores por los vendedores, ni señala un plazo de finalización del acuerdo. Aún así, el borrador del contrato indica en su parte inferior que el documento solo podría haberse emitido en una fecha anterior al 2020.
Es por ello que José Villalta no firmó el contrato. “Si lo firmo, pierdo mis derechos”, dijo Villalta. “Me deben dos años de vacaciones y aguinaldo”, añadió. Alexis García opina igual, que el haber firmado el contrato hubiera implicado perder las pocas cuotas que le hacen falta para pensionarse, por lo tanto también se negó a suscribir el nuevo acuerdo.
El abogado Alfonso Carro advirtió que la ley establece que “independientemente si es un contrato laboral o por servicios profesionales, el plazo es solo para determinar el tipo de contrato, o sea por tiempo indefinido o plazo fijo”.
“Se presume que los contratos de trabajo son por tiempo indeterminado. Es decir, que tienen fecha de inicio pero no de fin”, manifestó el abogado.
Según los testimonios recopilados por Interferencia, el contrato se planteó de manera retroactiva, por todo el tiempo previamente laborado. “Nunca entregué una factura por servicios profesionales porque no me correspondía. A mí ellos me pagaban bonos y comisiones, yo firmaba como un libro donde ellos luego me daban el dinero que había ganado”, alegó Villalta.
“Después de dos años, ahora me van a pedir firmar un contrato” reclamó Villalta, quien dijo que lamenta la actitud de la empresa.
El especialista Alfonso Carro señaló “el papel puede decir que hemos tenido un contrato por servicios profesionales por 7 años, pero sí en la realidad ha sido un contrato laboral, entonces es un contrato laboral independientemente de lo qué diga el papel”.
José Villalta aseguró que la negativa de COSVIC a ayudar a sus trabajadores le dificulta acceder a los bonos económicos que brinda el Estado.
“Nos quitaron el derecho a pedir la ayuda”, dijo Villalta. Él afirmó que presentó la denuncia ante el Ministerio de Trabajo vía correo electrónico. No obstante, la investigación del caso deberá esperar debido a la propagación del nuevo coronavirus, reconoció la misma cartera de Trabajo.
